Una declaración de emergencia nacional de la era Trump sobre Hong Kong seguirá vigente mientras el régimen comunista chino continúe restringiendo las libertades de la ciudad, informó la administración Biden.
En un aviso del 10 de julio, el presidente Joe Biden informó al Congreso que renovará una orden de emergencia nacional para abordar la «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos derivada de la situación en Hong Kong.
El presidente indicó que Hong Kong ha perdido suficiente autonomía en los últimos cuatro años como para calificar para una relación comercial favorable con Estados Unidos.
«La situación respecto a Hong Kong, incluidas las recientes acciones tomadas por la República Popular China para socavar fundamentalmente la autonomía de Hong Kong, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen en gran parte fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos», dijo el presidente Biden.
Como resultado, Washington continuará imponiendo límites a las exportaciones de tecnología sensible a la ciudad, tratará a los titulares de pasaportes de Hong Kong de la misma manera que a los titulares de pasaportes chinos y asegurará que los productos importados producidos en Hong Kong tengan la etiqueta «Made in China».
El Decreto Ejecutivo 13936 fue originalmente firmado por el Presidente Donald Trump el 14 de julio de 2020, mientras Beijing comenzaba a suprimir protestas en las calles de Hong Kong contra una ley de seguridad nacional abrumadoramente impopular.
Esta ley, introducida como parte de la agenda del Partido Comunista Chino (PCCh) para acelerar su asimilación autoritaria de Hong Kong, otorga al régimen chino amplios poderes para iniciar y controlar procesos judiciales contra disidentes. En nombre de «salvaguardar la seguridad nacional», la ley permite la suspensión de derechos procesales clave, incluido el derecho a un juicio público por jurado, cuando Beijing considera actos de secesión o subversión del poder estatal.
Al mismo tiempo, permite la expulsión de extranjeros bajo la mera sospecha de violar la ley.
En respuesta a la deterioración de las libertades en Hong Kong, el presidente Trump declaró en su orden ejecutiva que la ciudad ya no será tratada de manera diferente a China como entidad separada, y por lo tanto perderá los privilegios especiales que había disfrutado durante décadas.
«Hong Kong ya no merece tratamiento bajo la ley de Estados Unidos de la misma manera que las leyes de Estados Unidos se aplicaron a Hong Kong antes del 1 de julio de 1997», declaró, refiriéndose a cuando Gran Bretaña devolvió el control de Hong Kong a China tras un arrendamiento de 99 años sobre el territorio.
La renovación del decreto por parte del presidente Biden llevó al régimen del PCCh a denunciar la «interferencia» de Washington en su gobierno de la ciudad.
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