El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, remarcó este miércoles el «empeoramiento» de la crisis política y social en Birmania desatada a raíz del golpe de Estado de febrero y señaló que estudian «medidas» adicionales para presionar a la junta golpista, durante su visita a Malasia.
El representante estadounidense calificó de «horrenda» la violencia ejercida por los militares contra la población tras la toma de poder, y que ya ha dejado 1339 muertos, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos en Birmania.
«Han pasado diez meses del golpe militar y la crisis solo empeora. Condenamos la horrenda violencia de los militares, además de tomar medidas para presionar a la junta (…) Será importante en las próximas semanas estudiar medidas adicionales, ya sean individuales o colectivas, para presionar al régimen», apuntó Blinken.
El golpe de Estado del 1 de febrero ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Genocidio
«Observamos atentamente lo que se está haciendo en Birmania y si esto pueden constituir genocidio, es algo que estamos mirando de manera muy activa», apuntó Blinken, al ser preguntado por la minoría musulmana rohinyá durante una rueda de prensa jalonado por el ministro malasio de Exteriores, Saifuddin Abdullah.
La Corte Penal Internacional en la Haya analiza, desde antes del golpe de Estado, la acusación de genocidio presentada contra los militares birmanos por el operativo militar lanzado en 2017 en el occidental estado Arakán y que provocó la huida a Bangladesh de más de 720,000 personas de la minoría rohinya.
Expertos de Naciones Unidas catalogaron de «limpieza étnica con marcas de genocidio» la campaña castrense, en la que según cifras conservadoras de la ONG Médicos Sin Fronteras murieron más de 10,000 rohinyas.
Blinken defendió hoy la hoja de ruta para zanjar la crisis compuesta por 5 consensos alcanzados en abril por los líderes de los países del Sudeste Asiático y el general birmano Min Aung Hlaing, que incluye el fin de la violencia contra civiles y la liberación de los políticos detenidos, entre ellos Aung San Suu Kyi.
A pesar de este compromiso, la junta birmana ha efectuado los puntos acordados para avanzar al respecto, según denunciaron en octubre algunos Gobiernos de la región.
El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto reunirse en enero con sus homólogos de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye a Birmania, mientras que los ministros de Exteriores del bloque decidirán antes sobre la inclusión del líder golpista en la cita que tendrá lugar en Washington.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
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