Comentario
En Brasil, algunos jueces tienen objetivos políticos muy ambiciosos y toman decisiones en consecuencia.
El actual presidente de la Corte Suprema Electoral es Alexandre de Moraes. Fue elegido como presidente del tribunal electoral en agosto, en una ceremonia pública con 2000 invitados en el auditorio del tribunal. Fue miembro del Partido Socialdemócrata Brasileño antes de ser nombrado magistrado de la Corte Suprema Federal de la nación el 22 de febrero de 2017.
Antes de ser nominado al máximo tribunal de la nación, según reportó el diario francés Le Monde, estuvo en el centro de una controversia cuando el diario Estadão publicó una investigación que mostraba que había intervenido como abogado en al menos 123 casos judiciales para defender a una corporación que, según algunos, es sospechosa de estar vinculada al principal grupo de narcotráfico de Brasil, el Primeiro Comando da Capital.
Moraes, que ahora es el máximo funcionario electoral de Brasil y responsable de supervisar las elecciones presidenciales, ha emitido numerosas «decisiones monocráticas» contra la «desinformación», además de enviar a la cárcel a algunos amigos y partidarios del presidente Jair Bolsonaro, confiscando sus dispositivos electrónicos y congelando sus cuentas bancarias.
El 18 de marzo, por ejemplo, Moraes ordenó la suspensión en todo el país de la app de mensajería Telegram. El fallo se produjo después de que Telegram ignorara una orden anterior de bloquear la cuenta de Allan dos Santos, un partidario de Bolsonaro acusado de difundir «desinformación». Anteriormente había emitido una orden de arresto contra Santos en octubre.
En su decisión de suspender Telegram en todo el país, Moraes menciona que no ha eliminado el contenido «engañoso» de la propia página de Telegram de Bolsonaro. Como se informó, no solo ordenó el cierre de la app de mensajes en todo el país, sino que también ordenó a Apple y Google introducir «obstáculos tecnológicos» para bloquear Telegram en sus sistemas operativos y retirarlo de sus tiendas digitales en Brasil.
Bolsonaro, que busca la reelección en octubre, confía en Telegram para llegar a su base de votantes. Tiene más de un millón de seguidores en la plataforma y esto podría resultar crucial para su campaña electoral.
«Decisiones autoritarias»
El 19 de marzo, durante el popular programa de televisión «Os Pingos nos Is» de Jovem Pam, el periodista Augusto Nunes acusó a Moraes de cometer varias ilegalidades, entre ellas el abuso de autoridad y la violación de una cláusula pétrea de la Constitución brasileña que hace de la libertad de expresión un derecho inalienable del ciudadano.
Nunes también criticó el silencio de los políticos sobre las «decisiones» de Moraes, incluida la prohibición de Telegram en todo el país.
«Es hora de exigir que los senadores y los jueces sean esposados por su cobardía. Y los nombrados por el presidente Jair Bolsonaro tienen que explicar hasta cuándo va a durar este silencio cobarde que han mantenido ante la arrogancia», dijo.
El 27 de mayo de 2020, el juez Moraes, que se había convertido en el máximo responsable electoral del país, ordenó a la policía federal que lanzara una operación para investigar a empresarios, blogueros y políticos aliados de Bolsonaro. En la decisión que autorizó la operación, también determinó el bloqueo de todas sus cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Según él, la decisión monocrática es necesaria para interrumpir la «desinformación» y las «noticias falsas».
La investigación sobre la «desinformación» llevada a cabo por Moraes se refiere, de forma más general, a la difusión de información sobre la transparencia de las máquinas de voto electrónico y la credibilidad de la comisión electoral brasileña, que en realidad está dirigida por el propio Moraes.
Filipe Martins, asesor especial de la presidencia de la República para asuntos internacionales, comentó que «los periodistas, los humoristas y los ciudadanos de a pie que actúan de forma espontánea están siendo tratados como bandidos por atreverse a expresar opiniones que desagradan al establishment».
Bolsanaro no es el único objetivo
Entre los objetivos de las acciones policiales ordenadas por Moraes se encuentran el presidente nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, Roberto Jefferson, el empresario Luciano Hang y los diputados Douglas García, Gil Diniz, Carla Zambelli, Bia Kicis, Junio Amaral, Filipe Barros, Luiz Phillipe Orleans e Bragança y Daniel Silveira.
Uno de estos parlamentarios, Zambelli, dijo que «toda persona que respete la ley tiene la obligación de repudiar estos registros en el marco de una investigación ilegal e inconstitucional».
En la misma línea, otra diputada, Kicis, declaró: «Vivimos tiempos oscuros de ataque descarado a la democracia. No hay que olvidar a los que celebran los abusos de autoridad y los actos antidemocráticos del juez Alexandre de Moraes contra periodistas, humoristas, empresarios y cualquier otra persona común. Son cómplices de la dictadura. Nunca me he callado contra la tiranía ni contra los opositores».
El 23 de agosto, Moraes ordenó a la policía federal que ejecutara órdenes de registro en cinco estados, contra al menos ocho empresarios. Ordenó a la policía que hiciera redadas en sus domicilios, que accediera a sus cuentas bancarias y que suspendiera sus cuentas en las redes sociales. Estos ciudadanos están siendo investigados por un par de mensajes posteados en su grupo de WhatsApp en los que algunos presuntamente se atrevían a decir que preferirían otro régimen militar a la vuelta del candidato de extrema izquierda Lula da Silva a la presidencia.
Moraes también ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias. Uno de los objetivos de la operación era Luciano Hang, el fundador de la cadena de tiendas Havan y un partidario de Bolsonaro con millones de seguidores en las redes sociales. Aunque Hang dice que «nunca ha hablado de un golpe» y que «siempre ha defendido la democracia y la libertad de expresión», Moraes ordenó el bloqueo de todas sus cuentas en las redes sociales, incluyendo Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp y TikTok.
«¡Pueden quitarme las redes sociales, pero nunca me callarán!», dijo Hang, que construyó una cadena de grandes almacenes conocida por exhibir réplicas de la Estatua de la Libertad en su fachada. «¡Di no a la censura! Tú podrías ser el siguiente», posteó en su cuenta de Twitter antes de que fuera cerrada por la orden judicial emitida por Moraes.
Otros empresarios a los que les han bloqueado las redes sociales y las cuentas bancarias son Meyer Joseph Nigri, presidente y ex director ejecutivo de la promotora inmobiliaria Tecnisa, Jose Isaac Peres, fundador de la empresa de centros comerciales Multiplan, y Afranio Barreira Filho, propietario de la cadena de restaurantes Coco Bambu.
La democracia brasileña está amenazada
Bolsonaro dice que la democracia está ahora bajo un serio ataque en el país. Ha acusado a estos jueces no elegidos de practicar la injerencia política y de intentar desplegar una dictadura judicial.
«Brasil está en el camino de la dictadura. Así es como empiezan ahora las dictaduras. Pierdes tu libertad poco a poco, y un día miras y estás completamente atado», ha declarado a la cadena Jovem Pan.
Después de conocer todas estas cosas extraordinarias, ¿quién podría estar en desacuerdo? El sistema democrático está siendo claramente socavado por la sustitución del Estado de Derecho por el Estado de los jueces. De hecho, la premisa de que los jueces no elegidos saben mejor lo que es mejor para la nación es elitista y totalmente antidemocrática.
Es irónico ver que ahora la mayor amenaza para la democracia en Brasil no proviene de los políticos elegidos, sino de una oligarquía judicial muy anacrónica.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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