La pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, provocará un crecimiento económico negativo en América Latina y el Caribe del 4,6 % este año, con las caídas más pronunciadas en Ecuador y México que verán contraer sus economías en un 6 %, según las previsiones del Banco Mundial (BM).
«Se prevé que el Producto Interno Bruto de la región de América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) caiga un 4,6 % en 2020. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%», señaló el último informe semestral de la Oficina del Economista en Jefe del BM para la región, Martín Rama.
Entre los más afectados, figuran México y Ecuador, que verán cómo sus economías se desploman un 6 %; seguidos por Argentina y Brasil, con contracciones previstas del 5 % este año.
«Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan el enorme desafío de proteger vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos – dijo Rama – Esto requerirá políticas dirigidas y coherentes en una escala raras veces vista anteriormente».
La actividad económica también caerá, aunque en menor medida, en Colombia, un 2 %; en Bolivia, -3,4 %; en Perú, -4,7 %; y en Chile, -3,3 %, según las proyecciones del BM.
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Solo República Dominicana escapará a esta tendencia y no entrará en recesión, aunque se prevé que cierre 2020 con una crecimiento plano del 0 %.
Rama subrayó que «la pandemia del coronavirus está provocando un gran shock de oferta» por lo que «se prevé que la demanda de China y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los países exportadores de materias primas en América del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central y el Caribe.
Asimismo, advirtió que «un colapso del turismo tendría un impacto muy severo en algunos países caribeños».
Para ayudar a los más vulnerables a sobrellevar estas dificultades económicas, el BM indicó que «los actuales programas de protección y asistencia social deben ampliarse rápidamente, así como también su cobertura».
De hecho, recomendó que los gobiernos asuman «la mayor parte de las pérdidas» y aseveró «la socialización de estas pérdidas podría demandar una participación accionaria en las instituciones financieras y en los empleadores estratégicos, a través de su recapitalización».
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