El Gobierno interino de Bolivia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cambiar a dos miembros de la misión que enviará próximamente al país para indagar sobre la violencia durante la crisis vivida en el país entre octubre y noviembre de 2019, al dudar de su imparcialidad.
Las observaciones bolivianas
El ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, explicó en rueda de prensa que en concreto se ha observado a los argentinos Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez.
Uno de los motivos para pedir el cambio es que ambos calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre en Bolivia como un «golpe de Estado», «desconociendo la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia», indicó.
Esto demuestra la parcialidad y «peligrosa tendencia política de ambos integrantes», agregó Coimbra.
El ministro indicó también que Tappatá fue funcionaria del segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente de Argentina y aliada política del expresidente boliviano Evo Morales.
El Gobierno interino quiere «que se haga esta investigación» y está abierto a la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, «pero no va a permitir que esto se politice», manifestó Coimbra.
También observó que no hay equilibrio en la misión en cuanto a las nacionalidades de sus integrantes, como lo establecen sus propios reglamentos, ya que se ha incluido a dos personas del mismo país, Argentina.
Para que haya equilibrio, se debería incluir a una persona de Argentina y dar la posibilidad de que haya «un experto de otro país», consideró.
«Nosotros no estamos pidiendo que vengan expertos que tengan una posición a favor del Gobierno. Lo que estamos pidiendo es que vengan expertos que nos den la certeza de que vamos a tener un informe lo más apegado a la ley y lo más objetivo para demostrar a la ciudadanía qué fue lo que pasó», enfatizó.
Según Coimbra, también se tiene como antecedente que en su momento el Gobierno de Morales pidió la renuncia de un coordinador de la auditoría que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo al fallido proceso electoral de octubre pasado, al haberse pronunciado este «en contra de la perpetuidad» del exmandatario.
Aquel coordinador fue apartado de la auditoría, lo que da sustento al pedido de «que se aparte a Tappatá y Méndez para que los bolivianos y el concierto internacional tengan la tranquilidad de que se va a hacer un informe apegado a la realidad», añadió.
Los antecedentes
El Gobierno interino boliviano y la CIDH lanzaron a fines de enero una investigación dirigida por el GIEI para esclarecer los actos de violencia de las protestas de finales de 2019 que dejaron una treintena de muertos.
El grupo, cuyo arribo a Bolivia está previsto para el próximo viernes, estará integrado por cuatro expertos seleccionados por la CIDH: Tappatá, Méndez, el fiscal brasileño Marlon A. Weichert y el académico Julian Burger.
La misión se limitará a investigar los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, coincidiendo con las protestas que sacudieron Bolivia.
En concreto, las elecciones de octubre, en las que Evo Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo, que desembocaron en una grave crisis política y social entre denuncias de fraude electoral a su favor, hasta que en noviembre renunció Evo Morales.
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