La exacaldesa de Madrid, Ana Botella, y seis de sus ediles han sido condenados a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma «ilegal», sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere en 2013.
El Tribunal de Cuentas acordó esta condena -que será recurrida por estos concejales y por Botella- en un fallo adoptado ayer, en el que considera que las 18 promociones de vivienda fueron enajenadas por debajo del precio contable y de mercado, generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros.
El Tribunal condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros.
El Tribunal considera probado que esta venta, por 128 millones de euros, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles (de 159 millones) y también por debajo del precio de mercado.
La enajenación se hizo «sin elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar», asegura el fallo.
Además, la EMVS «no promovió una verdadera concurrencia» puesto que «con carácter previo y por tanto privilegiado» la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria.
El Tribunal considera probado que la excaldesa y los ediles de su equipo de Gobierno «no advirtieron ni evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público».
Y «sin perjuicio del dolo», añade haciendo referencia a la intención de provocar daño, «incurrieron al menos en negligencia grave (…) pues no previeron ni impidieron el perjuicio en el patrimonio público» ni cumplieron «el grado de diligencia que les era exigible».
Estos concejales: Concepción Dancausa -exdelegada del Gobierno en Madrid-, Paz González, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del actual Gobierno regional-, Dolores Navarro y Pedro del Corral -actual concejal en la capital-, recurrirán el fallo y defienden que no intervinieron en la operación de la que responsabilizan enteramente a la EMVS.
También se plantea recurrir al Gobierno de Manuela Carmena, pues aunque el Ayuntamiento de la capital celebra que el Tribunal considere ilegal la venta, defiende que el quebranto patrimonial fue de 127 millones de euros y no de 25,7 millones.
Además, la alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, indicó que el Consistorio estudia reabrir un proceso de nulidad, que en abril tuvo que archivar debido a un dictamen vinculante y desfavorable de la Comunidad de Madrid.
A la vista del fallo, el Ejecutivo de Manuela Carmena espera un cambio de posición por parte del Gobierno autonómico.
Por el momento, el presidente madrileño Ángel Garrido, quien en 2013 era edil de Botella pero no formaba parte de la Junta de Gobierno ahora condenada, ha considerado que no deben formalizarse ventas de vivienda pública a fondos de inversión, como hicieron los Gobiernos del PP.
El jefe del Ejecutivo autonómico destacó que en este mandato, la venta de vivienda ha quedado vetada en el acuerdo regional entre PP y Cs y explicó que su Gobierno esperará a que el fallo sea firme para emitir una opinión al respecto.
Además del procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas está en tramitación de un proceso penal iniciado por el PSOE -archivado y posteriormente reabierto en 2017- en el que está apersonado el Gobierno de Carmena.
Higueras este viernes pidió a Ciudadanos que se una a esta causa, pues el partido naranja se abstuvo en el dictamen de la comisión de investigación que consideró ilegal y lesiva la venta.
La portavoz del partido naranja Begoña Villacís celebró el fallo, al considerar que muestra que «quien se salta los controles para malvender viviendas, lo acaba pagando».
Por su parte, los socialistas confían en que el procedimiento penal y el fallo del Tribunal de Cuentas abran vías para que la EMVS recupere las viviendas y las familias que a día de hoy siguen afectadas encuentren solución, como ha señalado su portavoz, Purificación Causapié.
También la presidente de la asociación de afectados, Arantxa Mejías, ve «esperanzador» el fallo, que da la razón a familias que a día de hoy han sido desahuciadas por Fidere y asumen un incremento en sus alquileres. «Poco a poco se hace justicia», aseguró Mejías a Efe.
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