El fiscal del distrito de Manhattan ha demandado al representante Jim Jordan (R-Ohio), alegando que el principal miembro republicano ha lanzado una campaña destinada a intimidar.
Un gran jurado de Nueva York, alentado por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó recientemente cargos contra el expresidente Donald Trump, lo que provocó intensas críticas de Jordan y otros republicanos. Jordan ha citado a uno de los principales extenientes de Bragg y ha pedido documentos y testimonios a un actual ayudante, además de arremeter públicamente contra la decisión de Bragg.
Jordan, republicano, ha lanzado «una campaña transparente para intimidar y atacar al fiscal Bragg, exigiendo documentos confidenciales y testimonios del propio fiscal, así como de sus empleados y funcionarios actuales y anteriores», afirma Bragg, demócrata, en la nueva demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva York.
La demanda afirma que el Congreso no tiene competencias para supervisar los procesos penales estatales y que las acciones de Jordan vulneran la soberanía de los estados.
«Jordan afirma que pretende llevar a cabo una ‘supervisión’. Pero, según la Constitución, no está facultado para supervisar los asuntos penales estatales y locales. Por definición, entonces, no tiene ningún propósito legislativo legítimo para emitir esta citación», dice la demanda. «La citación amenaza los poderes soberanos de los Estados, la confianza en el secreto de los procedimientos del gran jurado y la integridad de un proceso penal en curso. Esta corte debería prohibir su aplicación».
«Primero, acusan a un presidente sin delito. Luego, demandan para bloquear la supervisión del Congreso cuando hacemos preguntas sobre los fondos federales que dicen que utilizaron para hacerlo», dijo Jordan tras la presentación de la demanda.
El congresista ha dicho que el procesamiento de Trump implica intereses federales.
«Si los fiscales estatales o locales pueden participar en procesamientos políticamente motivados de presidentes de Estados Unidos (anteriores o actuales) por actos personales, esto podría tener un profundo impacto en cómo los presidentes eligen ejercer sus poderes mientras están en el cargo. Por ejemplo, un presidente podría optar por evitar tomar medidas que considera de interés nacional porque repercutirían negativamente en la ciudad de Nueva York por temor a ser objeto de un proceso judicial de represalia en dicha ciudad», escribió en una carta reciente a la oficina de Bragg.
Los miembros del Congreso, debido a la acusación, deben ahora considerar la adopción de medidas legislativas para proteger a los expresidentes y/o a los presidentes actuales de «persecuciones políticamente motivadas por parte de funcionarios estatales y locales», añadió.
La demanda también se produce justo un día después de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que preside Jordan, anunciara que celebraría una audiencia en Manhattan sobre la delincuencia violenta.
La audiencia «examinará cómo las políticas del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, favorables a la delincuencia y contrarias a las víctimas han conducido a un aumento de los delitos violentos y a una comunidad peligrosa para los residentes de Nueva York», dijo el panel.
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