Los gobiernos de Brasil y Colombia expresaron este miércoles 4 de septiembre su «profunda preocupación» por la orden de detención del candidato presidencial Edmundo González Urrutia emitida por un fiscal en Venezuela, semanas después de los comicios que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron como ganador a Nicolás Maduro.
«Los gobiernos de Brasil y Colombia expresan profunda preocupación por la orden de detención emitida del 2 de septiembre por una corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia», dice un comunicado publicado por la Cancillería de Colombia en la red social X.
«Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia», se añadió.
El comunicado señaló además que los gobiernos de Colombia y Brasil coinciden en que la orden de detención del candidato venezolano dificulta encontrar «una solución pacífica basada en el diálogo» entre las fuerzas políticas venezolanas.
Acuerdos de Barbados
En octubre de 2023, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, la alianza opositora, firmaron dos acuerdos provisionales : «la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» (pdf) y «la protección de los intereses vitales de la Nación» (pdf), en los que ambas partes aceptaban una serie de compromisos en pro de recuperar la democracia en Venezuela.
Las partes representadas por Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y Gerardo Blyde, Delegado de la oposición de Venezuela, acordaron respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, «de manera libre y conforme a sus mecanismos internos», promover las garantías electorales de manera conjunta ante el CNE, solicitar la invitación de observadores electorales, además de promover un discurso público y un clima social favorable al desarrollo del proceso electoral, entre otros; todos amparados por la Constitución.
Ante la firma de los acuerdos de Barbados por parte del gobierno venezolano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió cuatro licencias generales para aliviar una serie de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera del país, que había impuesto previamente, debido a la represión del gobierno de Nicolás Maduro al pueblo venezolano.
Estados Unidos aclaró que las sanciones se implantarían nuevamente si el gobierno venezolano violaba los acuerdos.
El 24 de octubre, después de realizar las primarias electorales donde la candidata presidencial María Corina Machado obtuvo el 92% de la votación, Rodríguez denunció sin pruebas que la oposición había violado el acuerdo de Barbados debido a una «gigantesca estafa electoral» al considerar la elevada participación de 2.3 millones de venezolanos en las urnas como un delito.
“Aquí aparece un verdadero delito, un delito porque ellos están inflando el número a más de dos millones de personas. (…) Lo que pasó el domingo no es verificable, eso ni siquiera fue una elección”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa.
En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado a ocupar cargos púbicos, violando los acuerdos, lo que resultó en que Estados Unidos volviera a imponer las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El 5 de marzo, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció la fecha de los comicios presidenciales para el 28 de julio, junto a un cronograma electoral que limitaba las postulaciones de candidatos del 21 al 25 de marzo.
María Corina Machado, representante de la oposición postuló a Corina Yoris en su reemplazo a la presidencia de Venezuela por la Plataforma Unitaria Democrática, pero Yoris no recibió las claves para la inscripción digital y no se le permitió participar. Nicolás Maduro, candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizó su inscripción el 25 de marzo en un acto público televisado en el que anunció que habría elecciones con o sin la oposición.
El 4 de abril, la Plataforma Unida Democrática anunció que «de manera unánime» se aprobó la candidatura de Edmundo González Urrutia como su candidato único para las elecciones presidenciales. La decisión se produjo apenas un día antes de la fecha límite para hacer sustituciones de candidatos de acuerdo al cronograma electoral. Manuel Rosales, candidato presidencial del partido Un Nuevo Tiempo, por su parte, anunció su renuncia a su postulación en pro de la unidad de la oposición.
El 9 de mayo, David Smolansky, coordinador de la diáspora venezolana de la oposición, declaró que de los 7.7 millones de venezolanos en el exterior, solo 6500 fueron habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, debido a los requisitos para participar en los comicios e impedimentos en los consulados.
El 26 de julio, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, un organización no gubernamental en la defensa de los derechos humanos con sede en Venezuela, aseguró en una conferencia de prensa que 149 personas de la oposición fueron detenidas por el gobierno de Nicolás Maduro durante el proceso electoral, previo a las elecciones, de las cuales 47 se mantuvieron privadas de la libertad.
Crisis política en Venezuela
El domingo 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela con la participación de 10 candidatos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y candidato para las elecciones, apareció 13 veces en la boleta electoral.
Durante los meses previos a los comicios, la oposición organizó a más de 600,000 personas del Comando con Venezuela quienes vigilaron el proceso electoral, con el objetivo final de obtener una copia del acta oficial correspondiente a cada mesa de votación.
Los comicios transcurrieron en normalidad, salvo algunos pocos disturbios en algunas mesas de votación por dificultades de acceso a las instalaciones, que se fueron resolviendo gradualmente. Tras el cierre de las mesas, a las 6 p.m., se realizó el proceso de transmisión de datos.
Cerca de las 6:30 pm se reportó una interrupción de la transmisión y paralelamente algunos funcionarios del «Plan República» que custodiaban el proceso electoral del gobierno y operadores del CNE obstruyeron en algunos lugares las entregas de las actas a los representantes y testigos de la oposición. Sin embargo, una gran cantidad de testigos lograron obtener las actas físicamente.
En la madrugada del 29 de julio, poco después de las 12:00 a.m., el presidente del CNE, Elvis Amoroso, proclamó como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con más de 5 millones de votos, y aseguró que Edmundo González había obtenido alrededor de 4 millones de votos.
Ese mismo día, en horas de la tarde, el CNE ratificó los resultados y designó oficialmente a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato, en el periodo de 2015 a 2031.
Tras un silencio que inundó diferentes lugares de Venezuela luego de darse a conocer los resultados, ese mismo lunes miles de venezolanos salieron gradualmente a las calles a protestar.
María Corina Machado aseguró en horas de la noche que la oposición tenía las pruebas para demostrar que Edmundo González había sido el ganador de las elecciones presidenciales.
Días después, Machado aseguró que las actas electorales obtenidas por la oposición, que suman alrededor del 85%, estaban disponibles en una página web, y daban la victoria al candidato de la oposición Edmundo González con el 67% de los votos por encima del mandatario chavista, Nicolás Maduro, que obtuvo solo el 30% de la votación.
El 7 de agosto, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el documento general de los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela que, según la entidad, respaldan el triunfo de Nicolás Maduro.
Posteriormente, el jueves 22 de agosto, el TSJ ratificó los resultados oficiales del CNE, que le dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, a pesar de no hacer públicas las actas electorales y sin que se haya detallado cómo se llevo a cabo el proceso de peritaje que el tribunal hizo sobre el material electoral.
El lunes 26 de agosto, uno de los cinco principales rectores del CNE de Venezuela, Juan Carlos Delpino Boscán, señaló en un comunicado las irregularidades de las que fue testigo durante el proceso de las elecciones presidenciales indicando «la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados».
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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