Opinión
Protestar pacíficamente contra unas elecciones controvertidas es ahora un delito grave en Brasil, con penas de hasta 15 años o más. Al menos 1200 personas han sido detenidas en el marco del desmantelamiento de un campamento de manifestantes en Brasilia, Brasil, el 9 de enero.
Se les ha imputado el “delito” de acampar frente al cuartel general del ejército, creyéndose protegidos por él y manifestándose a favor de la libertad y la democracia. Y, sin embargo, cientos de policías con equipo antidisturbios y algunos a caballo se concentraron en el campamento mientras los soldados del ejército en el área se retiraban.
Desde el 30 de octubre del año pasado, miles de brasileños habían acampado frente al cuartel general del ejército en Brasilia, exigiendo la anulación de unas elecciones presidenciales en las que el candidato de extrema izquierda Luiz Inácio Lula da Silva se impuso por un estrecho margen a Jair Bolsonaro.
Los manifestantes fueron detenidos y trasladados en autobuses a la jefatura de policía siguiendo las órdenes de desmantelar el campamento. Todo ello sin la debida investigación y sin individualizar la conducta.
«Hemos recibido información de que les falta agua y comida… Entre los detenidos hay manifestantes que actuaron pacíficamente. De todos modos, todos necesitan condiciones básicas”, dijo la diputada Carla Zambelli (PL-SP).
En respuesta, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, emitió una nota oficial en la que afirmaba que esos manifestantes no merecen ningún derecho humano por parte del Estado.
Las opiniones políticas disidentes son reprimidas rápidamente
El 11 de enero, el Consejo Nacional de Justicia informó que más de 1400 presos políticos serían enviados, donde serían acusados de terroristas.
Cuando estos manifestantes fueron enviados a prisión, pasaron por un proceso de clasificación. A estos disidentes políticos no se les entregaron almohadas y frazadas por “motivos de seguridad”, para que los objetos no sean utilizados para “actos de violencia”.
Estos presos políticos han sido vacunados a la fuerza con vacunas, incluidas contra el COVID-19, en una clara violación del Código de Nuremberg.
Los presos comunes en régimen semiabierto han sido liberados para alojar a estos prisioneros políticos en prisiones superpobladas.
El 13 de enero, el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió órdenes judiciales para cancelar la cuenta de redes sociales de numerosos políticos y personas influyentes en las redes sociales. Fueron castigados con la suspensión de sus cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.
En Twitter, Gleen Greenwald, un periodista estadounidense radicado en Brasil desde 2005, cuestionó estas recientes suspensiones de las redes sociales y consideró “impactantes” estas medidas judiciales. Según él, “el régimen de censura en Brasil está creciendo rápidamente, prácticamente a diario ahora”.
Greenwald también explica que tenía miedo de denunciar la censura que está teniendo Brasil por temor a represalias, pasando horas discutiendo con abogados y consultando las leyes brasileñas para asegurarse de que podía publicar la noticia sin ser objeto de acoso judicial.
Las raíces socialistas de Lula da Silva
Tal vez sea importante revelar los inquietantes antecedentes del actual presidente de Brasil. En septiembre de 2009, Lula comparó la brutal represión a los manifestantes prodemocráticos en Irán con una pelea entre aficionados de clubes de fútbol rivales.
Según informó United Press International, Lula incluso cuestionó el derecho democrático de los iraníes a protestar contra esas elecciones aparentemente amañadas, señalando: “En Brasil, también tenemos gente que no acepta las derrotas electorales”.
En 2002, el periódico francés Le Monde publicó un artículo en el que se afirma que Lula «cree firmemente que todas las elecciones son una farsa y un mero paso para tomar el poder».
El presidente es miembro fundador del Foro de São Paulo (FSP), una organización internacional socialista extrema.
El sucesor de Lula como presidente de la FSP fue su entonces asesor de asuntos exteriores, Marco Aurélio García. En 2002, en una entrevista con el diario argentino La Nación, García afirmó que una vez en el poder, Lula no tendría ningún interés en preservar la democracia.
Le dijo al periódico: «Primero tenemos que dar la impresión de que somos democráticos, inicialmente; tenemos que aceptar ciertas cosas. Pero eso no durará».
Lula también se ha declarado admirador del fallecido Fidel Castro, el dictador comunista de Cuba. En abril de 2003, su gobierno se abstuvo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU de condenar el asesinato de disidentes políticos en Cuba.
Hablando en nombre de la administración Lula, el entonces embajador de Brasil en Cuba llamó a esos disidentes políticos “traidores” que estaban “desestabilizando” ese régimen comunista.
Curiosamente, cuando hace décadas la revista Playboy le preguntó a qué líderes admiraba, Lula citó a figuras como el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Ze Dong y Adolf Hitler.
El dictador alemán, dijo Lula, tenía lo que realmente admiraba en un hombre: «El coraje de proponerse hacer algo e intentar hacerlo».
Sea como fuere, pocos imaginarían que estaríamos presenciando la creación del primer campo de concentración en la historia de Brasil; pues las escenas observadas recientemente en Brasil recuerdan claramente a la Alemania de los años treinta.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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