La Policía española desmanteló una red de trata que habría explotado sexualmente a cerca de 600 mujeres en el último año, en su mayoría colombianas y venezolanas, en una operación que se saldó con la detención de 26 personas y la liberación de 32 de las víctimas.
Este operativo coincide con el Día Mundial contra la Trata de Personas y es la primera cooperación de un cuerpo policial europeo con el Centro Especializado para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas que la agencia Ameripol estableció en Río de Janeiro (Brasil).
La investigación se inició en junio de 2023 cuando una víctima alertó de la existencia de una red que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en casas de las ciudades españolas de Madrid, Toledo y Málaga.
Durante el operativo se intervinieron numerosos contratos laborales firmados por las víctimas que llevaron a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 mujeres habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con la que la red contaba y que han sido clausuradas.
El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país.
Aprovechándose de esa vulnerabilidad los explotadores captaban a las mujeres a través de empresas localizadas en el país de origen o de los contactos que establecían las encargadas de las casas donde eran explotadas.
Prometían a las mujeres unas ganancias de cinco mil euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar.
En realidad, las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día y estar arregladas cuando eran requeridas, tenían prohibido engordar y podían ser expulsadas de la casa de no cumplir con los cánones de belleza y exigencias de los líderes de la organización.
Las mujeres vivían en condiciones de total insalubridad, hacinadas en habitaciones generalmente en los sótanos de las casas, de pequeñas dimensiones, con las camas separadas por cortinas y con poca ventilación.
Las víctimas eran supervisadas constantemente con múltiples cámaras de videovigilancia por todas las estancias, incluso en las habitaciones en las que ejercían la prostitución.
El operativo concluyó con once registros domiciliarios en los que se intervinieron 40,000 euros (unos 43,250 dólares) en efectivo, un arma de fuego con munición, diversas drogas, vehículos, dispositivos electrónicos y documentación.
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