El gobernador Gavin Newsom y los legisladores de California acordaron el 31 de agosto una extensión de las protecciones de desalojo diseñadas para ayudar tanto a los inquilinos como a los propietarios afectados por la actual pandemia de COVID-19.
El proyecto de ley, Asamblea 3088 —que extiende la moratoria hasta el 31 de enero de 2021— fue firmada por Newsom dos horas antes de la medianoche. La orden «protegerá a millones de inquilinos del desalojo y a los dueños de propiedades de la ejecución hipotecaria, por causa de los impactos económicos del COVID-19», según un comunicado de prensa del 31 de agosto.
A partir del 1 de septiembre, los inquilinos deberán pagar el 25 por ciento de su alquiler para evitar el desalojo. Todavía son responsables del 75 por ciento restante, que aunque se convierte en una deuda legal no tienen que empezar a pagar el saldo hasta el 1 de marzo de 2021.
Los montos impagos no pueden ser la base de un desalojo. Cuando la moratoria expire los propietarios podrán comenzar a recuperar la deuda en un tribunal de reclamos. El proyecto de ley protege a los propietarios al extender ciertas protecciones contra la ejecución hipotecaria.
La legislación recién aprobada, también garantiza que ningún inquilino puede ser desalojado hasta el 1 de febrero de 2021 por no pagar el alquiler desde el 4 de marzo hasta el 31 de agosto, si es que pueden proporcionar una «declaración de dificultades» debido a la pandemia. La renta no pagada se convierte en una deuda del consumidor con el propietario, según la nueva ley.
«COVID-19 ha impactado a todo el mundo en California, pero algunos soportan mucha más carga que otros, especialmente los inquilinos que están luchando por reunir la renta mensual, y merecen protección contra el desalojo», dijo Newsom.
«Esta nueva ley protege a los inquilinos del desalojo por falta de pago del alquiler y ayuda a mantener a los propietarios fuera de la ejecución hipotecaria como resultado de las dificultades económicas causadas por esta terrible pandemia».
Algunos críticos del proyecto de ley aplaudieron la extensión, pero criticaron la extensión relativamente corta. Un proyecto de ley anterior, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1436, habría ampliado la moratoria de desalojo hasta el 21 de abril, si los legisladores no hubieran llegado a un compromiso sobre la nueva fecha.
David Levy, un especialista de programas del Consejo de Vivienda Justa del Condado de Orange, dijo a The Epoch Times que el proyecto de ley podría resultar problemático para los inquilinos en el futuro.
«Aunque ofrece un alivio sustancial a los inquilinos que no pueden pagar debido a las dificultades financieras relacionadas con la pandemia, establece un ‘precipicio’ para aquellos que todavía están luchando cuando se trata de pagar el alquiler completo de febrero», dijo Levy por correo electrónico.
«Este deja abierta la posibilidad de que esos inquilinos puedan ser golpeados con un aviso inmediato de 3 días para pagar el alquiler o renunciar, lo que podría llevar a una acción de desalojo comenzando el 8 de febrero».
El Consejo de Vivienda Justa aconseja a los inquilinos que paguen cada mes la cantidad de alquiler que puedan pagar, sin dejar de tener en cuenta sus otros gastos esenciales, para que no se encuentren en la imposibilidad de cumplir con las normas mínimas.
«Es posible que se enfrenten a una acción legal para recuperar el alquiler atrasado, incluso si no se trata de un desalojo, por lo que no deben cavar en un agujero del que no puedan salir», dijo Levy.
El alivio temporal deja a «los inquilinos vulnerables al desalojo masivo en febrero de 2021», escribió Dean Preston, fundador del grupo de defensa Tenants Together, en su cuenta de Twitter. La propuesta ofrece «un alivio limitado» y «contiene muchos compromisos problemáticos para apaciguar el lobby de los propietarios».
«Desafortunadamente, esta propuesta parece ser tanto para proteger las ganancias de los bienes raíces como para salvar a la gente del desalojo en medio de una pandemia», declaró Preston.
La Asociación de Apartamentos de California (CAA), una organización que apoya a los propietarios y administradores de apartamentos, aplaudió el proyecto de ley en una declaración del 28 de agosto.
«Aplaudimos a la Legislatura y al gobernador por avanzar en la legislación con protecciones para los inquilinos verdaderamente perjudicados por COVID, a la vez que asegura que los propietarios puedan desalojar a los inquilinos molestos y a los residentes que pueden pagar el alquiler pero que optan por jugar con el sistema en su lugar», dijo el director ejecutivo del grupo, Tom Bannon.
Según el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, «los inquilinos y los propietarios podrán descansar un poco» después de la firma.
«Nadie debería perder su casa debido a esta crisis de salud pública, y aunque ciudades como Los Ángeles tienen fuertes protecciones para los inquilinos, no hay sustituto para un marco claro a nivel estatal que mantenga a los californianos más afectados bajo techo», dijo Garcetti.
El condado de Orange perdió más de 200,000 puestos de trabajo en 2020, según un informe del 21 de agosto publicado por el Departamento de Desarrollo de Empleo del estado. La tasa de desempleo del condado hasta julio era del 12.3 por ciento, según el informe, lo que es menos que la tasa estatal del 13.3 por ciento.
Se estima que entre el 31 y el 42 por ciento de los hogares de California corren el riesgo de ser desalojados, según un estudio de seguridad financiera publicado el 7 de agosto por el instituto no partidista Aspen de Washington, basándose en los niveles de confianza en la capacidad de pagar el alquiler del mes siguiente.
Newsom calificó la nueva extensión como «un puente hacia una solución más permanente» y pidió al gobierno federal que estabilice el mercado de la vivienda.
«Necesitamos un compromiso real y federal de nuevos fondos significativos para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas en dificultades en California y en todo el país», dijo Newsom.
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