Una jueza estadounidense desestimó un recurso contra una ley de California que permite a los hombres, incluso si no se han sometido a cirugía de reasignación de género, ser alojados con mujeres en las cárceles.
El proyecto de ley 132 del Senado, que entró en vigor en 2021, permite a los varones que se autoidentifiquen como mujeres, no binarios o de género fluido cumplir sus condenas en centros penitenciarios de mujeres. Algunas mujeres demandaron a las autoridades estatales, alegando que la ley viola sus derechos constitucionales, incluido el derecho al libre ejercicio de la religión, y las somete a castigos crueles e inusuales.
En la sentencia del 14 de mayo, la jueza de distrito Jennifer Thurston desestimó la demanda.
Los argumentos basados en la Constitución de California deben desestimarse en virtud de los precedentes judiciales, escribió la jueza Thurston, nombrada por el presidente Joe Biden. En cuanto a las demandas federales, a pesar de que ninguna de las partes planteó la Undécima Enmienda, la corte decidió que la inmunidad de la enmienda significa que el resto de las demandas deben ser desestimadas.
«Como agencia estatal, es un principio establecido desde hace mucho tiempo que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) es inmune a demandas en cortes federales en virtud de la Undécima Enmienda», dijo la jueza Thurston, citando una decisión de 2009 de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito y otras sentencias. «Aunque el CDCR no ha presentado un informe completo, la corte no puede concluir que el CDCR ha renunciado inequívocamente a la inmunidad y consentido a la jurisdicción federal. Aunque el CDCR ha comparecido y defendido esta acción mediante la presentación de una moción de desestimación, estas acciones no constituyen una expresión inequívoca de renuncia a la inmunidad o consentimiento a la demanda».
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) no respondió a una solicitud de comentarios.
Antes de que se promulgara la ley, algunos hombres podían cumplir sus condenas en cárceles de mujeres, pero solo si el personal médico indicaba que presentaban síntomas de disforia de género. Los partidarios afirmaron que la ley era necesaria para proteger a los hombres que se identifican como mujeres.
La jueza también abordó otros argumentos, entre ellos el de los demandantes de que la postura del Estado sobre la posibilidad de que las personas cambien de sexo y se base en parte en pensamientos y sentimientos constituía «una doctrina religiosa sancionada por el gobierno que no se basa en la realidad material».
«Como cuestión de derecho, la corte no puede determinar plausiblemente que el transgenerismo es una religión», dijo el juez.
La jueza prohibió a los demandantes presentar una demanda actualizada contra el CDCR, pero dijo que en un plazo de 21 días podrían presentar una demanda enmendada contra los funcionarios estatales que también fueron nombrados como demandados.
El Frente de Liberación de la Mujer, que presentó la demanda, destacó cómo recientemente los fiscales del condado de Madera acusaron a Tremaine Carroll, un varón alojado con mujeres, de dos cargos de violación forzada y de disuadir a un testigo de testificar. El Sr. Carroll había dicho a la corte federal en una declaración jurada en el caso que podía «simpatizar con las demandantes» y que «no era una amenaza para ellas».
La Oficina del Inspector General de California había reconocido anteriormente que podían producirse algunos embarazos en las prisiones de California, ya que se alojaba a hombres con mujeres. También indicó que los funcionarios estatales confirmaron «numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada consentida» entre reclusos y reclusas trasladados recientemente.
Según el Frente de Liberación de la Mujer, los funcionarios empezaron a repartir preservativos poco después de que se promulgara la ley.
«Ya hemos visto el resultado devastador de estas políticas en los dos años que tardamos en obtener una respuesta de la corte: violaciones, embarazos y reiteradas violaciones de los derechos constitucionales de las mujeres. Este no es el final de nuestra lucha», afirmó el grupo en una declaración. «Nosotros seguiremos buscando todas las vías de justicia para Janine, Tomiekia, Krystal, Nadia y todas las mujeres encarceladas en California».
La demanda fue presentada en nombre de las reclusas Janine Chandler, Tomiekia Johnson, Krystal González y Nadia Romero.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) no respondió a la solicitud de comentarios.
Lambda Legal, uno de los intervinientes en el caso, celebró el fallo.
«Estamos aliviados de que la corte haya visto a través de este desafío legalmente defectuoso, y rechazó sus argumentos distorsionados», dijo Nora Huppert, abogada de la institución, en una declaración. «Al desestimar esta impugnación, la corte reconoció que California tiene la obligación de proteger la seguridad de las personas transgénero encarceladas».
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