El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este viernes una ley para que estudiantes universitarios mexicanos de bajos recursos que vivan cerca a la frontera accedan a algunos colegios comunitarios de California con la tarifa que corresponde a los residentes del estado.
El proyecto AB 91 (pdf), presentado por el asambleísta David Alvarez (D-San Diego) en enero, propone un plan piloto para que estudiantes mexicanos que vivan a menos de 45 millas de la frontera entre California y México paguen la misma tarifa de matrícula que los residentes del estado en todos los campus de la Asociación de Colegios Comunitarios de los Condados de San Diego e Imperial (SDICCCA), los cuales están ubicados dentro de 25 millas de la frontera.
La ley establece que las juntas directivas de los colegios comunitarios mencionados determinarán si un estudiante es de bajos recursos.
Al menos 7000 estudiantes cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana por día.
Según el Southwestern Community College, uno de los colegios comunitarios incluidos en el plan, los estudiantes extranjeros pagan una matrícula mensual de USD 291. Tras la aprobación de este proyecto, los estudiantes podrán pagar USD 46.
“Seamos claros: no les estamos dando nada a estos estudiantes”, dijo el presidente de Southwestern College, Mark Sanchez, a Border Report en febrero. «Simplemente les estamos permitiendo pagar una matrícula estatal; en muchos sentidos ya son habitantes de San Diego, simplemente viven al otro lado de la frontera».
Entre los colegios comunitarios elegibles del proyecto están el Cuyamaca College, Grossmont College, Imperial Valley College, MiraCosta College, Palomar College, San Diego City College, San Diego Mesa College, San Diego Miramar College y Southwestern College. Cada una de estas instituciones educativas podrá aceptar hasta 150 estudiantes bajo el programa, según el asambleísta demócrata, y deberán ser ciudadanos estadounidenses o mexicanos con visa. El proyecto entrará en vigor el próximo año hasta el 2029.
Una portavoz de la oficina del gobernador de California dijo a The Epoch Times que este programa piloto también beneficiará a los estudiantes de California que quieran estudiar en universidades acreditadas de Baja California, México. The Epoch Times también se contactó con la oficina de Alvarez para solicitar comentarios sobre esta nueva ley.
Los promotores de la ley señalan que no solo beneficia a los estudiantes, sino al propio estado de California, que tiene escasez de trabajadores calificados.
“Vivimos en una región fronteriza dinámica con una gran demanda de trabajadores calificados, y el AB 91 brindará a más estudiantes la oportunidad de seguir una educación superior”, dijo el asambleísta Alvarez en un artículo de opinión del San Diego Union Tribune en febrero.
El demócrata de San Diego dijo que a pesar que su condado tiene una economía de USD 250,000 millones a USD 300,000 millones anuales, el problema es que enfrentan la misma escasez de personal que afecta a California y al país.
“Crear vías adicionales de educación para las personas que viven en Tijuana y otras regiones fronterizas de México aumentaría la fuerza laboral disponible en San Diego y el Condado de Imperial. Dado que el condado sur de San Diego carece de una universidad de cuatro años, muchos estudiantes no tienen la opción de obtener una licenciatura”, dijo Alvarez. “Una de las barreras más importantes para la educación superior es el costo de la matrícula, que puede ser prohibitivamente cara para muchos estudiantes. El AB 91 reducirá las desigualdades en la educación superior al reducir el costo para las personas de bajos ingresos».
Sanchez, dijo que los estudiantes binacionales son “vitales para que la economía de San Diego-Baja California prospere” y señaló que cerca del 16 por ciento de los 17,000 estudiantes actualmente matriculados en su escuela viven al sur de la frontera, en ciudades como Tijuana.
Sin embargo, algunos legisladores de California expresaron su preocupación sobre la ley.
«Necesitamos asegurarnos de que este proyecto de ley no retire fondos del resto del sistema de colegios comunitarios y hacer más para alentar a los estudiantes a quedarse en California y desarrollar sus carreras aquí después de graduarse», dijo el asambleísta Devon Mathis (R-Visalia) en un comunicado a Los Angeles Times en febrero. “Con un déficit de 22 mil millones de dólares, deberíamos buscar asociaciones público-privadas con empresas y sectores comerciales en lugar de crear un nuevo programa financiado por los contribuyentes”.
Según el Comité de Asignaciones del Senado de California, este plan podría generar costos del Fondo General de la Proposición 98 de “unos pocos millones de dólares cada año” durante los cinco años que dura el plan, dependiendo del número de estudiantes matriculados. Asimismo, determinó un costo único de USD 239,000 para que los nueve colegios comunitarios y los cinco distritos adopten reglas y regulaciones sobre dicho plan e informen a la Legislatura sobre su implementación.
Esta nueva ley también pedirá que las juntas de los colegios comunitarios presenten un reporte antes del 2028 para evaluar los índices de asistencia y demografía de los estudiantes que recibieron el beneficio de tarifas en la matrícula.
La ley AB 91 se basa en un acuerdo similar que tiene el Distrito de Colegios Comunitarios de Lake Tahoe de California para los estudiantes que viven cerca de la frontera de Nevada.
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