La Asamblea de California aprobó una medida el 21 de mayo en una votación de 61 a 10 que permitiría a las empresas propiedad de inmigrantes ilegales recibir asistencia para el desarrollo empresarial del Estado.
El proyecto de ley 2543 de la Asamblea, cuyo autor es el asambleísta Dr. Joaquín Arámbula, permitiría a todos los propietarios que sus empresas fueran certificadas por el estado, lo que les daría derecho a recibir dicha asistencia y otros servicios, independientemente de su estatus migratorio.
Esto ya se ofrece a través del programa de certificación de pequeñas empresas del estado, pero no para aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.
«A pesar de su importancia para las comunidades locales y su contribución económica al estado, muchas pequeñas empresas no pueden acceder a los beneficios del programa de certificación de pequeñas empresas», dijo el Dr. Arambula en los análisis legislativos. «Esto les impide acceder a los beneficios de la certificación de pequeñas empresas, restringiendo su capacidad para expandirse y continuar ayudando a crecer la economía del estado».
Sugirió que no permitir el acceso a los beneficios a los inmigrantes ilegales es perjudicial para el entorno empresarial del estado y priva a algunos propietarios de negocios de acceder a recursos que podrían beneficiar a la comunidad.
«Estas empresas ofrecen los mismos servicios, productos y beneficios que otras empresas certificadas», dijo el Dr. Arambula. «Sin embargo, sus propietarios pueden no tener prueba de estatus legal en este país, incluso cuando el gobierno federal les ha emitido un Número de Identificación Patronal».
Los partidarios sugieren que todos los propietarios de negocios deberían estar cubiertos por la Ley de Adquisiciones y Contratos de Pequeñas Empresas —aprobada por la Legislatura en 1975 y enmendada en 2016— para ayudar a las pequeñas empresas a acceder a bienes, tecnología de la información y facilitar servicios al estado y en la construcción de instalaciones estatales.
El programa está supervisado por el Departamento de Servicios Generales del estado, que es responsable de certificar a las pequeñas empresas y determinar su elegibilidad en virtud de la ley para ayudar con las preferencias de licitación y el pronto pago de los contratos estatales, entre otros servicios.
Las empresas propiedad de inmigrantes ilegales están creciendo —con aproximadamente el 10 por ciento de los trabajadores indocumentados convirtiéndose en empresarios en el estado, generando así más de USD 3500 millones de actividad económica en 2016—, según el análisis del Comité de Empleo, Desarrollo Económico y Economía de la Asamblea.
Los consultores del comité argumentaron que el estado se beneficiaría al proporcionar asistencia a esas personas.
«California sale ganando, con certificaciones adicionales de pequeñas empresas», para ayudar a los propietarios a adquirir contratos, «y permitir una expansión económica general para el estado», escribieron los consultores en su análisis publicado en abril.
Un legislador dijo que el proyecto de ley también mejoraría las oportunidades para los empresarios.
«Creo que tiene mucho sentido, y espero apoyarlo hoy», dijo el asambleísta Carlos Villapudua, presidente de la comisión de empleo y economía, durante la audiencia del proyecto de ley el 16 de abril.
Los testigos que apoyaron el proyecto de ley en la audiencia afirmaron que la medida también ayudaría a nivelar el terreno de juego para los inmigrantes, sugiriendo que el espíritu empresarial es clave para el éxito del desarrollo personal de muchas personas.
«El proyecto de ley no solo fomentará el crecimiento económico, sino que también promoverá la inclusión y la equidad dentro de nuestro estado», dijo Luis Pérez, representante del grupo sin fines de lucro Immigrants Rising.
Los opositores sugirieron que los servicios deberían reservarse para los ciudadanos, especialmente durante tiempos presupuestarios difíciles -con el estado trabajando para resolver un déficit de aproximadamente USD 73 mil millones y proyecciones de déficit en los próximos años fiscales.
«Es una gran crisis presupuestaria, y mis votos han sido bastante consistentes en todos los ámbitos con los fondos limitados que tenemos», dijo el asambleísta Joe Patterson a The Epoch Times. «Estamos diciendo a toda esa gente: “Vengan aquí, consigan un trabajo, obttengan asistencia, vayan a la escuela gratis, consigan vivienda gratis, y es una locura”.
Los republicanos se mostraron divididos al respecto: el asambleísta Juan Alanís votó a favor y varios se abstuvieron en la votación, mientras que 10 votaron en contra de la medida en el pleno de la Asamblea.
El proyecto de ley se dirigirá ahora al Senado para ser examinado por los respectivos comités en las próximas semanas.
Según los análisis legislativos del proyecto de ley, actualmente se desconoce el coste de ampliar el programa a los inmigrantes ilegales.
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