El 12 de abril, la Cámara de Representantes aprobó una versión modificada de un proyecto de ley para reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) por dos años. Esto ocurrió dos días después de que los conservadores bloquearan el avance de otra versión de la legislación, diciendo que no iba lo suficientemente lejos para proteger las libertades civiles.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes no incluye el requisito de una orden judicial, por la que abogaban tanto conservadores como progresistas, después de que la presión para incluirla como enmienda fuera derrotada en una inusual votación en la que se produjo un empate.
El artículo 702 autoriza a las agencias de inteligencia a vigilar sin orden judicial a extranjeros, pero también capta información sobre los estadounidenses con quienes que se comunica el objetivo extranjero. Esto ha suscitado preocupación en los partidos opuestos, especialmente tras las revelaciones de un uso indebido por parte del FBI. El poder actual expira el 19 de abril.
El proyecto de ley fue aprobado por 273 votos a favor y 147 en contra. Es una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), que ha intentado durante meses llevar esta medida al pleno de la Cámara.
Una enmienda del representante Andy Biggs (R-Ariz.) que habría obligado a las agencias de inteligencia a obtener una orden judicial para vigilar los datos de los estadounidenses recogidos como parte de las actividades de inteligencia estándar, en virtud de la Sección 702, fracasó en una votación empatada de 212-212 en la que el Sr. Johnson, que a menudo no vota, proporcionó el apoyo crucial para eliminar la enmienda. Ochenta y cuatro demócratas se unieron a 128 republicanos para votar a favor de la inclusión de la enmienda.
A esa enmienda también se opuso el presidente Joe Biden, quien dijo que un requisito de orden judicial «reconstruiría un muro alrededor, y, por tanto, bloquearía nuestro acceso, a información ya recopilada legalmente en posesión del Gobierno de Estados Unidos».
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes es una versión modificada de la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos del representante Laurel Lee (R-Fla.) que prorroga la controvertida autoridad de espionaje durante dos años, una reducción respecto a la prórroga de cinco años de duración que fue rechazada por la cámara a principios de esta semana.
El miércoles, 19 republicanos se unieron a los demócratas para bloquear una votación de procedimiento sobre una versión anterior del proyecto de ley, por considerar que no iba lo suficientemente lejos para reformar el sistema y proteger las libertades civiles.
El proyecto de ley reformaba la Sección 702, aprobada en 2008, que permite a los servicios de inteligencia recabar información sobre agentes extranjeros que actúan fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, desde que el proyecto de ley fue reautorizado por un estrecho margen por el Congreso en 2018, han salido a la luz una serie de abusos que han puesto en tela de juicio el futuro de todo el proceso.
Estos problemas han dividido al Congreso y estimulado la formación de alianzas poco usuales a través de las líneas partidistas en ambos lados del asunto.
En 2021, se descubrió que se habían realizado 3.3 millones de consultas sobre estadounidenses al amparo de la Sección 702.
Aunque al año siguiente hubo menos, aún se descubrieron casi 300,000 consultas.
El mismo mecanismo se utilizó para espiar indebidamente a la campaña de 2016 del expresidente Donald Trump durante la malograda investigación Crossfire Hurricane sobre el mandatario, que se basó en la falsa idea de que su campaña colaboraba con Rusia.
¿Qué contiene el proyecto reformado?
En respuesta a estos y otros abusos denunciados, el proyecto de ley de la Sra. Lee ofrece algunos cambios en la forma en que se recopila la información y las protecciones en torno a estas acciones.
Principalmente, refuerza los requisitos para «garantizar que las solicitudes al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (…) dirigidas a personas estadounidenses sean precisas y completas».
Otras disposiciones reducen drásticamente el número de personas autorizadas a realizar y autorizar consultas de la FISA, lo que, según sus defensores, ayudaría a garantizar el cumplimiento de la ley.
Otra disposición impone una prohibición rotunda de utilizar la Sección 702 para recabar pruebas de un delito.
Estas reformas «dejarán claro que se trata de una herramienta de inteligencia, no de una herramienta para hacer cumplir la ley», dijo Jim Himes (D-Conn.), miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de sus partidarios, durante una anterior audiencia del Comité de Normas.
También endurece las penas por consultas ilegales, imponiendo una multa o hasta 10 años de prisión federal por infracciones.
Por último, facilita al Congreso la supervisión del programa.
Con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ahora la propuesta pasará al Senado, donde es probable que continúen las mismas disputas sobre privacidad y seguridad nacional.
Si se aprueba en el Senado, pasará a manos del Presidente Biden.
La Casa Blanca ha calificado de «crucial» la reautorización de la Sección 702 sin el requisito de una orden judicial, por lo que se espera ampliamente que apruebe la legislación.
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