WASHINGTON— La Cámara de Representantes aprobó el 23 de mayo un proyecto de ley para prohibir que los ciudadanos no estadounidenses voten en las elecciones del Distrito de Columbia.
El resultado final contó con 262 votos a favor y 143 en contra, en donde 52 demócratas se unieron a la totalidad de los republicanos para aprobar la legislatura.
El proyecto de ley, presentado por el representante August Pfluger (R-Texas), derogaría la Ley de Enmienda del Derecho al Voto de los Residentes Locales de 2022 que aprobó el Consejo de D.C., que permite a los residentes no ciudadanos estadounidenses de la capital del país votar en las elecciones locales de D.C., incluyendo para alcalde, miembros del consejo, el fiscal general local, los miembros de la Junta Estatal de Educación, Comisionado Asesor de Vecindario, y en las iniciativas de votación.
El Distrito de Columbia es una entidad federal, no un estado. El Congreso tiene la última palabra sobre los asuntos locales de la capital de la nación, ya que puede bloquear las medidas aprobadas por el Consejo del Distrito de Columbia en un plazo de 60 días a partir de su aprobación.
La medida legislativa del Sr. Pfluger es un ejemplo de cómo el Partido Republicano de la Cámara de Representantes pretende intervenir en los asuntos locales de Washington. La semana pasada, la Cámara aprobó una medida que prohibiría a las autoridades introducir cambios en las penas por delitos penales.
El año pasado, el Congreso bloqueó una medida del ayuntamiento de la capital del país, que habría reducido los mínimos obligatorios para algunos delitos, tales como los robos de coches. También habría permitido que los jurados decidieran en casos de delitos menores.
Los ciudadanos no estadounidenses tienen prohibido votar en las elecciones federales.
No hay indicios de que esté ocurriendo en ningún lugar en cantidades significativas. Sin embargo, los legisladores republicanos a nivel federal y estatal están poniendo su energía detrás de este asunto, introduciendo legislaciones y medidas electorales. Esto garantiza que el tema seguirá estando en el punto de mira de los votantes en los próximos meses.
Los congresistas republicanos están impulsando un proyecto de ley llamado SAVE (Safeguard American Voter Eligibility), que exigiría una prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral.
A la vez, las asambleas legislativas republicanas de al menos seis estados están incluyendo medidas legislativas sobre el voto de los no ciudadanos en las papeletas electorales del 5 de noviembre, y al menos dos más están debatiendo si hacerlo o no.
«Las elecciones estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses y tenemos la intención de que siga siendo así», dijo el presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil (R-Wis.), durante una audiencia que organizó sobre el tema la semana pasada.
«Parece que la lección que aprendieron los republicanos del fiasco que provocó el expresidente en 2020 no fue ‘No roben unas elecciones’, fue simplemente ‘Empiecen antes'», declaró por su parte, el representante Joe Morelle (D-N.Y.), miembro de mayor rango del comité, agregando que «el golpe empieza aquí. Aquí es donde empieza».
A lo largo de los años ha habido casos de no ciudadanos que se han registrado y votado ilegalmente. Pero los estados tienen mecanismos para detectarlo. El secretario de Estado de Ohio, el republicano Frank LaRose, encontró recientemente 137 sospechosos de no ser ciudadanos en los padrones del estado, de un total de aproximadamente 8 millones de votantes, y dijo que está tomando medidas para confirmarlos y eliminarlos.
En 2022, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría de las listas de votantes de su estado, buscando específicamente no ciudadanos. Su oficina descubrió que 1634 habían intentado registrarse para votar durante un periodo de 25 años, pero los funcionarios electorales detectaron todas las solicitudes y ninguno pudo registrarse.
En Carolina del Norte, en 2016, una auditoría electoral descubrió que 41 inmigrantes legales que aún no se habían convertido en ciudadanos habían votado, de un total de 4.8 millones de papeletas emitidas. Los votos no marcaron la diferencia en ninguna de las elecciones del estado.
Los demócratas temen que el aumento de los requisitos de identificación pueda privar de sus derechos a los votantes que no tengan a mano sus certificados de nacimiento o tarjetas de la Seguridad Social. Los republicanos sostienen que el paso adicional podría proporcionar otra capa de seguridad y aumentar la confianza de los votantes en un sistema imperfecto en el que los votantes no ciudadanos se han colado en el pasado.
Con información de The Associated Press
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