El 25 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que exige a los estados que permitan a los observadores del Congreso supervisar las elecciones a cargos federales.
La Ley de Confirmación del Acceso de Observadores del Congreso de 2024, o Ley COCOA, fue aprobada por 413 votos a favor y 1 en contra. Ahora pasa a la firma del presidente Joe Biden. El Senado aprobó el proyecto de ley el 24 de septiembre por consentimiento unánime, donde no hay votación nominal, ya que ningún senador tenía objeciones a la medida.
Si bien es responsabilidad de los estados administrar las elecciones, el Congreso tiene la autoridad de «enviar observadores electorales del Congreso para observar los lugares de votación, cualquier lugar donde se estén procesando, escaneando, tabulando, escrutando, recontando, auditando o certificando los resultados de la votación, o cualquier otra parte del proceso» relacionado con una elección al Congreso, según el proyecto de ley.
Esto está de acuerdo con el Artículo I de la Constitución, parte del cual dice: «Cada cámara será juez de las elecciones, los resultados y las calificaciones de sus propios miembros, y la mayoría de cada una constituirá quórum para tratar los asuntos; pero un número menor podrá levantar la sesión de un día para otro, y podrá ser autorizado para obligar la asistencia de los miembros ausentes, de la manera y bajo las penas que cada cámara disponga».
Los observadores electorales serían designados por el presidente y el miembro de mayor rango de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Reglamento y Administración del Senado. Los observadores serían miembros del personal del Congreso.
Según el proyecto de ley, los funcionarios electorales estatales y locales podrán expulsar a los observadores electorales del Congreso si hay motivos para creer que el funcionario «ha participado o participará inminentemente en prácticas intimidatorias o engañosas prohibidas por la ley federal, o en la interrupción de la votación, el procesamiento, el escaneo, la tabulación, el escrutinio o el recuento de votos, o la certificación de los resultados, un funcionario electoral estatal o local podrá expulsar a ese observador de la zona en cuestión».
Un observador que simplemente esté presente en cualquier área en la que se emita, procese, escanee, tabule, escanee, recuente, audite o certifique un voto, incluso durante los procedimientos pre y postelectorales, y que haga preguntas no sería razón suficiente para expulsarlo, según el proyecto de ley.
Mientras estén presentes, se prohíbe a los observadores manipular boletas o equipos electorales, ya sean de votación o no, de tabulación o no; interferir con los votantes; o interferir de cualquier otro modo en el proceso de administración electoral.
Según la legislación, la comisión de la que procedía el observador debe ser informada de la medida en un plazo de 24 horas. La persona que designe al observador destituido, ya sea presidente o miembro de mayor rango de la comisión de la Cámara de Representantes o del Senado, también podrá nombrar a un observador sustituto en el Congreso.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para preguntarle si apoya el proyecto de ley.
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