El 12 de abril, la Cámara presentó una versión modificada de un proyecto de ley para reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Con la aprobación de la norma que rige el proyecto de ley, un paso procesal intermedio antes de la aprobación final, el proyecto de ley en sí estará listo para ser votado en la Cámara de Representantes hoy mismo.
La legislación superó el obstáculo de procedimiento con una votación de 213 a 208, y todos los republicanos apoyaron el avance de la moción.
La legislación FISA incluida en la norma es una versión modificada de la “Ley para reformar la inteligencia y asegurar a Estados Unidos” de la representante Laurel Lee (R-Fla.) que prorrogaría la controvertida autoridad de espionaje durante dos años, una reducción respecto a la prórroga de cinco años rechazada por la Cámara a principios de esta semana.
La norma acordada en el comité también permitirá votar una enmienda que exige una orden judicial para examinar los datos de los estadounidenses incluidos en el programa de vigilancia extranjera sin orden judicial.
La aprobación de la regla modificada por la Cámara se produce después de que un borrador anterior del proyecto de ley fuera rechazado por 19 republicanos, que se unieron a los demócratas a principios de esta semana para rechazar la regla, sobre la base de que no iba lo suficientemente lejos para reformar el sistema y proteger las libertades civiles.
El proyecto de ley reformaría la Sección 702, aprobada en 2008 y que permite a los funcionarios de inteligencia recopilar información sobre actores extranjeros que trabajan fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, desde que el proyecto de ley fue reautorizado por estrecho margen por el Congreso en 2018, han salido a la luz una serie de abusos que han puesto en duda el futuro de todo el proceso.
Estas cuestiones han dividido al Congreso y estimulado la formación de alianzas poco probables entre partidos en ambos lados del problema.
En 2021, se descubrió que se habían realizado 3.3 millones de consultas sobre estadounidenses en virtud de la Sección 702.
Aunque hubo menos el año siguiente, todavía se descubrieron casi 300,000 consultas.
El mismo mecanismo se utilizó para espiar indebidamente la campaña de 2016 del expresidente Donald Trump durante la desafortunada investigación Crossfire Hurricane, que se basó en la falsa noción de que su campaña estaba trabajando con Rusia.
¿Qué hay en el proyecto de reforma?
En respuesta a estos y otros abusos denunciados, el proyecto de ley de la Sra. Lee introduciría algunos cambios en la forma en que se recopila la información y las salvaguardias en torno a tales acciones.
Principalmente fortalecería los requisitos para “garantizar que las solicitudes al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera… dirigidas a personas estadounidenses sean precisas y completas”.
Otras disposiciones reducirían drásticamente el número de personas autorizadas a realizar y autorizar consultas FISA, lo que, según sus defensores, ayudaría a garantizar que se cumpla la ley.
Otra disposición exigiría una prohibición absoluta al uso de la Sección 702 para recopilar pruebas de un delito.
Estas reformas “dejarán en claro que se trata de una herramienta de inteligencia, no de aplicación de la ley”, dijo Jim Himes (D-Conn.), miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un partidario, durante una audiencia anterior del Comité de Reglas.
También fortalece las penas por consultas ilegales, imponiendo una multa o hasta 10 años de prisión federal por violaciones.
Finalmente, facilitaría que el Congreso ejerza la supervisión del programa.
Pero los defensores de la privacidad se han enfadado con el proyecto de ley, que consideran no va lo suficientemente lejos para abordar los abusos que han salido a la luz en los últimos años, específicamente en su ausencia de una orden judicial, el tema clave que ha dividido al Congreso en el manejo de la reautorización FISA.
No está claro si la enmienda a la orden judicial se aprobará, ya que miembros de ambos partidos han expresado su apoyo y oposición a un requisito de orden judicial en igual medida.
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