La Cámara de Representantes aprobó el 19 de abril un proyecto de ley que exige al Departamento de Estado que aborde el uso de equipos y servicios de telecomunicaciones problemáticos, exigiendo que las empresas que cotizan en la bolsa revelen si utilizan dichos equipos o servicios.
La votación final fue de 410-8 preferencias a favor. Cuatro republicanos y cuatro demócratas votaron en contra de la medida.
El proyecto de ley significa que las empresas públicas están obligadas a revelar anualmente si utilizan equipos o servicios de las empresas chinas ZTE y Huawei, ambas prohibidas en Estados Unidos.
«Los informes nos han mostrado cómo Huawei y ZTE operan como vehículos para que el Partido Comunista Chino (PCCh) cometa violaciones de los derechos humanos contra el pueblo uigur, lleve a cabo una vigilancia masiva y difunda esa tecnología a otros regímenes autoritarios», dijo la representante Susan Wild (D-Pa.) en una declaración después de que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara aprobara el proyecto de ley en 2022. El Senado no retomó su curso.
«Ante esta amenaza, debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger nuestra seguridad nacional y nuestros intereses, ayudar a nuestros aliados a tomar medidas vitales para su propia seguridad y defender con firmeza los derechos fundamentales», añadió Wild.
El proyecto de ley obligaría al secretario de Estado a presentar un informe «sobre la prevalencia de equipos o servicios de telecomunicaciones no fiables en las redes de los aliados y socios de Estados Unidos» a determinadas comisiones del Congreso en un plazo de 180 días tras la promulgación de la ley, y a hacerlo anualmente durante los dos años siguientes.
Dichas comisiones son las de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Energía y Comercio, Relaciones Exteriores del Senado y Comercio, Ciencia y Transporte.
La medida exigiría también al secretario de Estado que presente un informe ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, «que contenga una evaluación del uso de los equipos o servicios de telecomunicaciones cubiertos en las embajadas de Estados Unidos y por parte del personal de las embajadas de Estados Unidos».
El proyecto de ley, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, permitiría al Departamento de Estado y a la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos «proporcionar apoyo diplomático y técnico a los países que están trabajando para asegurar su infraestructura de telecomunicaciones».
Está por verse si el proyecto de ley será retomado por el Senado en esta ocasión. Se desconoce públicamente si el presidente Joe Biden firmaría o vetaría la ley en caso de que fuera enviada a su mesa.
El proyecto de ley señalaba que «el Interventor General de los Estados Unidos ha informado de que el 23% de todos los fabricantes de dispositivos de telecomunicaciones del Departamento de Estado tienen al menos un proveedor con sede en la República Popular China o la Federación Rusa».
Además, el contralor general «ha informado de que el cuatro por ciento de todos los contratistas de telecomunicaciones del Departamento de Estado tienen al menos un proveedor con sede en la República Popular China».
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