La Cámara de Representantes de Florida aprobó el miércoles un proyecto de ley que convertiría en ley la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis que prohíbe los llamados «pasaportes de vacunación», credenciales que podrían adoptar la forma de una aplicación o de un documento físico que indique si alguien ha sido inoculado contra el virus del PCCh, causante de la enfermedad COVID-19.
Los legisladores votaron 76-40 para aprobar la prohibición del pasaporte de vacunación como parte de un proyecto de ley de emergencia más amplio, llamado SB 2006, que incluye disposiciones en torno a la autorización de la financiación de emergencia y la limitación de las órdenes de emergencia locales, y al mismo tiempo busca «minimizar los efectos negativos de una emergencia prolongada», como los asociados al cierre de escuelas y negocios.
Parte de la medida prohíbe a las agencias emitir pasaportes contra la COVID-19 y prohíbe a los negocios de Florida exigir a los clientes que muestren documentación que demuestre que han sido vacunados o que se han recuperado de la COVID-19.
«Una entidad comercial (…) no puede exigir a los usuarios o a los clientes que proporcionen documentación que certifique la vacunación contra la COVID-19 o la recuperación después de la infección para obtener acceso, entrada o servicio de las operaciones comerciales en este estado», afirma el texto del proyecto de ley, que prevé una multa de 5000 dólares por cada infracción.
El representante estatal Tom Leek, un republicano que patrocinó el proyecto de ley, dijo al News Service of Florida el 28 de abril que la medida establece un «delicado equilibrio entre la protección de la gente y la protección de las libertades civiles de las personas».
«Debemos reconocer que las dudas sobre las vacunas son reales y comprensibles», dijo Leek, según el medio. «No me malinterpreten. Para todos los que están en esta sala, para todos los que están escuchando ahí fuera, vacúnense. Por favor, vacúnense. Volvamos a la normalidad. Pero reconozcan que es justo que un cierto segmento de nuestra comunidad dude en vacunarse».
El representante Omari Hardy, demócrata, argumentó en contra de la prohibición.
«Si a usted le importa mantener Florida abierta, y asegurarse de que no estamos perdiendo puestos de trabajo debido a la pandemia, ¿por qué impediría a la gente promulgar políticas que den a sus clientes la seguridad, la confianza de que pueden entrar en un negocio, y que estarán a salvo?», dijo Hardy, según el News Service of Florida.
La medida volverá ahora al Senado para su aprobación y, posteriormente, al escritorio de DeSantis para su firma.
DeSantis, que ha sido un crítico acérrimo de los pasaportes de vacunación, firmó el 2 de abril una orden ejecutiva que prohíbe su uso en Florida.
«Hoy he emitido una orden ejecutiva que prohíbe el uso de los llamados pasaportes de vacunación COVID-19», escribió DeSantis en un tuit. «La Legislatura está trabajando para hacer permanentes estas protecciones para los floridanos y espero promulgarlas como ley pronto».
Los pasaportes de vacunación han sido criticados por grupos de libertades civiles, que dicen que potencialmente violarían los derechos de privacidad de los estadounidenses al tiempo que negarían servicios clave a las personas que no están vacunadas.
Ha habido planes para imponer una prohibición del pasaporte de vacunación a nivel federal. El representante Andy Biggs (R-Ariz.) presentó un proyecto hace unas semanas que prohibiría a las agencias federales crear tales credenciales.
El proyecto de ley propuesto, denominado Ley de No Pasaportes de Vacunación (pdf), establecería prohibiciones que impedirían a las autoridades federales emitir en el futuro cualquier documentación estandarizada que pudiera utilizarse para certificar el estado de vacunación contra la COVID-19 de terceros, como aerolíneas o restaurantes.
«Una agencia no puede emitir un pasaporte de vacunación, un pase de vacunas u otra documentación estandarizada con el fin de certificar el estado de vacunación contra la COVID-19 de un ciudadano de los Estados Unidos a un tercero, o publicar o compartir cualquier registro de vacunación contra la COVID-19 de un ciudadano de los Estados Unidos, o información de salud similar», dice el proyecto de ley.
El proyecto de ley también prohibiría que la prueba de la vacunación contra la COVID-19 fuera un requisito para acceder a los bienes y servicios federales o del Congreso, dijo la oficina de Biggs en un comunicado.
«Mis decisiones privadas en materia de salud —y las suyas— no son asunto de nadie más», dijo Biggs en un comunicado. «Los pasaportes de vacunación no ayudarán a nuestra nación a recuperarse de la COVID-19, sino que simplemente impondrán más vigilancia del Gran Hermano en nuestra sociedad».
La Casa Blanca ha dicho que la Administración Biden se opone a los pasaportes de vacunación federales obligatorios, aunque la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que la administración está trabajando en unas directrices para las empresas privadas en relación con el uso de tales sistemas.
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