WASHINGTON— En su primer día de regreso del receso de verano, los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaron una serie de leyes relacionadas con China. Dos proyectos de ley dignos de mención exigen que las empresas biotecnológicas chinas se incluyan en una lista y que se financie al Departamento de Estado para que coordine los esfuerzos para contrarrestar la influencia maligna del régimen chino.
En medio de otras prioridades, sobre todo la presión para aprobar proyectos de ley de gastos, la Cámara votó de forma bipartidista añadir una «Semana de China» al calendario. El apoyo generalizado es indicativo del consenso del Congreso en que el régimen comunista chino supone el riesgo más importante para la seguridad nacional y los valores de Estados Unidos.
Los 15 proyectos de ley, la mayoría de los cuales se tramitaron por la vía rápida con un debate de 40 minutos y una votación a viva voz, se centran en hacer frente a la amenaza que supone el Partido Comunista Chino para Estados Unidos en dos ámbitos: la tecnología y la influencia.
Seis proyectos de ley pretenden prohibir que la China comunista vulnere la seguridad de Estados Unidos a través de dispositivos inseguros o de la recopilación de datos depredadores, incluidos los drones chinos, las grúas portuarias y las empresas de biotecnología que recopilan datos genéticos de estadounidenses.
Otros cuatro proyectos de ley pretenden apoyar el liderazgo tecnológico mundial de Estados Unidos defendiéndose del espionaje chino y reforzando el control de las exportaciones.
Además, dos proyectos pretenden reducir la influencia del PCCh dentro y fuera de Estados Unidos.
Protección frente a la tecnología del PCCh
Los proyectos de ley relacionados con China muestran una gran preocupación por el uso de la tecnología por parte del régimen comunista para infiltrarse en las infraestructuras críticas de Estados Unidos o recopilar datos personales de los estadounidenses.
La representante Elise Stefanik (republicana de Nueva York) considera necesario restringir aún más el uso de drones chinos, que se cree recopilan datos en suelo estadounidense. Los drones fabricados por la empresa china DJI representan alrededor del 80 por ciento del mercado estadounidense y el 90 por ciento de los drones utilizados por las agencias de seguridad pública de Estados Unidos.
La Ley Contra los Drones del PCCh exigirá a la Comisión Federal de Comunicaciones que prohíba los equipos de la empresa china de drones DJI. El Departamento de Defensa ha clasificado a DJI como empresa militar china y ha prohibido su uso en el ejército estadounidense.
En julio se presentó una versión en el Senado, que actualmente se encuentra en la Comisión de Comercio.
La Ley BIOSECURE, otro proyecto de ley bipartidista, prohíbe al gobierno federal contratar y financiar empresas biotecnológicas chinas y empresas biotecnológicas de adversarios extranjeros de interés. La legislación se centra en varias de las principales empresas biotecnológicas chinas, como Beijing Genomics Institute (BGI Group), MGI, Complete Genomics, WuXi AppTec y WuXi Biologics, y cita el riesgo de que estas empresas puedan transferir datos de estadounidenses al PCCh si el régimen lo ordena.
Una preocupación clave para este sector, en comparación con otras industrias de alta tecnología como la de semiconductores, es el elemento moral y ético. Si China logra primero el dominio de las biotecnologías de vanguardia, establecerá la norma ética de una manera que favorecerá al PCCh y se basará en sus valores socialistas autoritarios, mientras que perjudicará a las democracias liberales occidentales que probablemente regularían la tecnología de manera diferente.
Por ello, los legisladores quieren impedir que el gobierno federal estadounidense financie a las empresas biotecnológicas chinas y garantizar que estas compañías no tengan acceso a los datos estadounidenses. La versión del Senado de la Ley BIOSECURE se presentó en diciembre pasado y ha sido aprobada por el Comité de Seguridad Nacional.
El congresista demócrata Jim McGovern expresó su preocupación por el hecho de que los Departamentos de Comercio y Defensa no incluyan actualmente en sus listas negras a las empresas mencionadas en el proyecto de ley. McGovern, que está sancionado por China, dijo que quiere un «proceso más minucioso» en la prohibición de empresas específicas. Solicitó una votación registrada, y el proyecto fue aprobado por la tarde con 306 votos a favor y 81 en contra.
WuXi Biologics anunció en enero que ampliaría sus instalaciones en el distrito de McGovern, añadiendo 250 puestos de trabajo.
El representante John Moolenaar (republicano de Michigan), presidente del grupo sobre China de la Cámara de Representantes y uno de los promotores originales de la Ley BIOSECURE, declaró a The Epoch Times en un correo electrónico: «Es deber constitucional del Congreso redactar las leyes de seguridad nacional, y eso incluye la autoridad para investigar y nombrar en la ley a empresas controladas por extranjeros debido a la amenaza que suponen para la seguridad nacional. Y no se equivoquen: BGI, WuXi AppTec y Wuxi Biologics suponen amenazas inaceptables para la seguridad nacional. Las pruebas son claras y están a disposición de todos los representantes».
Frenar la influencia china en suelo estadounidense
La Ley de Autorización del Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la RPC autorizará 325 millones de dólares para que el Departamento de Estado contrarreste la influencia maligna del PCCh, definida como «el fomento de un orden internacional alternativo y represivo que refuerce las ambiciones hegemónicas del PCCh y China» o socave la seguridad nacional de Estados Unidos. El proyecto fue aprobado por 351 votos a favor y 36 en contra.
Otro proyecto de ley sobre China patrocinado por Stefanik también fue aprobado por la Cámara: la Ley de Transparencia de las Comunicaciones de Adversarios Extranjeros, que exige a la FCC que publique una lista de las empresas con licencia de la agencia federal pero cuya propiedad pertenece a China.
Los proyectos de ley propuestos tienen un alcance relativamente reservado y es probable que obtengan un amplio consenso bipartidista, en parte debido a la escasa mayoría de cuatro escaños de los republicanos.
Varios de estos proyectos de ley solo buscan evaluaciones preliminares del riesgo en cuestiones relacionadas con China, dejando de lado cuestiones que requieren medidas más concretas, como la restricción de las inversiones salientes hacia China y el fin del privilegio de minimis, que exime de aranceles a los envíos de menos de 800 dólares sobre los productos fabricados en China.
El presidente Joe Biden no ha indicado si respalda la iniciativa, que probablemente sería necesaria para que los proyectos de ley sean aprobados por el Senado, controlado por los demócratas.
Catherine Yang contribuyó con este informe.
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