Camboya dio hoy un paso más para dejar atrás el capítulo más negro de su historia moderna tras declarar a los dos últimos líderes vivos del Jemer Rojo culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad, y condenarles a cadena perpetua.
El tribunal auspiciado por la ONU concluyó así la causa contra la cúpula del régimen liderado por Pol Pot que entre 1975 y 1979 causó cerca de dos millones de muertos a causa de trabajos forzados, enfermedades, hambruna y purgas políticas.
El ex «número dos» e ideólogo de la organización comunista, Nuon Chea de 92 años, y el antiguo jefe de Estado de ese régimen, Khieu Samphan de 87, son los únicos miembros del estrecho círculo dirigente que han sobrevivido lo suficiente para oír una sentencia condenatoria.
«Hoy se ha hecho justicia», dijo a la prensa el subsecretario general de Asuntos Legales de la ONU, Miguel de Serpa Soares, tras la vista.
«Aunque la justicia ha prevalecido, nuestros pensamientos están con las víctimas de los crímenes inenarrables que se cometieron en este país», añadió.
Ayudado por los guardas, Khieu Samphan se levantó para escuchar la sentencia leída por el juez Nil Nonn que Nuon Chea oyó desde su celda tras recibir el permiso de los magistrados para ausentarse de la sala principal del tribunal.
El fallo reconoció por primera vez la comisión de genocidio por parte del Jemer Rojo contra las minorías vietnamita y la musulmana cham, y declaró a los dos acusados culpables de ese delito, si bien eximió a Khieu Samphan en el segundo caso por falta de pruebas concluyentes sobre su intencionalidad.
La decisión dejó satisfecho a Seng Ya, miembro de la comunidad cham de 73 años, que se encontraba entre el numeroso público que llenó la sala del tribunal.
Tras la vista, Seng explicó a Efe que solo 50 de las mil familias de su aldea sobrevivieron al régimen y dijo que espera que la sentencia alivie y aporte una sensación de justicia a todas las víctimas.
El juez también declaró a los acusados culpables de crímenes contra la humanidad -incluidos asesinato, exterminio, deportación, esclavitud, tortura, persecución por razones políticas, religiosas y étnicas- crímenes de guerra y actos inhumanos, como desapariciones, matrimonios forzados y violación.
La fiscalía celebró la decisión de los jueces en este caso del que «casi todo el mundo (en el país) fue víctima de una u otra manera» y destacó la importancia del reconocimiento como delito de los matrimonios forzados y las violaciones.
«(Las víctimas) querían el reconocimiento internacional y ahora ya lo tienen», dijo a la prensa Nicholas Koumjian, uno de los fiscales.
El gobierno camboyano también aplaudió la sentencia y el trabajo realizado por el tribunal a través del viceprimer ministro, Bin Chhin que calificó la jornada como un «día histórico».
Las defensas, que habían rechazado las acusaciones al considerar que la responsabilidad e intencionalidad de los acusados no había sido probada, mostraron en cambio su disconformidad y anunciaron que presentarán recursos de apelación.
«No estamos contentos con el veredicto», dijo a la prensa el abogado de Khieu Samphan, Kong Sam Onn, quien calificó el fallo como «muy confuso».
El juez Nil Nonn decretó la fusión de la condena con la que ya fue impuesta a los dos exdirigentes en una fase anterior del juicio, que se centró en la evacuación forzosa de centros urbanos y las ejecuciones de adversarios tras el final de la guerra civil.
Las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya, nombre oficial del tribunal, decidió segregar esta causa debido a su complejidad y el temor de que los acusados, de edad avanzada y salud frágil, murieran antes de que se dictara sentencia.
El juicio contra la cúpula del Jemer Rojo comenzó en 2011 con dos acusados más, el exministro de Asuntos Exteriores Ieng Sary, y su esposa y exministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith, que murieron en 2013 y 2015 respectivamente.
Pol Pot, murió en 1998 en el último bastión de la guerrilla maoísta en la selva del norte de Camboya, prisionero de sus propios correligionarios y meses antes de que estos acordaran su disolución con el gobierno de Phnom Penh.
El tribunal, en marcha desde 2006 tras una larga negociación entre la ONU y el gobierno, ha recibido críticas por la duración del proceso, su elevado costo (300 millones de dólares) y las interferencias políticas del gobierno camboyano.
La primera sentencia se emitió en julio de 2010 contra Kaing Guek Eav, alias «Duch», a quien se impuso una condena de 35 años, elevada en apelación a cadena perpetua por su responsabilidad en la tortura y muerte de más de 12.000 personas en la prisión S-21.
La corte trabaja en dos casos más contra cuatro cargos intermedios pese a la oposición de jueces y fiscales camboyanos del tribunal y la obstrucción del gobierno, en cuyas filas hay varios exjemer rojo, incluido el primer ministro, Hun Sen, quien se opuso a la apertura de nuevas causas.
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