Opinión
Este domingo 19 de mayo se llevará a cabo el debate más importante de la actual elección presidencial. Se hablará de la seguridad en el país. Lo que es lo mismo, de la crisis de inseguridad que padecemos.
Por desgracia, los formatos del INE —los cuales no tienen que ver con un debate presidencial— y la idea absurda de que se deben recitar propuestas generales —que sólo constituyen promesas y compromisos vagos olvidados en su momento desde el poder—, afectarán un verdadero debate.
Sin embargo, debe darse, lo que se pueda y como se pueda. El destino del país está en saber cuál es la comprensión que las candidatas tienen sobre el tema, porque este tercer debate va a influir, como un contagio, en los votos todavía indecisos.
Lo que diga o piense Jorge Alvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, no tiene ningún interés. Sucede lo contrario con la candidata oficial y con la opositora. Pero cabe preguntarse si ambas están preparadas para este tema. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez han quedado a deber.
La señora Sheinbaum, con la camisa de fuerza impuesta que la obliga a sostener que en esta materia —como en otros rubros— el gobierno del presidente López Obrador ha tenido maravillosos resultados, ha terminado por enredarse con las cifras: sí ha crecido el número de homicidios, pero ha decrecido la expansión de la inseguridad, dijo ella, o algo así, o como proclamó textualmente el presidente y lo avala la candidata de Morena: “No hay más violencia, hay más homicidios“ (sic).
Por su parte, la señora Xóchitl ha repetido en momentos tan sólo los lugares comunes de los especialistas en la materia, una especie de plaga profesional que lleva años proponiendo lo mismo sin grandes resultados positivos. Por ejemplo, dijo lo de “más inteligencia”, como si no hubiera ya suficientes “servicios de inteligencia” y además C5, C4, C2 por todo el país. Esperamos que no estuviera reivindicando el programa tecnológico de su amigo Marcelo Ebrard, un negocio que este hombre ha preparado con sus amigos chinos, que consiste en una tecnología invasiva de los ciudadanos, propia de sistemas totalitarios.
Más interesante es lo que algún documento de su campaña sostiene y ella alguna vez dijo con acierto: “es necesario fortalecer los sistemas municipales y estatales de seguridad”. Llevo años sosteniendo esta idea. El problema es desglosar qué significa “fortalecer”: depurar, dar recursos suficientes materiales y económicos, capacitación, seguridad social de los integrantes, infraestructura adecuada. O sea, un proyecto titánico, como se ve, en ese sentido algo más que “fortalecer”.
Hay así dudas de que las candidatas tengan elementos para un debate sustantivo en la materia, el cual debería definir esta elección, pues es el tema donde hay dos caminos contrapuestos y en el cual la capacidad de liderazgo es definitiva.
Lo que se juega es el destino de nuestro país. Nos encaminamos paso a paso así como vamos hacia convertirnos en un Estado fallido. Y esto no es un juego. Se trata de la seguridad pública y de la seguridad nacional al mismo tiempo.
El panorama es desolador. Según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general VanHerk, los grupos criminales prácticamente controlan ya con su presencia dominante el 35% del territorio mexicano. ¡Eso dijo en marzo de 2021! Fue hace tres años y la situación no ha mejorado, sino al contrario.
Otro acierto de la candidata opositora consiste en señalar la extorsión de los criminales como uno de los elementos decisivos de la inseguridad, pues perjudica a los ciudadanos como víctimas directas o como efecto económico al convertirse en un segundo impuesto a los negocios y productos de consumo.
Esta doble tributación está hablando de dos Estados, el legal y el criminal. Y esta convivencia aceptada es lo que crea un Estado fallido: una autoridad que manda poco y una autoridad criminal que manda mucho, los delincuentes convertidos en auténticos señores de la guerra. El problema es cómo acabar con esto.
Y llegamos así a la clave de la inseguridad mexicana. No hay otra más que la complicidad de las autoridades diversas con los criminales. Un Estado débil permite esto. ¿Así ha sido siempre en México?
No, no lo era, hasta el grave error estratégico del gobierno de Felipe Calderón. De buenas intenciones está a veces conformado el camino del infierno. Yo no dudo de la buena fe del presidente Calderón, pero no controló que el secretario de seguridad Genaro García Luna jugara en México con la estrategia de la DEA en Colombia: apoyarse en el Cártel menos violento, el de Cali, para combatir al Cártel más peligroso, el de Medellín, de Pablo Escobar.
Yo no olvido que la directora de la DEA de la época dijera en un discurso en Cancún, cuando se sumaban ya 17 mil muertos por la guerra del narco, que esto era una muestra de que “la estrategia estaba siendo exitosa”, en relación a su manejo con los distintos Cárteles.
Por eso me estremezco cuando escucho a los especialistas seguir recomendando atacar preferentemente al Cártel más violento. Esto no es una estrategia, esto es una traición a las leyes, a la gobernabilidad y a la autoridad autónoma del Estado, de hecho corrompe el principio mismo del Estado.
El origen de la expansión de la guerra del narco en México estuvo aquí, pues todos los Cárteles mexicanos son extremadamente violentos y esa estrategia, al militarizar totalmente la cuestión, provocó la militarización de los narcos con la creación de pequeños ejércitos de sicarios para controlar las plazas y que se financian con la diversificación de los delitos, como la extorsión, el secuestro, la trata, el tráfico de seres humanos, hasta la búsqueda del control político directo y al estilo de la mafia siciliana, los negocios públicos. Ahora aspiran a ser un Estado dentro de un Estado y a mantener su predominio como los señores de la guerra.
Hace unos 15 años escribí junto con Federico Piña Arce —quien fuera un eficiente secretario de seguridad pública en Iztapalapa—, un ensayo publicado por una revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde preveíamos las consecuencias de una mala estrategia de seguridad.
Eran los tiempos en que Joaquín Villalobos, uno de los comandantes del Frente Farabundo Martí (FMLN) de El Salvador, acusado de asesinar al poeta Roque Dalton y que en ese tiempo había sido contratado por el gobierno mexicano como un “especialista en seguridad”, era promovido por su apoyo a la guerra del narco, en el ataque “al Cártel más violento”. Le pedimos al intelectual Héctor Aguilar Camín que nos permitiera debatir su tesis, pero no lo aceptó.
O sea, ese tipo de debate es público y es viejo, pero ahora, encarnado por sendas candidatas a la presidencia de la República, es decisivo. ¿Sabrán centrarse en el tema? El principal punto es si existen en su círculo cercano, en su propuesta política, personajes relacionados o acusados de complicidad con las organizaciones criminales.
En forma complementaria, los otros dos temas deberían consistir en: 1. Devolver la seguridad a los mexicanos con corporaciones locales financiadas, preparadas y funcionales, apoyadas por las fuerzas federales, según sea el caso y 2. Un programa auténtico —no como el mal llevado en el gobierno de Enrique Peña—, de previsión social, para restaurar el lastimado tejido social, donde crecen como parásitos venenosos los criminales. Esperamos, hasta donde se pueda y tengan capacidad las candidatas, un verdadero debate sobre la inseguridad en México.
Y, por cierto, no sería mala idea de que posteriormente al domingo, las dos se sometieran —con una empresa profesional y neutra— a un control de confianza con dos preguntas básicas: a) ¿aceptan entre sus colaboradores a personajes acusados de estar ligados a grupos criminales?, b) ¿aceptan que las organizaciones criminales sustituyan al Estado mexicano en el control de distintas regiones del país? Quien mienta en esto, no merece ser presidenta de México. ¿Estarían dispuestas? En México, lo más sencillo es imposible.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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