Alrededor de 3000 migrantes partieron el domingo en una gran caravana desde el sur de México y comenzaron a caminar hacia el norte. Los organizadores dijeron que era una protesta para exigir el fin de los centros de detención como el que se incendió el mes pasado, matando a decenas de personas.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, comenzaron su caminata al norte a primera hora del domingo en Tapachula, una ciudad de México cercana a la frontera con Guatemala.
Ellos declararon que su objetivo es llegar a Ciudad de México en unos 10 días y pedir el cierre de los centros de detención.
Las caravanas anteriores que comenzaron en el sur de México se han dirigido normalmente hacia el norte, en dirección a Estados Unidos. Los migrantes a menudo ven estas caminatas masivas como una forma de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
«Nos unimos a la caravana para estar más seguros y no ser detenidos», dijo Yoani, una migrante venezolana que solo dio su nombre de pila, en una entrevista telefónica con Reuters.
Una vez en Ciudad de México, ella y su familia esperaban acelerar el proceso legal para seguir viajando.
No está claro cuántos de los manifestantes planean continuar hacia Estados Unidos.
Incendio mortal
El organizador de la Caravana, Irineo Mújica, dijo a The Associated Press que los migrantes exigen el cierre de la agencia de inmigración de México, a la que algunos han culpado de un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez el 27 de marzo, que mató a 40 personas e hirió a docenas más.
«Bien podría haber sido cualquiera de nosotros», dijo la migrante salvadoreña Miriam Argueta, sobre los fallecidos en el incendio, según la agencia AP. «De hecho, murieron muchos de nuestros compatriotas. Lo único que pedimos es justicia y que nos traten como a cualquier otra persona».
El incendio del 27 de marzo comenzó cuando los migrantes prendieron fuego a los colchones de espuma al enterarse de que iban a ser deportados, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Las imágenes de vídeo del incendio mostraron a tres funcionarios uniformados que salían de la habitación y parecían dejar a los migrantes en celdas cerradas mientras el fuego se propagaba.
Cinco personas se enfrentan a cargos de homicidio por el incendio mortal, incluidos tres agentes de inmigración y un guardia de seguridad privada, así como un hombre venezolano que se cree que provocó el incendio.
Mújica, líder del grupo activista Pueblos Sin Fronteras, calificó los centros de detención de «cárceles».
«Nosotros estamos pidiendo al gobierno que se haga justicia con los asesinos, que dejen de esconder a los altos funcionarios», dijo Mújica a la agencia AP en Tapachula, antes de que la caravana emprendiera su camino hacia el norte. «También estamos pidiendo que se acaben estas cárceles y que se disuelva el Instituto Nacional de Migración».
Algunos participantes de la caravana portaban cruces o pancartas en las que se leía «El gobierno los mató», en referencia a los que murieron en el incendio.
Después de salir alrededor del amanecer, los migrantes llegaron a un pueblo a unas nueve millas al norte de Tapachula antes de instalarse para pasar la noche.
Título 42
La caravana surgió en momentos en que la administración Biden espera levantar la norma del Título 42 el 11 de mayo, aunque hay demandas que intentan mantenerla en vigor.
La norma, de la era Trump, se promulgó durante la pandemia de COVID-19, y permite a los agentes fronterizos deportar inmediatamente a las personas que cruzaron ilegalmente la frontera con Estados Unidos.
A los inmigrantes ilegales procesados bajo los poderes del Título 42 no se les permite solicitar asilo mientras están en los Estados Unidos y son expulsados del país. El programa del Título 42 se ha utilizado más de 2.5 millones de veces para bloquear solicitudes de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha estado preparando para una mayor afluencia de inmigrantes ilegales para cuando se levante el Título 42. Inicialmente, estaba previsto que la norma finalizara el 21 de diciembre de 2022, pero se prorrogó por decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En enero, el DHS publicó un plan de seis pilares (pdf) sobre cómo piensa hacer frente a los retos que plantea la finalización programada del Título 42 y el importante cambio de política que esto representa.
El plan del Departamento incluye la tramitación acelerada de los inmigrantes ilegales detenidos en la frontera, más tiendas de detención temporal, aumento de la dotación de personal, refuerzo de la capacidad de las ONG para acoger a personas una vez tramitadas y aumento de la persecución penal de los traficantes.
El DHS calcula que entre 9000 y 14000 inmigrantes podrían intentar entrar ilegalmente en el país cada día cuando finalice la política del Título 42.
El Congreso Norteamericano sobre América Latina, que aboga por los migrantes, culpó a las condiciones de hacinamiento en el centro de detención de Ciudad Juárez debido a las órdenes de arresto de migrantes en la ciudad. También culpó a la política de inmigración de Estados Unidos, incluido el Título 42.
«Sin el Título 42, esas personas probablemente no habrían estado en México durante el prolongado período que condujo a su aprehensión en las calles de Juárez y detención en el ‘albergue'», dijo el grupo en una declaración.
Además de las demandas para mantener en vigor el Título 42, los senadores republicanos han presentado recientemente la ley Stop Fentanyl Border Crossings Act (Ley de Alto al Fentanilo en los Cruces Fronterizos), que añadiría el contrabando de drogas como fundamento adicional para la aplicación del Título 42.
El fentanilo es actualmente la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.
«Hay que poner fin al flujo incontrolado de fentanilo desde la frontera sur hacia nuestros barrios y comunidades», declaró el senador Mike Crapo (R-Idaho), uno de los copatrocinadores del proyecto de ley.
«El aumento vertiginoso de las muertes por sobredosis de drogas es una crisis de salud pública, y el gobierno federal debe disponer de todas las herramientas para combatir el contrabando de drogas y los cruces fronterizos ilegales hacia Estados Unidos», añadió el senador Crapo.
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