Los registros que muestran extranjeros inscritos para votar y que realmente votaron en las elecciones de Carolina del Norte serán divulgados por la junta electoral del estado como resultado de un acuerdo legal con un grupo de integridad electoral.
El anuncio del acuerdo (pdf), publicado el 31 de enero, se produjo semanas después de que Garbant Piquant, de Garner, Carolina del Norte, fuera detenido y acusado de afirmar falsamente que era ciudadano estadounidense para registrarse para votar, votar como extranjero y cometer fraude de pasaporte.
Las autoridades dicen que el nativo de Bahamas, que no es ciudadano estadounidense, votó en todas las elecciones primarias y generales desde 2018 hasta 2020, como informó previamente The Epoch Times.
La denuncia legal contra la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte y su directora ejecutiva Karen Brinson Bell fue presentada el 17 de junio de 2019 y posteriormente fue modificada.
Según la Fundación Legal de Interés Público, que presentó esta demanda en una corte federal de Carolina del Norte, el acuerdo es una victoria para la transparencia en las elecciones.
Gran victoria para la transparencia
La Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) establece que los funcionarios electorales deben permitir la inspección de todos los registros relacionados con el mantenimiento de las listas de votantes.
La junta electoral acordó resolver el caso después de que una corte federal de apelaciones determinara que la disposición de divulgación de la Ley Nacional de Registro de Votantes exige que los estados «pongan a disposición del público todos los registros relativos a la ejecución de programas y actividades realizadas con el fin de garantizar la exactitud y la vigencia de las listas oficiales de votantes elegibles».
«Esta es una gran victoria para la transparencia en las elecciones de Carolina del Norte», dijo el presidente de la Fundación Legal de Interés Público (PILF), J. Christian Adams, en una declaración proporcionada a The Epoch Times.
«El público tiene derecho a conocer las vulnerabilidades electorales», dijo Adams.
«Estos registros muestran de forma concluyente que los extranjeros se han estado registrando para votar y votando en las elecciones de Carolina del Norte. Es una pena que nuestros esfuerzos por divulgar estos registros se hayan encontrado con tanta resistencia por parte de los funcionarios electorales».
«La verdadera interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses se produce cuando los extranjeros votan. Esta victoria demuestra que son necesarios cambios en las políticas nacionales de registro de votantes para evitar que esto ocurra».
En el camino hacia el acuerdo, la demanda legal de la fundación fue desestimada por un tribunal de distrito estadounidense.
La Fundación Legal de Interés Público apeló a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU., que falló a favor del grupo el 10 de mayo de 2021, y restableció la demanda, devolviendo el caso al tribunal de distrito «para que se lleven a cabo más procedimientos consistentes con esta opinión».
El tribunal inferior se equivocó
La jueza del Circuito Federal Barbara Milano Keenan, que fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama, escribió en su opinión judicial que el tribunal de distrito se había equivocado al desestimar la demanda por no presentar una reclamación válida en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes, por lo que llamó «la naturaleza sensible de la información solicitada y el potencial de abuso». La aparente referencia a la información sobre ciudadanos estadounidenses inocentes que podría ser objeto de abuso.
El tribunal inferior se equivocó al desestimar el caso en una fase temprana del litigio, antes de que se hubiera realizado la presentación de pruebas, escribió Keenan.
La fundación, con sede en Indianápolis, se autodefine como «el único bufete de abogados de interés público del país dedicado enteramente a la integridad electoral», y afirma que existe «para ayudar a los estados y a otras personas a contribuir a la causa de la integridad electoral y luchar contra la anarquía en las elecciones estadounidenses».
La Fundación Legal de Interés Público (PILF) ostenta de haber «descubierto registros gubernamentales que muestran a extranjeros votando en todo Estados Unidos, incluyendo Pensilvania, Texas, Nueva Jersey y California».
El grupo tiene una demanda en curso actualmente en Pensilvania para obtener registros que implican «un fracaso de varias décadas para evitar que los extranjeros se registren y voten allí».
Patrick Gannon, director de información pública de la junta electoral de Carolina del Norte, ofreció la perspectiva de la junta sobre el acuerdo, que había votado por unanimidad para aceptarlo el 20 de enero.
El acuerdo exige que la junta entregue a la PILF los registros relativos a los procesos de auditoría y a las actividades de mantenimiento de las listas relacionadas con los ciudadanos no estadounidenses, a cambio de la desestimación completa de la demanda, dijo Gannon en una declaración en respuesta a una pregunta de The Epoch Times.
Proteger la privacidad
Gannon dijo que es importante que el acuerdo establezca que la junta «puede tachar toda la información que permitiría a la Fundación Legal de Interés Público (PILF) identificar personalmente a cualquier solicitante de registro individual que estuviera siendo revisado para un posible registro incorrecto, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de la Seguridad Social, números de licencia de conducir, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones de la calle, firmas y números de identificación utilizados para el registro y la votación».
La PILF trató de obtener esta información personal en el litigio, añadió.
El objetivo de la junta «fue en todo momento proteger la privacidad de las personas de las que solo se sospechaba que estaban registradas de forma incorrecta», dijo Gannon, añadiendo que la mayoría de esas personas resultaron ser ciudadanos debidamente registrados.
Tanto una corte federal de distrito como el Tribunal del 4º Circuito rechazaron el argumento de que la PILF debía obtener esa información personal, añadió, proporcionando un enlace a la opinión del tribunal del circuito escrita por el juez Keenan (pdf).
La junta electoral proporcionará los registros pero tachará toda la información de identificación personal, así como pagará a la PILF 5.000 dólares.
Anteriormente no se podía entregar los registros porque en ese momento un juez federal le había ordenado que no lo hiciera, indicó Gannon.
El acuerdo de conciliación «niega explícitamente que la junta estatal haya violado ninguna ley», dijo el director de información pública.
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