La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca violó la ley cuando retuvo la ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso, dijo la Oficina de Responsabilidad del Gobierno en una opinión legal del 16 de enero.
La OMB congeló los 250 millones de dólares aprobados por el Congreso y asignados al Departamento de Defensa para ayudar a Ucrania a revisar los problemas de corrupción en ese país, dijo el presidente Donald Trump. La oficina retuvo los fondos emitiendo una serie de documentos, nueve en total, que retrasaron su entrega a Ucrania. El secretario de Defensa Mark Esper dijo en diciembre de 2019 que la ayuda no tuvo ningún impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) dijo en el dictamen jurídico (pdf) que el retraso en la transferencia de los fondos, que finalmente fueron entregados a Ucrania, violaba la ley.
«La fiel ejecución de la ley no permite al presidente sustituir sus propias prioridades políticas por las que el Congreso ya ha promulgado como ley. La OMB retuvo los fondos por una razón política, lo cual no está permitido bajo la Ley de Control de Embargos (ICA). La retención no fue un retraso programado. Por lo tanto, concluimos que la OMB violó la ICA», escribió Thomas Armstrong, abogado de la GAO, en una opinión legal.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
«No he tenido la oportunidad de leer ese informe pero estoy muy contento de que Ucrania haya recibido su ayuda y la haya obtenido dentro del plazo establecido», dijo Kellyanne Conway, consejero de Trump, a los periodistas fuera de la Casa Blanca el jueves en la mañana. «Y es mucho más alto de lo que todos obtuvieron bajo la administración de Obama».
La OMB dijo a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que los fondos fueron congelados para asegurar que el dinero no se iba a utilizar «de una forma que pudiera entrar en conflicto con la política exterior del presidente». La oficina de presupuesto dijo que el retraso no violaba la ACI porque constituía un retraso programado. Un «proceso de desarrollo de políticas es una parte fundamental de la implementación del programa», así que su incautación de fondos por el bien de un proceso de políticas es programado, dijo la oficina.
La GAO dijo que las afirmaciones «no tienen base en la ley» porque los retrasos programados solo ocurren cuando una agencia «está tomando los pasos necesarios para implementar un programa, pero debido a factores externos al programa, los fondos temporalmente quedan sin obligación».
«Aquí no hubo ningún factor externo que causara un retraso inevitable», declaró Armstrong.
La GAO dijo que también estaba revisando si la OMB violó la ley al retener del Departamento de Estado los fondos de asistencia de seguridad destinados a Ucrania.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nita Lowey (D-N.Y.), dijo en una declaración que la opinión legal «confirmó lo que los demócratas del Congreso han entendido todo el tiempo: El Presidente Trump abusó de su poder y violó la ley al negar la asistencia de seguridad a Ucrania».
«El Congreso toma decisiones de financiamiento, y el embargo ilegal de la administración Trump de estos fondos vitales para la seguridad nacional fue un descarado asalto a los controles y equilibrios inherentes a nuestra democracia. Dado que esta conducta ilegal amenazó nuestra seguridad y socavó nuestras elecciones, siento con más fuerza que la Cámara ha elegido el curso correcto al destituir al Presidente Trump. Nadie está por encima de la ley», agregó.
El senador Chris Van Hollen (D-Md.) añadió que la opinión legal «demuestra, sin lugar a dudas, que la administración Trump retuvo ilegalmente la ayuda a Ucrania y la evidencia pública muestra que el propio presidente ordenó este acto ilegal».
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno se describe a sí misma como una agencia independiente y no partidista que trabaja para el Congreso.
La agencia «examina cómo se emplean los dólares de los contribuyentes y proporciona al Congreso y a las agencias federales información objetiva y fiable para ayudar al gobierno a ahorrar dinero y trabajar de forma más eficiente», afirma en su sitio web.
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