Algunos miembros del sector de los servicios financieros están nerviosos por la decisión que adopte la Corte Suprema en el caso de la impugnación, que se celebra esta semana, a la constitucionalidad de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB) por parte de una asociación del sector financiero.
Un fallo en contra del poderoso regulador en el caso CFPB vs Community Financial Services Association of America (CSFA) (expediente judicial 22-448), que se escuchará el 3 de octubre, podría causar grandes trastornos económicos, dijo un abogado que representa a grandes actores del sector financiero.
Al mismo tiempo, otro abogado rechazó estas advertencias apocalípticas, diciendo que incluso si el tribunal falla en contra de la agencia, probablemente no impediría que la CFPB funcione y le daría al Congreso la oportunidad de aprobar nueva legislación para corregir cualquier deficiencia constitucional que pueda encontrar.
La agencia federal, que regula productos financieros de consumo como tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles, fue creación de la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.). Los demócratas defienden ferozmente la CFPB, formada a raíz de la crisis financiera de 2008, diciendo que cumple una función útil como reguladora del poder corporativo. La legislación que la crea se promulgó en 2011.
Los republicanos acusan a la agencia de extralimitarse. La CFPB fue atacada por la administración Trump, que cuestionó su constitucionalidad.
La CFSA, que representa a los prestamistas de día de pago, demandó por la regla de la CFPB que impedía a los prestamistas tratar de retirar los pagos de las cuentas bancarias de los prestatarios después de dos intentos consecutivos fallidos debido a fondos insuficientes.
Un préstamo de día de pago es un préstamo a corto plazo, generalmente por una pequeña cantidad, como USD 500 o menos, que se espera pagar con el próximo cheque de pago del prestatario. Los préstamos con intereses altos, que generalmente requieren prueba de identidad, ingresos y una cuenta bancaria, atraen a prestatarios con mal crédito. El prestamista generalmente requiere un cheque firmado o permiso para retirar dinero electrónicamente de la cuenta bancaria del prestatario.
Inconstitucional
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló a favor de la CFSA y concluyó que el inusual mecanismo de financiación de la CFPB era inconstitucional, por lo que no podía dictar la norma.
Ese mecanismo se creó para mantener la independencia de la agencia. Aunque puede solicitar financiación al Congreso, la agencia está excluida del proceso normal de asignaciones del Congreso, y en su lugar recibe la mayor parte del dinero que necesita para funcionar del Sistema de la Reserva Federal, que recauda las cuotas de sus bancos asociados.
Pero esa independencia es precisamente lo que hace que el sistema de financiación sea inconstitucional, determinó el Quinto Circuito. El mecanismo viola la cláusula de asignaciones de la Constitución de Estados Unidos, que establece: «No se retirará dinero del Tesoro, sino como consecuencia de las asignaciones hechas por ley».
La cláusula “garantiza el poder exclusivo del Congreso sobre el erario federal”, que es necesario para garantizar que otras ramas del gobierno no excedan su autoridad, afirmó el tribunal de apelaciones.
“Dondequiera que esté la línea entre una agencia financiada constitucionalmente e inconstitucionalmente, este acuerdo sin precedentes la cruza”, afirmó el Quinto Circuito.
Christian Adams, exabogado del Departamento de Justicia, pareció sorprendido de que la Corte Suprema estuviera atendiendo el caso “súper complicado”.
“El Tribunal Supremo parece haberlo resuelto. Es un poco peculiar que Estados Unidos se haya atrincherado», dijo en una entrevista.
“Quiero decir, la Corte Suprema ya ha dictaminado que toda la agencia está fuera de los controles y contrapesos de la Constitución. Así que es difícil entender por qué tenemos que seguir recurriendo a la Corte Suprema respecto a eso”.
El Sr. Adams también es miembro en funciones de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y presidente de la Public Interest Legal Foundation.
Segunda impugnación en 3 años
Según señaló, esta es la segunda impugnación en tres años a la constitucionalidad del CFPB que llega a la Corte Suprema.
Esta apelación brinda a la mayoría conservadora de 6 a 3 del tribunal la oportunidad de continuar su campaña para restringir el llamado estado administrativo restringiendo la autoridad de los reguladores.
La Corte Suprema emitió un fallo en junio de 2020 modificando la estructura de la oficina, pero manteniendo su constitucionalidad.
En el caso Seila Law LLC vs la CFPB, el tribunal sostuvo por 5 votos a 4 que la estructura de la CFPB era inconstitucional, porque su director, que debe ser confirmado por el Senado de EE.UU., no podía ser despedido por el presidente a voluntad y que, por tanto, la agencia estaba aislada de la responsabilidad política. El tribunal sostuvo que la agencia podía seguir existiendo en virtud de nuevas normas que permitían al presidente despedir a su director a voluntad.
En el fallo de la Ley Seila, el tribunal señaló la existencia del controvertido sistema de financiación, pero no lo derribó, como esperaban algunos críticos de la agencia.
Pero el nuevo caso podría tener consecuencias catastróficas si la Corte Suprema no actúa con cuidado, le dijo a The Epoch Times un abogado que representa a poderosos grupos de presión del sector.
“Caminando por un campo minado”
Robert Loeb, socio del bufete Orrick, Herrington, and Sutcliffe de Washington, presentó un escrito (pdf) en nombre de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.
El escrito no recomendaba a la Corte una línea de acción concreta, sino que se centraba en que los jueces «fueran conscientes de que la forma en que resuelvan el caso es importante», dijo Loeb en una entrevista.
“Cuando caminas por un campo minado, debes tener cuidado con el lugar donde pisas.
«Y si vas a hacer algo grande, debes tener cuidado al limitar la decisión para que no tenga efectos no deseados».
«Una buena parte de nuestra economía se basa en el negocio inmobiliario y el negocio hipotecario», por lo que cualquier fallo de la Corte Suprema en este caso «podría tener graves repercusiones para prácticamente toda la economía estadounidense en su conjunto», dijo.
“¿Están gobernando de una manera que pone en duda cada regulación de la CFPB y sugiere que su invalidez se limita a esta única regulación? ¿Están retrasando su fallo de una manera que le dé al Congreso la oportunidad de arreglar la financiación mientras se permite que persistan las regulaciones actuales?
Si el tribunal fallara “de una manera muy amplia que sugiera la invalidez de todo lo que ha hecho la CFPB y todas sus regulaciones, podría tener algunos efectos muy dramáticos y la Corte Suprema podría accidentalmente entrar en eso”.
Si la CFPB «cayera porque su financiación es mala, entonces eso ensombrecerá todo, incluidas las regulaciones hipotecarias, de las que depende toda la industria y la economía hipotecaria», dijo Loeb.
“Dígales que no se preocupen”
El abogado Curt Levey, presidente del Comité por la Justicia, una organización conservadora sin fines de lucro de defensa legal, tenía una perspectiva diferente.
“En general, a las empresas estadounidenses no les gustan muchas regulaciones, pero luego se acostumbran a ellas y dependen de ellas, y dicen: ‘¡Dios mío! Si nos quitaran el CFPB tendríamos un caos’, olvidándonos de eso, ¿Cuánto hace que tenemos un CFPB? ¿Diez años o algo así?
El mundo seguía adelante antes de que se creara la CFPB “y estoy seguro de que ahora estaría bien sin la CFPB, pero en realidad no estamos hablando de que la CFPB desaparezca, así que dígales que no se preocupen”, dijo.
Lo peor que el tribunal «puede hacer es básicamente decir que tiene que ser financiado por el Congreso en lugar de por la Reserva Federal, y estoy seguro de que eso le daría al Congreso algo de tiempo para hacer un cambio estatutario».
«A veces el tribunal simplemente declara, básicamente reescribe el estatuto».
“Entonces, si tuviera que adivinar, diría que incluso si dijeran que es inconstitucional, simplemente le darán tiempo al Congreso para reescribir el estatuto, y estoy seguro de que el Congreso lo haría”.
“Veremos qué pasa, pero de una forma u otra, la CFPB sobrevivirá”, dijo Levey.
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