Según las presentaciones judiciales, los abogados de la oficina del abogado especial Jack Smith y del expresidente Donald Trump terminaron de elaborar un cuestionario conjunto para el jurado que se presentará ante la corte el miércoles.
El cuestionario sería administrado a los posibles jurados en un caso que alega que el expresidente manejó indebidamente unos documentos clasificados.
Los fiscales y los acusados discreparon sobre varias de las preguntas que deberían hacerse, pero la lista aún no se ha hecho pública. Los fiscales argumentaron que las preguntas deben ser archivadas bajo sello hasta después de la selección del jurado, mientras que los acusados argumentaron que no deben ser archivadas bajo sello, sino que debe ser públicamente accesible.
Si el juez accede a la petición del abogado especial, el cuestionario se haría público una vez seleccionado el jurado.
Los fiscales argumentaron que revelar las preguntas en un caso tan publicitado como éste sería similar a dar las respuestas antes de un examen.
«Por una cuestión de sentido común, evaluar respuestas no ensayadas a las preguntas es una manera ineficaz de evaluar la imparcialidad de cada posible miembro del jurado», se lee en la moción.
Los posibles jurados bien pueden tener opiniones firmes sobre los acusados o los fiscales, y ensayar y adaptar sus respuestas, añadieron los fiscales.
Ellos argumentaron que “los posibles miembros del jurado pueden tener opiniones firmes sobre Trump, sus coacusados o el Gobierno en este caso, y proporcionar información anticipada sobre el contenido del cuestionario aumenta el riesgo de que los posibles miembros del jurado elaboren sus respuestas para aumentar sus probabilidades de servir o evitar el cargo de jurado”.
La atención de los medios prestada a este caso solo aumenta la probabilidad de que los posibles miembros del jurado vean las preguntas que se les harían “junto con consejos o instrucciones sobre cómo se deben responder las preguntas”, añadieron los fiscales.
Ellos también pidieron que se selle la discusión sobre el cuestionario del jurado.
“La atención y el escrutinio de ese proceso por parte de los medios generan el riesgo de amplificar los daños mencionados anteriormente e influir indebidamente en las respuestas al cuestionario de los posibles jurados, obstaculizando así la evaluación de la imparcialidad por parte de la Corte”, se lee en la moción.
El caso, supervisado por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, se celebrará el 20 de mayo. Las partes han presentado varias mociones en las últimas semanas para cumplir con la fecha límite del juicio rápido.
“Mediante orden del 13 de septiembre de 2023, la Corte confirmó que se aplica el mismo reloj de juicio rápido a cada acusado, que se ha pospuesto hasta el 20 de mayo de 2024 y que quedan 70 días en el reloj del juicio rápido”, se lee en la última actualización del informe.
Audiencia importante
El 1 de marzo, las partes tendrán una conferencia sobre la programación con el juez, durante la cual se espera que los acusados soliciten más tiempo para litigar las mociones previas al juicio, y los fiscales expliquen si han cumplido con sus obligaciones de presentación de evidencias.
Luego, el juez determinará si se retrasará la fecha del juicio del 20 de mayo.
A las partes también se les ha concedido un plazo hasta el 29 de febrero para presentar conjuntamente al juez una propuesta de cronograma del caso, marcando las áreas de desacuerdo.
En la orden adjunta, el juez especificó que las partes deberían estar preparadas para discutir una moción presentada en enero. A lo largo del caso, los acusados han argumentado que los fiscales no están entregando los documentos solicitados, mientras que los fiscales han argumentado que han hecho todo lo posible para agilizar la presentación de evidencias y que cualquier material no entregado es uno que no tienen obligación de hacerlo o no está en su posesión.
Se espera que la audiencia sea larga, y el juez separe una sesión por la mañana y una por la tarde para discutir varios temas.
Tampoco se ha resuelto la solicitud de la fiscalía de mantener ocultos los nombres de ciertos funcionarios gubernamentales en un expediente cuya divulgación se había ordenado previamente. Ellos argumentaron que revelar los nombres pondría en peligro la seguridad de varios testigos del gobierno.
El volumen de información clasificada ha complicado el caso, señaló anteriormente el juez, y varias audiencias, reuniones y presentaciones han sido selladas. En una nota al pie de página, el juez agregó que los acusados presentaron la semana pasada, bajo sello, “ocho mociones sustanciales adicionales, previas al juicio”, y tres de ellas incluyen solicitudes de audiencias adicionales.
El juez ordenó a las partes aportar jurisprudencia pertinente para argumentar estos recursos pendientes.
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