Una empresa con sede en Texas que fabrica máquinas que permiten a los particulares construir armas de fuego imposibles de rastrear tendrá que enfrentar en California una demanda que interpuso el estado en su contra, después de que un juez federal denegara su petición de transferir el caso a Texas.
En una sentencia emitida el 4 de octubre, el juez de distrito Anthony J. Battaglia devolvió el caso a la Corte Superior de San Diego, rechazando la petición de Defense Distributed, con sede en Austin, junto con sus filiales Coast Runner Industries y Ghost Gunner, para trasladar su caso a Texas.
El juez dictaminó que California es la verdadera parte interesada y no hay motivos en la jurisdicción federal basada en las empresas que argumentan diversidad de ciudadanos, un concepto jurídico que permite a las cortes federales presidir los casos que involucran a partes de diferentes estados.
«California es una verdadera parte interesada, y los demandados no han cumplido con su obligación de establecer que el traslado es apropiado», escribió el juez en la orden. La decisión deniega la moción de los demandados para cambiar de sede, lo que les obliga a afrontar el caso bajo unas leyes de armas más estrictas de California.
El fallo supone un revés para la empresa Defense Distributed y sus filiales, que habían intentado trasladar el caso a Texas, donde las empresas tienen su sede y donde se encuentra gran parte de las evidencias y los testigos clave. Las empresas argumentaron que los tribunales de justicia de Texas estaban más familiarizadas con sus operaciones debido a litigios anteriores y alegaron que California no era el verdadero demandante, sosteniendo que el Giffords Law Center, una organización sin fines de lucro, que aboga por el control de armas, está impulsando la demanda. El juez Battaglia desestimó estas alegaciones, declarando que California es claramente la parte interesada.
La empresa Defense Distributed y sus filiales fabrican máquinas fresadoras de control numérico por ordenador (CNC) que permiten a los particulares fabricar armas de fuego no registradas, conocidas comúnmente como armas fantasma, ensamblándolas en casa a partir de piezas inacabadas. Estas armas de fuego carecen de número de serie, lo que dificulta su rastreo por parte de las fuerzas de seguridad.
La demanda de California, presentada por el condado de San Diego, en nombre del estado, acusa a las empresas de apuntar deliberadamente a los californianos con sus productos, en violación de las estrictas leyes de control de armas del estado. La legislación de California exige que todas las armas de fuego, incluidas las de fabricación casera, lleven un número de serie. La demanda alega que las máquinas de Defense Distributed se venden a los californianos específicamente para eludir esta normativa.
El marco legal de California contra las armas fantasma incluye la Ley de la Asamblea 857, una ley que obliga a las personas que fabrican o ensamblan sus propias armas de fuego a solicitar un número de serie al Departamento de Justicia de California para garantizar que puedan ser rastreadas por las fuerzas de seguridad.
La ley, promulgada en 2016 y ampliada en años posteriores, busca abordar la preocupación por la proliferación de armas fantasma imposibles de rastrear, que, según las autoridades estatales, suelen utilizarse en actividades delictivas.
En su demanda contra Defense Distributed y afiliados, el estado de California destaca el creciente problema de las armas fantasma, citando un fuerte aumento en el número de armas de fuego no rastreables recuperadas en su territorio: de 26 en 2015 a 12.894 en 2022.
En su fallo, el juez Battaglia señaló que las agencias policiales de California informaron que las armas fantasma representan entre el 25 y el 50 por ciento de todas las armas de fuego recuperadas en las escenas del crimen en las principales ciudades, como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
California afirma que la venta de fresadoras de armas fantasma facilitó a los delincuentes la adquisición de armas de fuego imposibles de rastrear, lo que supone un grave riesgo para la seguridad pública. El estado busca una orden judicial para impedir que Defense Distributed y sus afiliados sigan vendiendo los dispositivos a los californianos, junto con sanciones económicas por violar las leyes de control de armas del estado.
Las empresas, sin embargo, sostienen que sus productos son legales bajo la ley federal, y argumentan que las regulaciones de California infringen los derechos de la Segunda Enmienda de los individuos a fabricar armas de fuego para uso personal.
Ni Defense Distributed ni Ghost Gunner respondieron a las peticiones de comentarios sobre la sentencia del viernes.
Una declaración en el sitio web de Ghost Gunner se señala: «Aunque creemos que las máquinas siguen siendo legales para comprar y poseer en el estado de California, las máquinas CNC de Ghost Gunner no están actualmente disponibles para los clientes de California».
La empresa también recomendó proveedores alternativos.
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