Dos abogados chinos fueron castigados por las autoridades chinas —a un abogado se le prohibió viajar al extranjero y la empresa de otro se enfrenta a la disolución— y a ambos se les revocó la licencia por cruzar la línea roja de Beijing al representar casos de alto perfil políticamente sensibles.
Los abogados chinos de derechos humanos Lu Siwei y Ren Quanniu representaron a dos de los 12 jóvenes de Hong Kong que fueron interceptados por la Guardia Costera de China cuando intentaban huir a Taiwán en barco, el 23 de agosto de 2020. Diez de ellos serán encarcelados entre siete meses y tres años.
La licencia legal de Lu fue revocada formalmente el 15 de enero debido a los «impactos negativos en la sociedad».
«Puede que no se pueda evitar», dijo Lu en una declaración pública.
El 28 de marzo, Lu tenía previsto tomar un vuelo a las 7 de la tarde a la embajada de Estados Unidos en Beijing para asistir a una entrevista y solicitar una visa, pero los agentes de seguridad nacional le impidieron el paso en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, alrededor de la 1 de la tarde.
«Mi teléfono móvil está siendo vigilado. Por lo tanto, toda mi información, como la reserva de billetes, es transparente», dijo Lu a The Epoch Times.
Un agente advirtió que Lu no llegaría al aeropuerto de Chengdu Shuangliu, sea como sea. «Definitivamente no lo dejaremos salir del país».
«No seas impulsivo», dijo el oficial.
A Lu le habían ofrecido la posibilidad de incorporarse a un programa de becarios visitantes en Estados Unidos, que comenzaría en agosto. Tiene que llegar cuatro meses antes para recibir la formación lingüística. «Esta [orden] es completamente ilegal», dijo.
El abogado dijo que se enteró que la seguridad nacional, la policía, la oficina judicial y la asociación legal habían estado trabajando juntos para evitar que huyera al extranjero.
«Ellos tienen pánico», dijo Lu.
Bufete de abogados obligado a disolverse
El mismo día, el ministerio de Justicia chino notificó al bufete de abogados Henan Railway para que se disuelva «voluntariamente».
Ren, uno de los tres abogados del bufete, dijo que en realidad se los obligó.
El 2 de febrero le retiraron la licencia legal, lo que creía que era el resultado de defender los derechos de los 12. Sin embargo, el departamento de justicia de la provincia de Henan le acusó de violar el código de la abogacía por representar a practicantes de Falun Gong, grupo espiritual perseguido por el Partido Comunista Chino desde 1999. Ren había defendido a los practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, desde 2018.
La revocación de la licencia de Ren inhabilitó a la empresa para reunir el quórum de socios. El bufete se ofreció a añadir un socio más, lo que fue rechazado por las autoridades.
«Ellos no dan ninguna explicación», dijo.
El domingo, Ren dijo en Twitter que le habían pedido a todos los abogados que se trasladen a otros bufetes y que el bufete Henan Railway Law Firm se disolvería por iniciativa propia. Esta fue la indicación de la Asociación de Abogados de Zhengzhou, en nombre de la oficina de justicia local.
Las autoridades amenazaron con cancelar las licencias de varios abogados si no lo hacían en el plazo previsto.
Ren confirmó el lunes que la empresa anunció su cierre, según Radio Free Asia.
«El entorno judicial retrocedió en los últimos años», declaró el abogado a The Epoch Times. «Los abogados no se atrevieron a intervenir en casos delicados porque una vez que la oficina judicial intervenía, eran inmediatamente silenciados, no se les permitía tener voz en línea y se les pedía que se retiraran del caso».
Ren dijo que las autoridades chinas habían estado tratando de disolver su bufete de abogados desde 2016 porque sus abogados toman casos que van en contra de la supresión de la libertad de creencia por parte de las autoridades.
«[Las autoridades] encontraron una oportunidad esta vez», dijo Ren, lo que él calificó de «censura judicial».
Ren también fue el abogado defensor del periodista ciudadano, Zhang Zhan, quien informó sobre el brote del virus en Wuhan y fue condenado a cuatro años de prisión por «buscar peleas y provocar problemas».
A principios de febrero, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó públicamente su preocupación por la suspensión de las licencias de Ren y Lu, e instó a Beijing a «respetar los derechos humanos y el estado de derecho y a restablecer sus credenciales legales de inmediato».
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