El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezaron una coalición de 14 fiscales generales que se oponen a una solicitud para transportar etano licuado criogénico en vagones cisterna desde Pensilvania a lugares de Estados Unidos, Canadá y México, según un comunicado de prensa del 21 de febrero.
Los fiscales generales presentaron sus comentarios (pdf), con los que se oponen a la solicitud de Gas Innovations LNG Refrigerants Inc. a la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA), citando «graves problemas de seguridad y justicia ambiental».
El etano es un gas hidrocarburo incoloro, inodoro y altamente inflamable que se utiliza con frecuencia en la industria petroquímica, según una declaración de la oficina de Brown (pdf).
Los fiscales generales señalaron los peligros potenciales, afirmando que «cualquier escape de la carga» conllevaría probablemente riesgos de seguridad, en particular para las comunidades cercanas y los equipos de primera intervención en emergencias.
Otro motivo de preocupación fue el hecho de que la empresa no definiera dónde se entregarían sus cargamentos. Los fiscales generales indicaron que los envíos propuestos «pondrían en peligro la seguridad de las comunidades a lo largo de las líneas ferroviarias de todo el país», y afirmaron que la solicitud no identifica los controles operativos que disminuirían el riesgo de descarrilamiento.
«Sin una descripción más específica de los destinos de estos envíos, la PHMSA no podrá determinar si el permiso es de interés público», indica la carta.
Brown, James y sus colegas expresaron específicamente su preocupación por la posibilidad de que los vagones se desplacen a través de «comunidades sobrecargadas, en particular a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México».
«La PHMSA tiene el deber de denegar la débil solicitud de Gas Innovations de un permiso especial para transportar etano en vagones de ferrocarril porque, sencillamente, no contempla la seguridad pública», dijo Brown en el comunicado de prensa.
«La vaguedad de la solicitud hace imposible determinar si se pedirá a las comunidades ya sobrecargadas que soporten el peso de esas preocupaciones de seguridad, y convierte el trato justo y equitativo de esas comunidades en una idea de último momento. La aprobación de esta solicitud sería un duro golpe para la justicia medioambiental», añadió el fiscal general.
A Brown y James se unieron los fiscales generales del Distrito de Columbia, Delaware, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington.
Su carta de oposición llega tras la preocupación nacional por las consecuencias del descarrilamiento de un tren en East Palestine, Ohio, que provocó un vertido de sustancias químicas tóxicas.
La oficina de Brown declinó hacer más comentarios.
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