Ernesto Ramírez Jr. recibió una vacuna de Pfizer contra COVID-19 el 19 de abril de 2021, dijo su padre. Cinco días después, Ernesto había muerto.
«Recibimos la vacuna de Pfizer porque pensé que era para protegerlo», declaró Ernest Ramírez, padre de Ernesto, en una mesa redonda con el senador Ron Johnson (R-Wis.) el 9 de noviembre de 2021.
«Mi gobierno me mintió. Ellos dijeron que era seguro. Ahora vuelvo a casa, a una casa vacía».
Una autopsia reveló que el corazón de Ernesto tenía el doble del tamaño normal cuando murió, dijo el Sr. Ramírez, afirmando que la causa de la muerte fue miocarditis, un grave efecto secundario relacionado con las vacunas contra COVID-19.
Dos días después de su emotivo testimonio en el Senado, cuando Ernesto habría cumplido 17 años, Ramírez publicó una foto en Facebook y Twitter junto al ataúd de su hijo, con la leyenda: «Mi adiós a mi niño».
Según el Sr. Ramírez, Facebook marcó la publicación con una etiqueta de advertencia de «información parcialmente falsa».
Twitter borró la foto y envió un mensaje a Ramírez: «Asegúrese de compartir información fiable. Visite el Centro de Información de COVID-19 para obtener información y recursos fiables sobre vacunas».
Otros dicen haber tenido experiencias similares.
Cuando Brianne Dressen, participante en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca, sufrió lesiones relacionadas con la vacuna y compartió una infografía sobre los síntomas posteriores a la vacuna contra COVID en un grupo privado de Facebook, el grupo fue desactivado por Facebook por infringir las «Normas comunitarias sobre desinformación que causa daños físicos», según una demanda presentada en nombre de Dressen, Ramírez y varias otras personas.
«Cinco de nuestros seis clientes resultaron gravemente heridos tras recibir una de las vacunas contra COVID», declaró Casey Norman, abogada de la New Civil Liberties Alliance (NCLA) y abogada principal en el caso Dressen y otros vs. Flaherty y otros.
«Lo que ocurrió después de estas lesiones es que nuestros clientes intentaron hablar de sus experiencias, buscar consejo o apoyo sobre este tipo de lesiones en plataformas de medios sociales, y cuando lo hicieron, se encontraron repetidamente con que sus publicaciones eran censuradas, eliminadas, marcadas como información errónea», dijo Norman a The Epoch Times.
El 22 de mayo de 2023, la NCLA presentó una demanda contra Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, así como contra el presidente Joe Biden, otra docena de personalidades y organismos de su administración, y el Observatorio de Internet de Stanford. Esta demanda alega que la administración actuó en connivencia con las empresas de redes sociales para privar a sus clientes de sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
El 12 de septiembre, la NCLA presentó una demanda actualizada, basada en la presentación original, incluyendo información adicional sobre las acciones del gobierno contra los demandantes en el caso y alegando que la censura ha continuado desde la presentación judicial original.
«Tenemos mucha más información que se ha hecho pública sobre lo que hizo el gobierno», dijo la abogada Norman, añadiendo que la nueva presentación afirma específicamente que el gobierno y las empresas de redes sociales se involucraron en el «epítome de la conspiración».
«Realmente queremos dejar claro que se trata de un problema continuo».
Redes sociales e «información erróna»
En su demanda original en el caso Dressen, et al. vs. Flaherty, et al., la NCLA alegó que varias agencias y funcionarios federales trabajaron con plataformas de redes sociales para censurar y etiquetar como «información errónea» cualquier discurso que contradijera la narrativa deseada por el gobierno, incluso cuando el gobierno reconocía que la información publicada era verdadera.
Además, alegó que Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, GoFundMe y TikTok violaron los derechos de Dressen, Ramírez, Shaun Barcavage, Kristi Dobbs, Nikki Holland y Suzanna Newell a la Primera Enmienda cuando las empresas de redes sociales censuraron, marcaron como información errónea, eliminaron sus cuentas por completo o congelaron y desactivaron sus cuentas cuando los demandantes compartieron sus experiencias personales en relación con la vacuna.
«En virtud de la Primera Enmienda, el gobierno federal no debe desempeñar ningún papel en la vigilancia de la expresión privada o en la elección de ganadores y perdedores en el mercado de las ideas. De hecho, el texto de la Constitución es explícito: ‘El Congreso no promulgará ninguna ley… que coarte la libertad de expresión’».
La NCLA solicitó un juicio con jurado y, desde entonces, el caso ha pasado por varias fases del proceso judicial en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas.
Los demandados están representados por Alexander Sverdlov y Pardis Gheibi, de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ni Sverdlov, ni Gheibi, ni la División Civil del Departamento de Justicia respondieron a la solicitud de The Epoch Times de hacer comentarios sobre el caso en el momento de su publicación.
Demanda Actualizada
Según la abogada Norman, desde que se presentó inicialmente la demanda, ha salido a la luz más información sobre la implicación del gobierno con las empresas de redes sociales.
En parte, ella dijo que la demanda Murthy vs. Missouri, relacionada con las políticas de moderación de contenido de las redes sociales (originalmente presentada como Missouri vs. Biden), llegó a la fase de presentación de pruebas gracias a la compra de Twitter por parte de Elon Musk, y la posterior publicación de los archivos de Twitter. Más adelante se publicó más información por la investigación del gobierno de parte del representante Jim Jordan (R-Ohio) a través del Subcomité Selecto sobre uso del Gobierno Federal como un arma.
«[El comité] ha publicado varios informes muy extensos que detallan correos electrónicos intercambiados, por ejemplo, entre ejecutivos de Facebook y la Casa Blanca o la oficina del Cirujano General y ese tipo de cosas, que tienen una demanda más específica para que el discurso relacionado con las vacunas sea eliminado o suprimido», dijo Norman.
Las acciones del gobierno están en curso, añadió. Si sus clientes no hablan en «código» en las redes sociales, sus publicaciones serán eliminadas o bloqueadas, lo que significa que su visibilidad se reducirá o bloqueará.
«[Los demandantes] hablan entre ellos y dicen: ‘Oye, acabo de publicar esto. ¿Puedes verlo?«lo que es completamente invisible en todas sus páginas», dijo Norman.
Ella añadió que cuando alguien publica un mensaje de este tipo, el mensaje aparece para él, pero nadie más puede verlo.
«Ellos ahora están viendo muchos bloqueos en la sombra y banderas de advertencia de que sus publicaciones son información errónea o han sido eliminadas como spam, incluso cuando se trata de discursos privados dentro de grupos de apoyo privados en Facebook».
En consecuencia, parte de la demanda enmendada, agregó, involucra la Ley de Ejecución de 1871, también conocida como la Ley del Ku Klux Klan.
«[La ley] prohíbe tanto a los funcionarios del gobierno como a los actores privados conspirar para privar a los ciudadanos estadounidenses de sus derechos o de sus privilegios, inmunidades o igualdad de protección ante la ley sobre una base discriminatoria», dijo Norman.
Sobre el caso Dressen, la abogada dijo que aerrrgumentarán que el gobierno se dirige a una clase identificable de ciudadanos estadounidenses —los lesionados por la vacuna— y conspira para privarles de sus derechos.
Cuando se le preguntó si había una razón legítima para las restricciones, Norman dijo: «No se ha dicho absolutamente nada ilegal».
«La mayor parte de los discursos que han sido objeto de restricciones son experiencias personales, anécdotas personales —descripción de sus propias lesiones o de las lesiones de sus seres queridos u otros amigos— intercambios de informes o consejos médicos, o intentar aprender de otros qué tratamiento ha funcionado o no, o defensa de personas lesionadas».
Facebook, YouTube, Instagram, GoFundMe y TikTok no respondieron a la solicitud de comentarios de The Epoch Times en el momento de la publicación. X dijo que no es un acusado en el caso y declinó hacer comentarios.
El 25 de agosto de 2023, los demandados Alex Stamos, Renee DiResta, y el Observatorio de Internet de Stanford, se unieron a los demandados federales en Dressen, et al. vs. Flaherty, et al., en una moción para suspender (pausar los procedimientos judiciales), argumentando que la resolución final de Missouri vs. Biden tenía «un solapamiento jurídico y fáctico sustancial entre ese caso y este», y, por lo tanto, tendría un impacto en su caso.
Al igual que en el caso Dressen, los demandantes en el caso Missouri argumentaron que el gobierno federal había violado la Primera Enmienda al «alentar significativamente» y, en ocasiones, «coaccionar» a las empresas de redes sociales para que eliminaran contenidos de sus plataformas.
El 8 de septiembre de 2023, el juez Jeffrey V. Brown concedió la moción de suspensión, al considerar que la resolución de la apelación en el caso de Missouri «es muy probable que afecte a la progresión de este caso», dado el «alto grado de solapamiento entre las cuestiones jurídicas presentadas en ambos casos».
Después de que el Quinto Circuito fallara en su contra, los demandados de Missouri recurrieron ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces se concedió una orden de certiorari el 3 de octubre de 2023 y el caso se convirtió posteriormente en Murthy vs. Missouri.
El 26 de junio, en el caso Murthy vs . Missouri, la Corte Suprema, dictaminó que no había un vínculo rastreable entre el gobierno y las empresas de redes sociales y que las empresas de redes sociales tenían sus propias razones para emplear la moderación de contenidos.
La Corte Suprema dictaminó además que los estados carecían de legitimidad para presentar la demanda.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch disintieron.
Camino al jurado
Tras presentar la demanda enmendada, Norman dijo que espera que los demandados presenten una moción de desestimación.
«No estoy seguro de lo que dirán, pero probablemente dirán: ‘La pandemia ha terminado. No pueden demostrar que seguimos haciendo esto. Lo que hicimos fue en nombre de la seguridad pública. No puedes cuestionar las políticas del gobierno durante la pandemia’, y ese tipo de cosas», dijo la abogada Norman.
Si ese argumento no prospera, el caso pasará a la fase de presentación de pruebas, lo que, según Norman, significa que el gobierno se verá «obligado a proporcionar» mucha más información sobre sus acciones en relación con las empresas de redes sociales.
Después de la fase de presentación de pruebas, Norman dijo que espera que los demandados presenten una moción de juicio sumario para que ambas partes expongan todas las evidencias que recibieron a través del proceso de presentación de pruebas.
Durante ese proceso, dijo que los demandados probablemente argumentarán que las pruebas presentadas no cuentan como una violación de la Primera Enmienda, y si el juez está de acuerdo, puede resolver el litigio en ese paso.
Si el juez no está de acuerdo, pero falla a favor de NCLA, el caso iría a un juicio con jurado.
«Actualmente, solicitamos una medida cautelar, en la que la corte establezca claramente que la conducta, que [NCLA] alega, es inconstitucional y no puede repetirse en el futuro, y también solicitamos daños punitivos, que se determinarían en un juicio con jurado», dijo Norman.
Si se conceden las peticiones, la abogada indicó que los daños punitivos enviarán un mensaje «especialmente fuerte» de que el gobierno no puede seguir participando en «mala conducta inconstitucional».
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