Un grupo de casi 2000 exfuncionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticaron al departamento y al fiscal general William Barr por su decisión de desestimar la acusación contra el teniente general Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Barr se ha enfrentado nuevamente al escrutinio por sus intervenciones en casos relacionados con los aliados cercanos a Trump, luego de que el departamento tomara la decisión de desestimar el caso contra Flynn por haber hecho presuntas declaraciones falsas durante una entrevista con el FBI.
El lunes, el grupo emitió una declaración online, organizada por Protect Democracy, alegando que Barr había «violado una vez más el estado de derecho» al intervenir en el caso Flynn. Protect Democracy es un grupo de defensa sin fines de lucro compuesto por exfuncionarios del gobierno, operadores políticos y activistas que se han opuesto a la agenda de Trump a través de medios legales.
Los firmantes, formados por antiguos fiscales de carrera que sirvieron bajo las administraciones republicanas y demócratas, cuestionaron la justificación del departamento para desestimar el caso. Ellos argumentaron que «no resiste un análisis riguroso» porque había «amplias pruebas de que la investigación estaba bien fundada y–lo que es más importante–el hecho de que Flynn admitió bajo juramento y en audiencia pública que dijo mentiras materiales al FBI en violación de una ley federal de larga data».
«Si alguno de nosotros, o alguien que lea esta declaración y que no sea amigo del presidente, mintiera a los investigadores federales en el curso de una investigación de contrainteligencia debidamente predicada y admitiera que lo hizo bajo juramento, sería procesado por ello», escribieron los firmantes.
En una presentación del Departamento de Justicia al tribunal de distrito, Timothy Shea, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentó que «la entrevista del Sr. Flynn no estaba vinculada ni justificada a la investigación de contrainteligencia del FBI sobre el Sr. Flynn–una investigación que ya no tenía base justificable y que el FBI, según las propias palabras de la Oficina, estaba dispuesto a cerrar porque había dado lugar a una ‘ausencia de información despectiva'».
Shea añadió que como el gobierno no estaba «persuadido» de que el FBI había entrevistado a Flynn con «una base de investigación legítima», la declaración de culpabilidad de Flynn era irrelevante. Para ser un crimen, explicó, una mentira tiene que ser «material», lo cual significa que tiene que tener «peso probatorio» en el asunto investigado.
La decisión del departamento de presentar la moción se produjo poco después de que los documentos relativos al caso de Flynn, publicados por el DOJ, incluyeran notas manuscritas que revelaban que altos funcionarios de la agencia habían cuestionado si el objetivo del interrogatorio de Flynn era «conseguir que mintiera, para poder procesarlo o hacer que lo despidieran».
Además, los documentos revelaron que Peter Strzok, el entonces subdirector adjunto del FBI para operaciones de contrainteligencia, se contactó urgentemente con los agentes encargados del caso Flynn para aconsejarles que no cerraran el caso luego de que los agentes determinaran que no había más pistas que seguir en la investigación de Flynn.
El grupo de funcionarios instó al juez que presidía el caso, el juez Emmet Sullivan, a que «examinara de cerca la justificación declarada por el Departamento de Justicia para desestimar los cargos–incluida la celebración de una audiencia probatoria con testigos–y a que denegara la moción y procediera a dictar sentencia si fuera apropiado».
«Aunque es raro que un tribunal niegue la petición del departamento de desestimar una acusación, si alguna vez hubo un caso en el que el interés público aconsejó al tribunal que examinara detenidamente la explicación del gobierno y las evidencias, es éste», dice su declaración.
Los firmantes también pidieron a Barr que renuncie, haciéndose eco de una declaración similar a principios de este año sobre el manejo del departamento del caso del asociado de Trump, Roger Stone. Pero en el caso probable de que no lo haga, también están pidiendo al Congreso que haga responsable al fiscal general, escribieron los firmantes. Barr tenía previsto testificar ante el Comité Judicial de la Cámara a fines de marzo, pero la audiencia fue cancelada debido a la crisis de salud pública causada por la pandemia del virus del PCCh. El grupo pidió al Congreso que reprograme esa audiencia mientras insta a los legisladores a censurar formalmente al fiscal general.
Barr ha defendido la decisión del departamento de abandonar el caso contra Flynn. En una entrevista del 7 de mayo con la reportera de CBS, Catherine Herridge, el fiscal dijo que la decisión era buena porque «se defendió el estado de derecho«. Señaló que la nueva información disponible en las últimas semanas influyó en la decisión del departamento sobre el caso.
«A medida que se dispone de nueva información que tiene que ver con si hubo una investigación legítima, que nos exige, creemos que nuestro deber es desestimar el caso», declaró Barr.
El fiscal general añadió que estaba comprometido con el restablecimiento de un estándar de justicia igualitario en Estados Unidos y que ese estándar requiere que el departamento desestime el caso contra Flynn.
«Quería asegurarme de que restauremos la confianza en el sistema. Solo hay un estándar de justicia», dijo.
Barr también desestimó las afirmaciones de que estaba haciendo la voluntad de Trump, y dijo que estaba «haciendo la voluntad de la ley».
A principios de este año, Protect Democracy también organizó una declaración similar firmada por cientos de exfuncionarios del Departamento de Justicia para expresar su insatisfacción por el manejo de Barr de la sentencia de Stone.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la petición de comentarios de The Epoch Times.
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