La activista por los derechos humanos Francisca Ramírez denunció a Efe los actos que el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está cometiendo contra campesinos nicaragüenses lamentando que hoy los exiliados ni siquiera puedan volver para obtener sepultura.
«El Gobierno de Nicaragua ha convertido la lucha por la justicia y los derechos humanos en un símbolo terrorista», lamentó Ramírez, vocera de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, congregación de colectivos que defiende, entre otras cosas, los derechos de 30.000 personas desplazadas.
Luego de cinco años en los que estuvo «en búsqueda y captura» desde que en 2013, el Estado nicaragüense emitiera una ley que la despojaba autoritariamente de su parcela de tierra por la construcción de un megaproyecto, Francisca se vio obligada a salir del país ante la incesante situación de violencia.
La primera parada fue Costa Rica, que se ha convertido en un fortín para la reorganización de la resistencia nicaragüense en el que, pese a que las condiciones de vida no son las mejores, la posibilidad de morir en cualquier momento no está presente, como sí le sucede en su país.
No obstante, durante el viaje Francisca perdió a dos compañeros, uno intoxicado y otro electrocutado. Entre lágrimas, la activista lamenta no haber podido volver a su país natal a enterrarlos. «Los tuvimos que enterrar en Costa Rica», rememora afectada.
Según cuenta la damnificada, en el país hay más de 500 presos políticos y más de 400 personas asesinadas. «Eso documentadas, los asesinatos son más», asegura.
La coordinadora del Movimiento Campesino Anti Canal, llamado así por oposición al proyecto que se quería construir donde miles de campesinos labraban la tierra, relata que las cosas se recrudecieron cuando el Gobierno introdujo grupos paramilitares.
«Llegaban los paramilitares en moto, bien armados, se paraban y en algunas casas abrían y teníamos que huir forzosamente. No podíamos dormir pensando en que nos llevarían a las cárceles para torturarnos. Hasta nos metíamos debajo de la tierra para que no nos encontraran», recuerda Francisca.
El control por parte de Ortega va más allá de la supremacía militar, pues, según la mujer, «los poderes judiciales también los maneja él».
La condena por «terrorismo» se ha convertido en una norma para los que van en contra del mandatario, quien ejerce como presidente desde 2007, luego de ser elegido en los comicios.
«Ortega está aliado con el gran capital y las trasnacionales, eso obligó a los campesinos como nosotros a organizarnos y a salir a las calles. Éramos perseguidos, éramos sancionados a muerte, éramos encarcelados, pero éramos la resistencia», relata.
Fue en estos años cuando Francisca comenzó a tomar relevancia en su país por defender «la lucha pacífica de los pueblos campesinos».
No obstante, el diálogo abierto entre Gobierno y los grupos civiles nunca se dio.
«Ortega dice que en Nicaragua hay un diálogo, pero no hay ningún diálogo. Hay paramilitares que andan con fusiles de guerra, matan y torturan», dice.
No obstante, la defensora de los derechos humanos insiste en que al resto del mundo únicamente llega «la versión de los hechos del dictador», en referencia a Ortega.
«El Gobierno ha venido acaparando todos los medios, la lucha campesina lleva cinco años pero él ha controlado lo que se dice al mundo», asegura.
Pese a ello, no cesa en su objetivo de que «Daniel Ortega deje de asesinar a ciudadanos nicaragüenses».
A nivel latinoamericano, la situación venezolana parece opacar otras crisis humanitarias como la que, según el relato de Francisca, vive su país.
Desde Nicaragua han salido este año cuatro expediciones llamadas Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua para difundir la situación y obtener apoyos internacionales.
Dos de ellas no están en activo, pues ya realizaron sus respectivos periplos. Una viajó por Europa en junio, llegando a recorrer 26 ciudades; la otra se desplazó por distintos países de Sudamérica.
Las dos que sí están activas se encuentran una en Estados Unidos y otra en México. Esta última salió a finales de septiembre y ha tenido contacto con organizaciones como el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que capitalizan la lucha indígena mexicana.
También han tratado de establecer diálogo con el presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, algo que todavía no ha sido posible.
Ahora, mientras espera lo que pueda suceder y sin perder la esperanza de volver algún día a una Nicaragua apaciguada, Francisca niega tener una valentía especial. «Son el dolor y el sufrimiento los que le hacen fuerte a uno», asegura.
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