El proyecto de ley de infraestructuras para 2021 del presidente Joe Biden cuenta con una inversión de 7500 millones de dólares en cargadores para vehículos eléctricos (VE), y su gobierno insiste en que el país va «por buen camino» para instalar más de un millón de cargadores públicos a finales de la década, pero los informes indican que hasta ahora no se construyó ni uno solo.
Uno de los principales objetivos del gobierno de Biden para alcanzar las emisiones netas cero en 2050 es ampliar drásticamente la infraestructura nacional de recarga de vehículos eléctricos enchufables para cumplir el objetivo del presidente de que la mitad de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos en 2030.
En la vanguardia de este esfuerzo está el compromiso del gobierno federal de aportar 7500 millones de dólares como parte de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (también conocida como Ley Bipartidista de Infraestructuras) para construir 1,2 millones de cargadores públicos para seguir el ritmo de lo que la Casa Blanca dijo durante el verano que era un rápido crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos.
El plan de financiación federal de 7500 millones de dólares para cargadores de vehículos eléctricos consta del programa Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos (NEVI), dotado con 5000 millones de dólares, y del Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructuras de Carga y Abastecimiento, dotado con 2500 millones de dólares, ambos administrados a través de agencias afiliadas al Departamento de Transporte (DOT).
Sin embargo, a pesar de los más de 2000 millones de dólares de los 7500 millones de financiación federal para cargadores de vehículos eléctricos ya autorizados por los programas, ni siquiera la mitad de los estados empezaron a aceptar ofertas de contratistas para la construcción, y no se construyó ni un solo cargador público nuevo.
«La Oficina Conjunta de Energía y Transporte (Joint Office of Energy and Transportation), que dirige los esfuerzos de la administración Biden en materia de cargadores de vehículos eléctricos, informó a finales de octubre de que siete estados ya concedieron subvenciones condicionales para la construcción de nuevas estaciones NEVI por valor de 101,5 millones de dólares, dos estados ya firmaron acuerdos y 17 estados están solicitando propuestas para nuevas estaciones.
Una primera oleada de 26 estados lidera el esfuerzo de construcción de la red pública de cargadores de VE, siendo Ohio el primero en poner en marcha un proyecto de construcción de cargadores públicos de VE financiado por el programa NEVI.
The Epoch Times se puso en contacto con la Administración Federal de Carreteras (FHWA), que administra el programa NEVI de 5000 millones de dólares, para solicitar información más actualizada sobre el estado de los distintos proyectos de cargadores de vehículos eléctricos financiados con fondos federales.
Muchos republicanos se mostraron tibios ante la idea de financiación federal para infraestructuras de VE, y el expresidente Donald Trump expresó su firme oposición a las subvenciones de VE, argumentando que el gobierno debería hacerse a un lado y dejar que las fuerzas del mercado decidan qué vehículos conducen las personas.
¿Por buen camino?
Aunque las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos alcanzaron la cifra récord de 313,086 en el tercer trimestre del 2023, muchos fabricantes de automóviles dieron la voz de alarma y afirman que la demanda no está a la altura de las expectativas, lo que les obliga a reducir algunos de sus planes de expansión.
Los estudios muestran que un factor clave que dificulta la adopción generalizada del VE es la llamada «ansiedad de autonomía», que es el miedo de los conductores a que su VE se quede sin energía y se detenga en el arcén sin ningún cargador a la vista.
Con el fin de aliviar la ansiedad de los conductores por la autonomía y apoyar la creciente demanda de VE, un estudio reciente del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) estimó que el tamaño de la red nacional de recarga debe crecer de aproximadamente 3,1 millones de puertos en 2022 a 28 millones en 2030, siendo la gran mayoría cargadores privados.
En la actualidad hay 182,892 cargadores públicos en el país, según el Departamento de Energía, y el estudio del NREL estima que esta cifra debe aumentar hasta un total de 1,2 millones en 2030 para dar servicio a unos 33 millones de vehículos eléctricos ligeros enchufables.
Incluyendo los 7500 millones de dólares de los contribuyentes procedentes de la ley de infraestructuras, se estima que la inversión total acumulada en infraestructuras de recarga accesibles al público hasta 2030 requerirá una inversión de entre 31,000 y 55,000 millones de dólares.
Si se incluye la red privada, la estimación de la inversión nacional acumulada aumenta hasta los 53,000-127,000 millones de dólares, de los que el 52 por ciento correspondería a cargadores privados, el 39 por ciento a cargadores rápidos de corriente continua públicos y el 9 por ciento a cargadores L2 públicos, según el estudio del NREL.
Durante el verano, la Casa Blanca afirmó en una hoja informativa que el Gobierno de Biden está «en camino» de instalar una red de 1,2 millones de cargadores públicos para 2030.
Gabe Klein, director ejecutivo de la Oficina Conjunta de Energía y Transporte, declaró a Politico en una entrevista reciente que, por ahora, puede ir despacio, pero que eso cambiará.
«Hay que ir despacio para ir rápido», dijo Klein al medio. «Son cosas que llevan un poco de tiempo, pero chico, cuando termine, va a cambiar completamente el juego».
«Probablemente estoy más entusiasmado ahora que en cualquier otro momento desde que asumí este cargo, porque todo el mundo está remando en la dirección correcta: estado morado, estado azul, estado rojo», añadió Klein.
«Todo el mundo está viendo el impacto de las inversiones», insistió.
Por su parte, el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que fue una figura clave para ayudar al Presidente Biden a imponer el VE a un público reticente, reconoció recientemente que no había suficientes cargadores para satisfacer la demanda y que algunos de los existentes no funcionan.
Su confesión se produjo cuando la agencia federal que dirige anunció una financiación de 100 millones de dólares para reparar y sustituir las estaciones de recarga de vehículos eléctricos que ya no funcionan.
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