El Congreso de Chile aprobó este miércoles un proyecto de ley que concede un indulto conmutativo para unos 1.300 presos que podrán salir de la cárcel para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario, una medida sanitaria para prevenir el contagio entre reos de alto riesgo del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus.
Esta iniciativa legislativa, propuesta hace algo más de una semana por el Gobierno que preside Sebastián Piñera, permitirá la salida de prisión de encarcelados que cumplan una serie de condiciones concretas.
Se podrán acoger a esta medida, una vez sea promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial, presos que formen parte de los grupos de riesgo de contagio de la COVID-19.
En ese sentido, se aplicará a reos mayores de 75 años, quienes cumplirán lo que les resta de pena en sus casas; así como para los hombres que tengan edades entre 65 y 74 años o mujeres entre 55 y 74 años, que ya hayan cumplido al menos la mitad de su condena y les resten 36 o menos meses.
También para las mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años que vivan con ellas en la cárcel, de cualquier edad y que hayan cumplido un tercio de su condena y con 36 o menos meses pendientes.
Además se aplicará para los reos que tengan situación de reclusión nocturna en prisión y que ya hayan cumplido un tercio de la condena y les resten 36 o menos meses, los cuales tendrán que guardar esa privación de libertad nocturna en sus domicilios.
Excepciones
Sin embargo, no podrán acogerse a este beneficio de carácter sanitario, a pesar de cumplir con las condiciones especificadas, los presos que hayan sido condenados por delitos relacionados con homicidios, secuestros, torturas, narcotráfico, tráfico de armas, violación, abusos a menores o asociación ilícita, entre otros.
Tampoco podrán hacerlo los que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos o genocidio, un apartado incluido en el Senado durante el primer trámite legislativo que se refiere principalmente a los condenados por crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
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Ante las discrepancias ocurridas entre oficialismo y oposición en el Congreso, que llevaron a la paralización del proyecto, el Gobierno tuvo que disponer un veto presidencial que matizara el contenido de la normativa.
En ese veto, además de mantener en el texto el apartado referido a los presos condenados por crímenes de lesa humanidad, violación de DD.HH. y genocidio, también agregaron el supuesto excluyente para los presos por violencia intrafamiliar.
Pendientes de la justicia para aplicarlo
A pesar de que la votación fue positiva y el proyecto pasará a ser ley próximamente, la medida no podrá aplicarse todavía debido a la presentación de un recurso por parte de la coalición oficialista Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite la solicitud.
Hasta que el Constitucional no se pronuncie sobre el fondo de ese recurso, la eventual ley no podrá ser puesta en marcha y los aproximadamente 1300 reos que podrían beneficiarse permanecerán tras las rejas, en condiciones de hacinamiento en muchos casos, según denuncias de diversas organizaciones.
La población penitenciaria de Chile suma 142,93 personas condenadas, de las que 49,380 se encuentran en régimen de privación absoluta de libertad, una cifra muy superior a la capacidad habitacional de las prisiones del país.
La pandemia del virus del PCCh deja por el momento en Chile un total 5546 contagiados y 48 muertos, con el país en estado de excepción por catástrofe, con toque de queda nocturno y las fronteras cerradas, aunque con una situación de cuarentena parcial en determinadas zonas del país.
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