Beijing ahora interviene directamente en Hong Kong en la gestión del COVID-19. Muchos residentes de Hong Kong temen que sea un intento de ejercer control sobre la ciudad bajo la apariencia de apoyo.
La semana pasada, China anunció su plan de enviar un equipo de 60 personas a Hong Kong para llevar a cabo pruebas generalizadas de COVID-19 a través de pruebas de ácido nucleico.
El domingo, siete trabajadores médicos enviados desde China se registraron en el infame Hotel Metropark de Hong Kong—el mismo hotel donde ocurrió un súper evento de propagación del SARS en 2003 que implicó la estancia de una noche de un médico chino allí.
Hace diecisiete años, el médico chino de enfermedades respiratorias Liu Jianlun, se registró en la habitación 911 del hotel de 3 estrellas, propagando el SARS a otras siete personas que se alojaban en el mismo piso. Esas siete personas viajaron luego a países de todo el mundo, propagando el SARS por todo el mundo. Liu murió dos semanas después.
La llegada de Liu a Hong Kong marcó el comienzo de la epidemia mundial de SARS, que llegó a infectar a más de 8000 personas, matando a 774 de ellas. El SARS en ese momento fue considerado como uno de los peores brotes del siglo, mientras que el año 2003 marcó un punto de inflexión tanto para la política de Hong Kong como para su salud pública.
Mientras tanto, la propagación de COVID-19 ha llegado a todos los rincones del mundo. Hasta ahora, se ha informado que más de 18 millones de personas fueron infectadas, y se registraron 689,000 muertes por COVID-19 en todo el mundo.
Empresa en lista negra de EE.UU. por abusos a DD.HH. comienza a hacer pruebas en Hong Kong
El lunes, el equipo de siete personas comenzó a preparar las pruebas masivas de COVID-19. Este equipo de personal médico prestado de China no hará las pruebas de COVID-19 para los residentes de Hong Kong.
Las pruebas serán ejecutadas por el Instituto de Genómica de Beijing (BGI Group), un grupo chino de secuenciadores de genes y biomédicos que está en la lista negra de Estados Unidos por abusos a los derechos humanos en Xinjiang. La sanción del Departamento de Comercio de EE.UU. prohíbe su acceso a los bienes y tecnología estadounidenses.
El grupo BGI es tristemente célebre por recoger muestras de ADN de millones de miembros del grupo étnico uigur, mayoritariamente musulmán, en la provincia de Xinjiang, en circunstancias en las que el consentimiento era probablemente imposible. Estos actos fueron acordados contractualmente en un acuerdo firmado entre el presidente de BGI y el Partido Comunista Chino (PCCh) en 2016.
El ADN recogido se utiliza para vigilar a los uigures y otras minorías étnicas de la región, tanto en los campos de reeducación y en público, como parte de una iniciativa para ampliar los poderes del Estado policial mediante la vigilancia basada en la genética. Los datos de ADN permiten al gobierno mejorar las capacidades de vigilancia de inteligencia artificial, e incluso rastrear a los familiares de sus objetivos.
«Nuestra preocupación es que existe una amplia colección de ADN sin protección legal y sin avisar a las personas», dice Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch en Hong Kong y autora de un informe sobre la vigilancia del ADN en China en 2017 en Xinjiang, publicado en Nature Science Journal.
«El gobierno chino está construyendo la base de datos de ADN más grande del mundo gestionada por la policía en estrecha cooperación con los principales socios industriales de todo el mundo», escribió el Instituto Australiano de Política Estratégica en un informe publicado en junio.
«Este programa de recopilación masiva de datos de ADN viola la legislación nacional china y las normas mundiales de derechos humanos. Y, cuando se combina con otras herramientas de vigilancia, aumentará el poder del estado chino y permitirá una mayor represión interna en nombre del mantenimiento de la estabilidad y el control social».
El Grupo BGI está ahora en Hong Kong, realizando pruebas para sus millones de residentes.
Los residentes de Hong Kong se preocupan por la vigilancia del PCCh a través del ADN
El anuncio de las pruebas generalizadas de COVID-19 realizadas por el Grupo BGI, provoca temor por los planes de China sobre la vigilancia del ADN en Hong Kong.
Un grupo de concejales de Hong Kong expresaron esas preocupaciones el domingo. El neodemócrata Roy Tam, quien organizó una protesta contra los médicos del continente, dijo que una de las razones por las que están en contra de las pruebas en China es que los hongkoneses están preocupados por cómo se manejarán sus datos entre las preocupaciones de privacidad, informó RTHK.
Un comunicado publicado por el gobierno de Hong Kong refuta las alegaciones de la recolección de ADN, declarando que tales afirmaciones son «absolutamente infundadas, enfatizando que todo su trabajo antiepidémico cumple completamente con los requisitos de la ley».
El comunicado también amenaza con un castigo penal a quienes expresen su preocupación por la recolección de ADN. «El gobierno de la RAE de Hong Kong condenó los actos de aquellos que deliberadamente difundieron falsos rumores y atacaron su trabajo antiepidémico. En cuanto a si la difusión intencional de reclamos falsos por parte de ciertas personas constituiría un delito, los departamentos gubernamentales relevantes estudiarán el asunto cuidadosamente y reunirán pruebas para su seguimiento».
La ley de seguridad nacional del PCCh ha envalentonado al gobierno de Hong Kong para reprimir la disidencia. Durante el fin de semana, seis activistas internacionales fueron acusados de violar la nueva ley, entre ellos un ciudadano estadounidense que vive en Estados Unidos.
La semana pasada, la jefa ejecutiva Carrie Lam también canceló las próximas elecciones legislativas, citando preocupaciones de COVID-19. El día anterior a la cancelación de las elecciones, el gobierno de Hong Kong descalificó a 12 candidatos prodemocracia, por considerarlos no aptos para servir en el cargo. Antes de eso, Lam también amenazó con castigar a 600,000 votantes de Hong Kong que participaron en primarias a favor de la democracia.
En julio, China aprobó la ley de seguridad nacional de Hong Kong en un intento por sofocar la disidencia en Hong Kong después de un año de protestas. Los críticos dicen que la ley marca el fin de derechos como la libertad de expresión y reunión, que se prometieron legalmente a Hong Kong durante el traspaso de poderes del Reino Unido en 1997.
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