Un tribunal popular independiente con sede en Londres ha emitido su fallo final el 1 de marzo, señalando que la práctica estatal de China de matar a prisioneros de conciencia y vender sus órganos con fines de lucro sigue ocurriendo.
«No hay pruebas de que se haya puesto fin a la práctica y el Tribunal está convencido de que continúa», declaró el Tribunal de China, que está presidido por Sir Geoffrey Nice QC, en un informe de 160 páginas. Hay otras 300 páginas de testimonios y presentaciones de testigos.
Nice dirigió anteriormente el enjuiciamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional.
Además, el hecho de que los gobiernos no hayan investigado las denuncias contra China sobre la sustracción de órganos ha permitido que «muchas personas mueran horrible e innecesariamente», según el informe.
Crímenes
Las averiguaciones reafirman la conclusión anterior del tribunal, publicada en un informe de junio de 2019, de que los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong han sido una de las principales fuentes de suministro de órganos.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual con ejercicios meditativos y enseñanzas morales basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. La enorme popularidad de la práctica —con 70 millones a 100 millones de practicantes a finales de la década de 1990, según estimaciones oficiales—fue considerada como una amenaza por el exlíder chino Jiang Zemin.
El 20 de julio de 1999, Jiang inició una persecución a nivel nacional para reunir a los practicantes y enviarlos a prisiones, campos de trabajo, centros de lavado de cerebro y pabellones psiquiátricos, en un esfuerzo por forzarlos a renunciar a su fe.
El informe señaló que los órganos sustraídos de los practicantes de Falun Gong son fácilmente obtenibles, basándose en llamadas telefónicas encubiertas a los médicos de los hospitales chinos de trasplantes. Otras llamadas telefónicas mostraron que a los receptores de órganos se les dijo que el tiempo de espera sería de unas dos semanas en China, a diferencia [al tiempo de espera] de meses o años en otros países donde se realizan donaciones de órganos legales.
Se conocen cuatro métodos de sustracción forzada de órganos: matar a los prisioneros mediante la sustracción de órganos; sustracción [de órganos] de los prisioneros después de una inyección letal; sustracción [de órganos] de los prisioneros que no estaban completamente muertos tras la ejecución por fusilamiento; y «sustracción de órganos bajo el pretexto de muerte cerebral», según el comunicado de prensa.
«Ya no es aceptable que los gobiernos, los organismos médicos y las principales organizaciones de derechos humanos digan que no hay suficientes pruebas. La enorme tarea de evaluar todas las pruebas disponibles ya se ha completado y está a disposición de todos», dijo Susie Hughes, directora ejecutiva y cofundadora del grupo de defensa de la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de los Trasplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés), en el comunicado de prensa.
Hughes añadió: «El tiempo de ignorar el tema ha terminado(…)son crímenes contra TODA la humanidad. El siguiente paso es que la humanidad actúe».
El informe describió la sustracción forzada de órganos como «la mayor violación posible de los derechos humanos de una persona».
La responsabilidad de tomar medidas contra el régimen chino recae ahora en los gobiernos, dijo el tribunal.
«El [informe] confirma que todas las personas u organizaciones que interactúan de manera sustancial con la República Popular China deben reconocer que están interactuando con un estado criminal», dijo Nice en el comunicado de prensa.
Tales personas y países tienen el «deber» de proteger «el derecho a la vida», añadió. «Esto no puede hacerse con ceguera o sordera deliberada, silencio pragmático e inactividad».
Oficiales chinos
Una de las pruebas presentadas en el informe implicaba directamente al exlíder del régimen, Jiang Zemin, que dio órdenes directas de sustraer órganos de los practicantes de Falun Gong.
Bai Shuzhong, exministro de salud del ejército chino, dijo que «Jiang dio la orden [de sustraer órganos]», cuando fue interrogado por un investigador durante una llamada telefónica encubierta en 2014.
Otra prueba de la participación directa de los funcionarios en la sustracción forzada de órganos se reveló durante una llamada telefónica encubierta con Zhu Jiabin, que era el jefe de la Oficina 610 en Mudanjiang, una ciudad de la provincia septentrional de Heilongjiang, en 2016.
La Oficina 610 es una fuerza de policía secreta similar a la Gestapo que fue establecida expresamente para llevar a cabo la persecución de los practicantes de Falun Gong.
«Me llaman el carnicero especializado en la sustracción de órganos vivos(…)No es nada, al igual que la matanza de cerdos», dijo Zhu en la llamada telefónica, antes de añadir, «después de sacar los órganos, los vendo».
Según el comunicado de prensa, todas las llamadas telefónicas presentadas al Tribunal de China e incluidas en el informe han sido «validadas individualmente por investigadores independientes para garantizar la credibilidad o el origen y el contenido».
El tribunal también dijo estar «convencido de que las estadísticas oficiales chinas de trasplantes han sido falsificadas», según el informe, para encubrir la sustracción forzada de órganos.
En 2015, el régimen chino dijo que detendría la sustracción de órganos de los prisioneros ejecutados y que dependería exclusivamente de un sistema de donación voluntaria recientemente establecido.
En noviembre del año pasado, un estudio publicado en la revista científica BMC Medical Ethics encontró que «los números de donaciones de órganos reportados por Beijing no cuadran y hay evidencia muy convincente de que están siendo falsificados».
El estudio demostró que las cifras oficiales chinas no parecían ser datos reales de donaciones sino datos elaborados mediante una ecuación matemática.
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