La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) replicó hoy al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que «no acepta» su versión sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014, dijo hoy la relatora para México Esmeralda Arosmena.
«Tenemos que dejar de una vez por todas esta posición que el presidente saliente plantea como ‘verdad histórica’ y que la Comisión ha rechazado. La Comisión no la acepta», aseveró contundente la relatora en un acto en la escuela para maestros de Ayotzinapa donde estudiaban los desaparecidos.
El acto, en el que arremetió duramente contra Peña Nieto, sirvió para presentar ante los padres de los desaparecidos una investigación de la CIDH sobre los hechos y tuvo lugar en el mismo momento en que Peña Nieto exponía un mensaje con motivo de su último informe presidencial.
Peña Nieto, quien dejará la Presidencia el 30 de noviembre, enojó a las familias al insistir la semana pasada en la veracidad de la versión oficial del caso Ayotzinapa, a pesar de que fue echada abajo por los expertos de la CIDH que investigaron la desaparición.
Según la versión oficial presentada a los familiares en noviembre de 2014, los alumnos, que desaparecieron en el municipio de Iguala el 26 de septiembre, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura.
No obstante, el caso fue posteriormente estudiado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, que cuestionó la llamada «verdad histórica».
Los expertos internacionales denunciaron graves irregularidades en la investigación (entre ellas tortura) y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los 43 jóvenes en el vertedero no fue posible.
«No aceptamos esta narrativa, no hay que hablar más de lo que ellos califican como califican («verdad histórica») porque nos indigna y nos lastima», aseveró Arosmena.
Asimismo, reprochó al Gobierno de Peña Nieto que todavía no haya constituido una comisión de la verdad, integrada por expertos independientes y familiares de los desaparecidos como ordenó un tribunal del Estado de Tamaulipas el pasado junio.
«Hoy estamos en suspenso y estamos pendientes de ver qué ocurre con esta decisión, un suspenso que demuestra que el actuar del Estado puede realizar importantes hazañas si las instituciones hacen su trabajo», aseveró.
Por ello, la relatora confió en que el próximo gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador se convierta en «una luz de esperanza» que abra «una investigación basada en independencia, imparcialidad y con ética profesional».
El caso Ayotzinapa «ha representado un gran aporte a la conciencia mundial y a los valores del mundo, por eso es tan importante que se conozca la verdad», dijo la relatora ante padres y madres de los desaparecidos..
En el documento entregado a las familias, la CIDH sostiene la probable participación de policías locales, federales y militares en el crimen, y advierte de que «a la fecha no hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la noche de los hechos».
También señala una probable «destrucción de pruebas» por parte del Estado, como fusiles que habrían sido utilizados por las autoridades al detener la caravana de estudiantes.
Y revela que el teléfono móvil de uno de los desaparecidos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública, a la vez que denuncia «obstrucciones» de las autoridades durante la investigación por parte de los expertos de la CIDH.
En el acto de presentación del informe celebrado en el patio de la escuela y marcado por simbolismos, había 43 pupitres y sillas vacíos en recuerdo de los estudiantes desaparecidos hace ya casi cuatro años.
Alumnos del centro, denominado Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», recibieron a la CIDH con coronas de cempasúchil, flores tradicionales del Día de Muertos, música, bailes prehispánicos y el ya tradicional grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Tanto Jan Jarab, de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunciaron en el acto «la impunidad» de las autoridades ante el caso Ayotzinapa.
«(Las familias) siempre nos dicen que no los dejemos solos. Hoy les quiero decir que no están solos. Estamos aquí», sentenció la relatora.
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