Un grupo de 133 republicanos de la Cámara acusa al secretario de Seguridad Nacional (DHS) de ignorar deliberadamente la ley y poner en peligro a los ciudadanos estadounidenses al adoptar políticas de fronteras abiertas.
Los representantes de la Cámara le dijeron el 25 de abril al secretario Alejandro Mayorkas, en una carta, que sus “acciones voluntariamente han puesto en peligro a los ciudadanos estadounidenses, socavado el estado de derecho y la soberanía de nuestra nación”.
Los legisladores alegan que el jefe del DHS no está cumpliendo «de buena fe» una orden judicial federal de abril de 2021 que exige la ejecución continua de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, o la política «Permanecer en México») de la era Trump después de que el departamento suspendiera las inscripciones en el programa, en enero de 2021.
La carta dice que el jefe del DHS emitió un memorando el 1 de junio de 2021, en el que intentaba poner fin al MPP y contradecía directamente la orden de la corte federal de abril de 2021.
Después de que la Corte Suprema rechazara el intento de la administración Biden por revertir la orden judicial en agosto de 2021, Mayorkas emitió otro memorando en octubre “presentando planes para terminar el programa”. En su carta, los legisladores republicanos dijeron que estos memorandos son “intentos de revertir unilateralmente la política” y muestran un “desprecio deliberado por la ley y los principios de separación de poderes”.
“Este insensible desprecio por el poder judicial y la negativa deliberada a aplicar correctamente la ley plantea dudas sobre su compromiso de proteger la patria”, le escribieron los legisladores a Mayorkas.
Las críticas de los legisladores se producen en medio de la actual crisis de inmigración en la frontera sur de EE.UU. y la creciente preocupación de que el anuncio de la administración Biden, sobre derogar el Título 42 en mayo, agrave el aumento de las entradas ilegales al país.
“La crisis histórica en nuestra frontera sur empeorará en gran medida debido a la rescisión anunciada del Título 42, que traerá una oleada de inmigrantes ilegales a través de nuestra frontera sur y abrumará a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que ya están sobrecargados de trabajo y con poco personal”, dice la carta.
Según el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los agentes de la Patrulla Fronteriza documentaron 221,303 encuentros con inmigrantes ilegales que intentaban cruzar la frontera suroeste en marzo y 1,217,802 encuentros en lo que va del año hasta marzo.
Sin embargo, los agentes de la Patrulla Fronteriza se preparan para una afluencia aún mayor de inmigrantes ilegales después de que la administración Biden anunciara, en abril, sus planes de eliminar la disposición de salud pública del Título 42 para el 23 de mayo.
“Se están preparando para que comencemos a detener a más de 500,000 por mes”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza a The Epoch Times el 4 de abril. “Entonces, en realidad, en lo que se está convirtiendo la Patrulla Fronteriza es, esencialmente, en un recibidor”.
“Los cárteles, los pandilleros, los traficantes de personas y los traficantes de drogas con buenos recursos se aprovecharán de esta crisis para poner en peligro aún más a los ciudadanos estadounidenses”, escribieron los legisladores.
Están exigiendo respuestas a varias preguntas, incluso si la ley exige la detención de inmigrantes ilegales, qué autoridad tiene el secretario para liberarlos, detalles sobre el cumplimiento de la Ley de Cercas Seguras de 2006 y los costos en los que incurrió el DHS al detener la construcción de barreras físicas a lo largo de la frontera sur.
“La ley actual requiere que usted mantenga el control operativo de la frontera sur y detenga a los extranjeros ilegales. Y sigue sin hacerlo”, dijeron los legisladores.
Durante una conferencia de prensa el lunes en Eagle Pass, Texas, se le preguntó al líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre la carta y la posible acusación a Mayorkas por cuestiones fronterizas. McCarthy respondió, “si alguien es negligente en su trabajo, siempre existe la opción de impugnar a alguien. Pero en este momento, tienen 30 días”.
The Epoch Times se ha comunicado con la oficina de Mayorkas para recibir comentarios al respecto.
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