Un tribunal español ha condenado a 15 personas, entre ellas cinco colombianos, a penas de entre un año y medio y doce años de prisión por tratar de distribuir dos toneladas de cocaína del cartel colombiano de los Boyacos.
Sin que la red lo advirtiera, el alijo fue interceptado por la DEA (agencia antidroga estadounidense) en aguas próximas al estado de Florida (EE.UU.) cuando se dirigía a España y después fue repartido de forma controlada para propiciar las detenciones.
Los colombianos se encontraban en España en situación ilegal, así que la Audiencia Nacional acuerda sustituir la prisión por su expulsión cuando cumplan dos tercios de la condena o antes, si accedieran previamente al tercer grado penitenciario (semilibertad) o la libertad condicional.
El tribunal considera probado que los condenados formaban parte de una organización criminal que tenía como finalidad «la introducción en España de grandes partidas de cocaína para su posterior distribución y comercialización».
Para la distribución, el cartel envió a España a Julio Peñaranda Torres (apodado ‘Loco’ y ‘Visage’) y Ronal Alfredo Roa (‘Mono’).
Estos han recibido las mayores condenas, 8 años y 12 años de cárcel y multas de 34 y 76 millones de euros, respectivamente (37 y 82 millones de dólares).
La investigación comenzó el 14 de junio de 2016, cuando las fuerzas españolas de seguridad recibieron información de la oficina de la DEA sobre la inmediata presencia de Peñaranda para entablar negociaciones para la importación de unos 2000 kilos de cocaína a través de las costas de Galicia (noroeste de España).
Peñaranda se reunió con varias personas en España, viajó a Vigo (Galicia) y regresó a Colombia.
En enero de 2017, la DEA informó de un nuevo viaje de Peñaranda a España y de que también había logrado interceptar la droga, así que solicitó una «entrega controlada internacional» de la cocaína para poder identificar y detener a los destinatarios en España.
Entonces, un juzgado español autorizó el traslado de la droga hasta España «debidamente custodiada».
Al tener conocimiento de que la droga ya había llegado a España, los narcos iniciaron las gestiones para la recogida, transporte e inmediata distribución.
En ese momento, el juzgado autorizó la intervención de agentes encubiertos para que pudieran mostrar la droga a los destinatarios y que la sustituyeran después por una sustancia inocua en el momento de la entrega.
Los agentes, que se habían infiltrado en reuniones de los narcotraficantes, lo intervinieron el 27 de febrero, día acordado para la entrega, y detuvieron a los investigados.
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