Se espera que el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y otros testifiquen en un caso relacionado con la impugnación a los resultados de las elecciones generales del estado en 2020.
Un juez federal había ordenado una audiencia el lunes 28 de agosto con la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y Mark Meadows, quien fue acusado de acciones para impugnar los resultados de las elecciones y busca trasladar su caso del tribunal estatal al federal.
Meadows, exjefe de gabinete del presidente, había sido acusado junto con el expresidente Donald Trump y otros 17 acusados en virtud de la Ley estatal contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO). La Sra. Willis alega que sus acciones constituyen una «empresa criminal de extorsión», mientras que varios de los acusados sostienen que no habían hecho nada ilegal en declaraciones públicas.
El 15 de agosto, un día después de la acusación, el Sr. Meadows presentó una notificación de traslado del tribunal estatal, argumentando inmunidad bajo la cláusula de supremacía, ya que todas las acciones enumeradas en la acusación fueron tomadas como funcionario federal. Unos días después, presentó una moción para desestimar todos los cargos con varias defensas adicionales.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Steve Jones, del Distrito Norte de Georgia, designado por el presidente Barack Obama, supervisará la audiencia.
Raffensperger y Frances Watson, quien se desempeñó como investigador principal de la Secretaría de Estado de Georgia, fueron citados el 24 de agosto por la oficina de Willis para testificar en la audiencia. A principios de esta semana, los abogados Kurt Hilbert y Alex Kaufman también fueron citados a testificar en la audiencia.
Según una respuesta presentada por la fiscalía, la Sra. Willis planea argumentar que las acciones del Sr. Meadows no estaban relacionadas con su trabajo federal y que supuestamente violó la Ley Hatch y participó en actividades políticas.
Llamada telefónica a Raffensperger
La acusación de 98 páginas imputaba a los 19 acusados un total de 41 cargos. El Sr. Meadows fue acusado de un cargo de violación a la ley RICO y un cargo de «solicitud de violación al juramento por parte de un funcionario público».
Según la acusación, el Sr. Meadows, junto con el presidente Trump, «solicitaron, pidieron e importunaron ilegalmente» al Sr. Raffensperger para que supuestamente alterara o ajustara ilegalmente las declaraciones certificadas de los electores presidenciales, y se puede esperar que el secretario de Estado testifique sobre este asunto.
La llamada telefónica entre el presidente y Raffensperger estuvo en el centro del caso desde el principio.
En una llamada grabada de una hora, el presidente Trump alegó fraude electoral y pidió a Raffensperger que investigara. Su frase: «Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11,780 votos, uno más de los que tenemos porque ganamos el estado» se hizo ampliamente publicitada.
Los abogados del presidente Trump han vuelto a defender recientemente la llamada.
“El presidente Trump tenía todo el derecho de preguntarle al secretario de Estado: ‘Creo que esta elección se llevó a cabo de manera incorrecta. Hay deficiencias aquí. Quiero ver si hay más de 10.000 votos, o el número que sea, que se contaron ilegalmente’. Una vez más, ese es el discurso político central”, dijo el abogado John Lauro en el programa «Meet the Press» de NBC.
Raffensperger no respondió a una solicitud de comentarios.
Presuntos actos de extorsión
Además de la llamada telefónica, el Sr. Meadows está acusado de varios actos de extorsión enumerados en la acusación.
Incluyen programar reuniones entre el presidente Trump y hacer un viaje al Centro Cívico del Condado de Cobb en un intento de ver cómo se lleva a cabo la auditoría de coincidencia de firmas, lo que finalmente se le impidió hacer. También cita una llamada telefónica que el presidente le hizo a la Sra. Watson, que el Sr. Meadows organizó. Días después de la llamada, le envió un mensaje de texto a la Sra. Watson preguntándole si se podía acelerar la verificación de la firma y ofreciéndole ayuda financiera. Algunos informes de los medios han alegado que se trataba de un soborno, mientras que los portavoces del presidente han dicho que Meadows estaba preguntando si podrían ayudar a cubrir los costos de personal u otras necesidades.
La acusación enumera otras comunicaciones del Sr. Meadows, como un mensaje de texto al representante Scott Perry (R-Penn.).
«¿Puedes enviarme el número del portavoz y del líder de la Legislatura de Pensilvania? POTUS quiere charlar con ellos», dice el texto.
La acusación afirma: «Esto fue un acto abierto en apoyo de la conspiración».
Los abogados del Sr. Meadows argumentan que todas las acciones mencionadas en la acusación son actos de un funcionario federal y ninguna de ellas fue criminal.
«Nada de lo que se alega en la acusación que haya hecho el Sr. Meadows es criminal per se: Organizar reuniones en la Oficina Oval, contactar a funcionarios estatales en nombre del presidente, visitar un edificio del gobierno estatal y programar una llamada telefónica para el presidente», escribieron en la notificación de desestimación. «Uno esperaría que un jefe de Gabinete del presidente de Estados Unidos hiciera este tipo de cosas».
El Sr. Meadows había presentado anteriormente una moción de ayuda de emergencia, pidiendo a un juez que prohibiera su arresto en el condado de Fulton mientras estaba pendiente su notificación de traslado. El juez Jones denegó la moción el 23 de agosto, citando la próxima audiencia.
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