Dos ciudadanos chinos están tratando de responsabilizar a los funcionarios de Wuhan por su manejo del brote de virus del PCCh.
Yao Qing, una peticionaria de la ciudad gravemente afectada de Wuhan, presentó una demanda el 22 de octubre contra el gobierno de la ciudad, y dijo que algunas de sus normas sobre el virus habían violado sus derechos.
La ciudad entró en un confinamiento total el 23 de enero con poco aviso previo y bloqueó a todos los transportes que entraban y salían de Wuhan, provocando pánico mientras los residentes se apresuraban a almacenar suministros. El 10 de febrero, los funcionarios emitieron más restricciones que efectivamente confinaron a los residentes en sus casas.
Estas medidas violaron la libertad personal de los ciudadanos y nunca debieron haber ocurrido, dijo Yao en una entrevista el 22 de octubre.
Yao se convirtió en activista el año pasado luego de que un proyecto estatal de construcción de ferrocarril causó grietas y deformaciones en su casa. Posteriormente, Yao perdió su trabajo (el cual tenía un salario anual de 200,000 yuanes o unos USD 29,910) luego de lesionarse la mano en una riña con las autoridades del comité vecinal por el tema. Durante los meses de confinamiento, Yao tuvo dificultades para acceder al tratamiento médico necesario para sus lesiones.
Los policías, encargados de comprar y llevar los alimentos a los residentes, solo proporcionaron esos servicios dos veces en un período de dos meses. Ellos también negaron el pedido de Yao para medicamentos, acusándola de «hacer un gran escándalo por nada», dijo a The Epoch Times.
En junio, Yao sostuvo una pancarta roja frente al gobierno de la ciudad pidiendo una compensación por su casa. Un policía vestido de civil le dio una patada en el estómago y la abofeteó en la cara hasta que Yao perdió el conocimiento; otro policía la amenazó con arrestarla, dijo.
Otro peticionario es Zhang Hai, residente de Shenzhen, hijo de una víctima del COVID-19 quien murió en Wuhan. El 19 de octubre, Zhang envió por correo una solicitud al gobierno de la ciudad y al de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, pidiendo a las autoridades que hicieran públicos los datos de los funcionarios públicos responsables de ocultar la información sobre los casos del virus.
La solicitud marcó su quinto intento de pedir una rendición de cuentas a los funcionarios chinos por el brote desde junio. Los documentos anteriores no trajeron más que represalias de la policía china, dijo.
El padre de Zhang, un veterano quien había trabajado en el primer proyecto nuclear secreto de China, sufrió una fractura de hueso y fue hospitalizado en el Hospital General de Wuhan del Comando del Teatro de Operaciones para ser operado el 17 de enero. Aunque la cirugía había sido un éxito y el paciente parecía estar recuperándose, su padre exhibió síntomas de fiebre y fue diagnosticado con el virus el 30 de enero, cuando ya estaba en coma. Su padre murió dos días después. Para Zhang, la tardía respuesta de las autoridades sobre el virus y la falta de transparencia sobre los riesgos de infección contribuyeron directamente a la muerte de su padre.
«No puedo dejar que [mi padre] muera en vano así», dijo a The Epoch Times en junio, prometiendo que no será silenciado hasta que pueda obtener «una explicación» del gobierno, es decir, «una disculpa y una compensación». Zhang presentó una segunda demanda en agosto luego de que un tribunal inferior en Wuhan desestimará su caso legal original.
La policía visitó a Zhang y lo citó a la comisaría a mediados de octubre luego de que escribiera una carta pidiendo ayuda al líder chino Xi Jinping, e intentara entregársela a Xi durante una conferencia en Shenzhen a la que asistió el líder chino.
Zhang calificó al alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, como «asesino» por ocultar la información crucial sobre el virus y lo nombró como principal acusado en su demanda.
Zhou, en una entrevista con la prensa estatal días después de poner a la ciudad bajo confinamiento, admitió que el gobierno de la ciudad no reveló las noticias sobre el brote de manera oportuna, pero culpó a los funcionarios superiores y a los requisitos reglamentarios.
«Como gobierno local, solo puedo revelar la información después de recibir el permiso», dijo y ofreció renunciar a su cargo para apaciguar al público.
«Recibir el permiso, ¿qué significa eso? Significa que él sabía [sobre el brote]», dijo en una entrevista con Sound of Hope, un medio de comunicación chino con sede en Estados Unidos.
Zhang llamó a los funcionarios «despiadados».
«En ese momento, él definitivamente tomó medidas de precaución», añadió. «Pero, ¿los ciudadanos comunes merecían morir? La vida de las personas corrientes también es vida y también tienen dignidad».
Zhang dijo que la policía le advirtió que no aceptara ninguna entrevista de medios extranjeros.
Yang Zhanqing, un defensor de los derechos humanos con sede en Nueva York y miembro del “COVID-19 Compensation Legal Advisory Group” («Grupo de Asesoramiento Jurídico para la Compensación del COVID-19») que asesora a las víctimas del COVID-19 que buscan compensación por parte de las autoridades chinas, dijo que está seguro que su familia en China será acosada por la policía como resultado de su asistencia legal a Zhang.
Zhang le contó a Yang sobre los últimos momentos que vivió con su padre, una experiencia que Zhang dijo que «recordaría de por vida».
En la cama del hospital, el padre de Zhang abría su boca mientras intentaba respirar a través de una máscara de oxígeno. Zhang intentó sin éxito cerrar la mandíbula de su padre, cuando de repente le dijo sus últimas palabras: «Hijo, papá no quiere morir, por favor suplícale al doctor que me salve».
Con información de Hong Ning y Zhang Dun.
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