Los ciudadanos de Oregón decidirán sobre cinco medidas electorales, entre ellas la promulgación del primer programa estatal de Renta Básica Universal (RBU) y la adopción del voto por orden de preferencia en las elecciones federales y en la mayoría de las estatales.
Las encuestas realizadas por el Instituto Progresista del Noroeste (NPI, por sus siglas en inglés) permiten conocer la opinión de los votantes al respecto.
Esta organización sin ánimo de lucro colaboró con Public Policy Polling para encuestar a 716 posibles votantes los días 16 y 17 de octubre. Se contactó con los encuestados por teléfono y SMS. Los resultados tienen un margen de error del 3.7% y un intervalo de confianza del 95%.
Medida 118: Renta Básica Universal
La controvertida medida daría a cada residente —independientemente de su edad, ingresos o ciudadanía, incluidos los que están encarcelados— 1600 dólares cada año, siempre y cuando vivan al menos 200 días en el estado.
Una familia de cuatro miembros recibiría 6400 dólares anuales, sin condiciones. El dinero no estaría sujeto a impuestos y no afectaría a otras prestaciones.
Si los votantes la aprueban, la Medida Electoral 118 se financiaría con un impuesto del 3% sobre los ingresos brutos de las empresas que generen más de 25 millones de dólares en ventas anuales.
Sus defensores afirman que el UBI «obligará a las grandes empresas a pagar los impuestos que les corresponden y pondrá ese dinero directamente en el bolsillo de los ciudadanos».
Pero la propuesta, conocida como el Reembolso Popular de Oregón, está encontrando el rechazo de la comunidad empresarial, así como una fuerte resistencia bipartidista por parte de los funcionarios electos. La gobernadora demócrata Tina Kotek dijo que «abriría un enorme agujero» en el presupuesto del estado y pondría «en riesgo servicios esenciales para las familias trabajadoras y con salarios bajos».
Según la estimación del impacto financiero de la Oficina Legislativa de Ingresos, la medida crearía un déficit presupuestario sustancial, reduciendo el fondo general del estado en hasta 2000 millones de dólares al año en cinco años.
En un estado que se enfrenta a una grave escasez de viviendas, los impuestos de sociedades sobre la construcción se dispararían un 1064% si se aprueba la medida, según un análisis de la Tax Foundation. Los impuestos sobre los servicios públicos se dispararían un 1901%. Los impuestos sanitarios se multiplicarían más de ocho veces los niveles actuales, y el transporte se multiplicaría casi por cinco.
«La Medida 118 va camino de fracasar», según el NPI, con una «mayoría absoluta de encuestados que dicen que votarán no».
El NPI señaló que organizaciones de izquierda, como el Partido de las Familias Trabajadoras de Oregón, los Socialistas Demócratas de Eugene y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica, revocaron su apoyo tras realizar más análisis.
Medida 117: Voto por orden de preferencia
La Medida Electoral 117 exigiría a los condados de Oregón adoptar el voto por orden de preferencia (RCV) para las elecciones federales y las elecciones estatales de funcionarios de Oregón, excluidos los legisladores.
Se trata de la primera medida electoral de RCV de ámbito estatal remitida por una asamblea legislativa estatal. Si se promulga, Oregón sería el tercer estado del país en probar RCV, después de Maine en 2016 y Alaska en 2020.
Los residentes de Alaska, descontentos con el primer uso del método en 2022, votarán una medida para derogar el RCV el 5 de noviembre.
Como la mayoría de los estados, Oregón utiliza ahora el voto plural, en el que gana el candidato que obtiene más votos. Los candidatos no necesitan obtener la mayoría para ganar.
En las elecciones RCV, los votantes ordenan a los candidatos de mayor a menor preferencia. Si ningún candidato recibe más del 50% de los votos de primera opción en la primera vuelta, la tabulación de votos pasa a la segunda vuelta. El candidato con el menor número de votos de primera opción es eliminado, y sus votos se reasignan al candidato que fue la segunda opción en esas boletas. El proceso continúa hasta que un candidato alcanza la mayoría.
Sus defensores afirman que la RCV aumenta la participación de votantes y candidatos, modera el partidismo y reduce el desperdicio de votos. A los que se oponen les preocupa que el RCV sea costoso, complicado y difícil de entender para los votantes. En consecuencia, dicen que inhibe la participación de los votantes y conduce a errores en las boletas.
La medida cuenta con el apoyo de la represante demócrata de Oregón Val Hoyle, que defiende su escaño en el Distrito 4 del Congreso, y del representante estatal Dan Rayfield, candidato a fiscal general de Oregón, así como del Partido Demócrata de Oregón.
El NPI describió la decisión sobre la Medida 117 como «muy incierta», con un 41 por ciento de los participantes en la encuesta apoyando la medida, un 40 por ciento oponiéndose y un 20 por ciento indeciso.
«Cuando una medida cae por debajo del cincuenta por ciento en cualquier momento de la campaña, eso no es una buena señal para los proponentes», dijo NPI, porque las medidas a menudo pierden apoyo en el transcurso de una campaña, y los votantes indecisos podrían romper en contra de las medidas.
«Es posible que los votantes indecisos se decanten por el sí, y nuestro equipo lo ha visto ocurrir, solo que no es tan común», según el NPI.
Sondeo de otras medidas
Oregón es el único estado en el que los legisladores no pueden destituir a los titulares de cargos estatales. En la última década, dos cargos electos han abandonado el cargo en medio de un escándalo, pero solo como resultado de la presión pública.
Según la encuesta, parece probable que se apruebe la medida electoral 115, que enmendaría la Constitución de Oregón para otorgar poderes de destitución.
El 53% de los encuestados dijo que pensaba votar sí, el 24% dijo que pensaba votar no y el 22% se mostró indeciso.
La Medida 116, que crearía un comité que fijaría los salarios de los legisladores, los funcionarios electos a nivel estatal, los jueces y los fiscales de distrito, tiene más probabilidades de ser aprobada que de fracasar, con un 49% de los encuestados que indicaron que planean votar sí, un 26% que dijeron que planean votar no y un 25% indecisos, según la encuesta.
La Medida 119, que permitiría a los casi 7700 trabajadores de la marihuana del estado sindicarse, también parece probable que se apruebe, con un 49 por ciento de los encuestados que dicen que votarían que sí, un 29 por ciento que dicen que no y un 23 por ciento que no están seguros.
Los partidarios de esta medida afirman que protegerá a los trabajadores de problemas de seguridad como la exposición a sustancias químicas tóxicas y la falta de equipos de protección adecuados. Debido a que algunos empleados se les paga ahora en el producto en lugar de dinero, la medida también ayudaría a mantener el mercado negro de marihuana fuera de las calles mediante la aplicación de los salarios reales.
La Asociación de Contribuyentes de Oregón se opone a la medida, diciendo que probablemente causaría un aumento de los costes laborales y daría más poder a los traficantes de drogas ilegales.
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