Un grupo internacional de legisladores emitió una declaración para denunciar las atrocidades contra los derechos humanos del Partido Comunista Chino (PCCh) en la víspera del 22º año de la persecución a Falun Dafa en China, práctica espiritual también conocida como Falun Gong.
«Hace veintidós años, el Partido Comunista Chino comenzó una campaña de persecución contra los practicantes de Falun Gong», declaró el 19 de julio la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC). «Aprovechamos este solemne aniversario para recordar a todas las minorías étnicas y religiosas perseguidas por el gobierno chino, incluidos los budistas tibetanos, los cristianos y los uigures y otros grupos turcos predominantemente musulmanes».
El IPAC es una coalición de legisladores centrada en reformar los criterios que los países democráticos adoptan para hacer frente a la antiliberal y creciente influencia mundial del PCCh. La coalición se estableció en junio de 2020 y está formada por más de 100 políticos de 20 naciones.
Falun Dafa es una práctica de autocultivación que fue introducida por primera vez al público en China por su fundador, Li Hongzhi, en 1992. Incluye enseñanzas basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia, así como cinco ejercicios de meditación suaves. En la actualidad, millones de personas lo practican en más de 110 países.
En su declaración, el IPAC pide que se preste atención mundial a los cientos de miles de practicantes de Falun Dafa detenidos y acosados o torturados en China desde que el PCCh comenzó su brutal persecución el 20 de julio de 1999.
La persecución fue instigada por el exlíder del PCCh, Jiang Zemin, quien ordenó la prohibición y erradicación de Falun Dafa y también ordenó la creación de la Oficina «610», con la única función de perseguirlos y erradicarlos. La agencia, al margen de la ley, fue creada el 10 de junio de 1999 recibiendo la autoridad de hacer caso omiso de la policía y los tribunales en China.
Investigadores de Estados Unidos pidieron a los líderes que reconozcan la persecución del PCCh a Falun Dafa como un genocidio.
«El genocidio es la destrucción en parte de una comunidad religiosa, por ejemplo, con la intención de erradicarla, y no creo que haya ninguna duda de que lo que ha sucedido estas últimas décadas a Falun Gong cumple con ese criterio», dijo Nina Shea, miembro senior y directora del Centro para la Libertad Religiosa en el Instituto Hudson, en una manifestación en Washington el 16 de julio.
Muchos de los practicantes de Falun Dafa encarcelados son «sometidos a las más severas formas de tortura» para obligarlos a renunciar a su fe, declaró el IPAC.
«Son especialmente preocupantes los informes sobre la sustracción forzada de órganos de los practicantes de Falun Gong y de los presos de conciencia en China», añadió el grupo, señalando que el análisis de un tribunal popular independiente, conocido como el Tribunal de China, concluyó que los asesinatos de practicantes para obtener sus órganos vitales «se llevaron a cabo de forma generalizada, patrocinada por el Estado y en modo sistemático».
Si bien los practicantes de Falun Dafa constituían la «fuente principal» de los órganos, el tribunal señaló en su informe publicado en marzo de 2020, que otros grupos minoritarios, entre ellos los uigures, son también probables objetivos de estos horribles crímenes.
«Una vez más, hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que se levanten y hablen para poner fin a esta represión», declaró el IPAC. «Los Estados democráticos deben tomar medidas para detener el comercio y el uso de órganos sustraídos por la fuerza en todo el mundo. El gobierno chino debe rendir cuentas para defender los derechos humanos de todos los pueblos de China».
Según Minghui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que está realizando un seguimiento de la persecución de Falun Dafa en China, al momento se confirman 4641 muertes de practicantes debido a la persecución del PCCh en los últimos 22 años. El sitio web señala que se cree que el verdadero número de muertes es mucho mayor «pero debido a la estricta censura en China, muchos casos no se denuncian o requieren más investigación».
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