La Comisión Presidencial sobre la Corte Suprema del presidente Joe Biden celebró el miércoles su segunda reunión, en la que algunos expertos abogaron por limitar la duración del cargo de los jueces, limitar el poder del alto tribunal o añadir más asientos a la corte.
La reunión, que duró todo el día, se realizó por internet y los expertos se dividieron en cuatro paneles para debatir una amplia gama de propuestas de reforma.
«Insto encarecidamente a esta comisión a que considere una propuesta de reforma que muchos de nosotros hemos debatido y sobre la que hemos escrito, que es la limitación de los periodos de los jueces de la Corte Suprema», dijo Maya Sen, profesora de política pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Sen señaló que el tribunal es fundamentalmente una institución política, y que el proceso de nombramiento está siendo cada vez más aprovechado para obtener beneficios partidistas.
Sen argumentó que los límites a los periodos podrían eliminar muchos incentivos políticos y abordar la «naturaleza fundamentalmente antidemocrática del nombramiento con carácter vitalicio».
Ilan Wurman, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que «la propuesta de límites de periodo escalonados de dieciocho años, fijando la Corte en nueve jueces, me parece la más plausible de todas las reformas disponibles», incluso piensa que los límites de periodo son innecesarios.
Los límites escalonados de los periodos con nueve jueces significan que habrá una vacante cada dos años. Por tanto, cada presidente tendrá dos nombramientos por mandato.
Los expertos dedicaron poco tiempo a la idea de aumentar el número de jueces en el alto tribunal pero debatieron sobre las ideas para limitar el poder de revisión judicial del tribunal, como por ejemplo eliminar su jurisdicción para anular determinadas leyes.
Nikolas Bowie, profesor adjunto de Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, afirmó en la reunión que la Corte Suprema es una «institución antidemocrática».
«El principal problema es la ‘revisión judicial’ o el poder del tribunal para rechazar la aplicación de una ley federal, cuando una mayoría de los jueces no está de acuerdo con una mayoría del Congreso sobre la constitucionalidad de la ley», dijo Bowie, citando la invalidación por parte del tribunal de la Ley de Derecho al Voto de 1965 en una decisión de 5-4 en 2013.
«Democratizar la Corte Suprema será difícil, pero debemos hacerlo», concluyó Bowie.
Pero algunos expertos no están de acuerdo. Noah Feldman, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, dijo que las reformas sustanciales podrían ser «desastrosas».
«La cuestión es si, en las circunstancias actuales, el debilitamiento del tribunal mediante una reforma sustancial —y tengo en mente la ‘ampliación del tribunal’ y la mayoría de las formas de despojo de jurisdicción —mejoraría o socavaría la legitimidad institucional del tribunal, legitimidad que le permite cumplir estas funciones», dijo Feldman. «En mi opinión, ese tipo de empresas serían desastrosas para la capacidad de la Corte Suprema de desempeñar estas funciones que actualmente desempeña».
Biden creó la comisión presidencial mediante una orden ejecutiva en abril, materializando su propuesta planteada en octubre pasado en respuesta a la petición de algunos legisladores demócratas de ampliar el tribunal. Los republicanos criticaron su medida como «un ataque al poder judicial independiente de nuestra nación».
Veinte gobernadores republicanos enviaron el martes una carta a Biden, instándole a oponerse a cualquier ampliación del tribunal.
El senador Ted Cruz (R-Texas) y el representante Dusty Johnson (R-S.D.) enviaron una carta a la comisión en mayo, recordándoles que, según la Constitución, «el Congreso conserva la autoridad exclusiva para modificar o preservar la Corte Suprema».
En la carta, también señalaban que su resolución —S.J. Res. 9 y H.J.Rs. 11— que proponía una enmienda a la Constitución para exigir que el alto tribunal estuviera compuesto por nueve jueces, había ganado un creciente apoyo en el Congreso, con 18 senadores y 173 representantes firmando como copatrocinadores.
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