La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró hoy que militares mataron de forma arbitraria a dos personas durante un operativo contra presuntos ladrones de combustible ocurrido en 2017.
El «uso excesivo de la fuerza» atribuible a un elemento de la policía militar y a otro del Ejército «cuya identidad se desconoce» derivó en la «ejecución arbitraria» de dos personas, afirmó la CNDH en una recomendación remitida a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones.
El 3 de mayo de 2017, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en la localidad de Palmarito, estado de Puebla, que terminó con diez muertos, cuatro de ellos militares.
Además, 26 personas resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares) y 13 fueron detenidas, cuatro de ellas menores de edad.
Tras estos hechos, diversos medios locales reprodujeron un vídeo en el que, presuntamente, un militar disparaba a un civil ya sometido después del enfrentamiento.
Después de su investigación, la CNDH afirmó que cuenta con elementos suficientes para acreditar violaciones «graves» a los derechos humanos cometidos por integrantes de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
Entre ellas, «trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, y la detención arbitraria de dos infantes». Además, un cadáver fue manipulado y se colocaron armas largas «que se relacionaron con dos personas fallecidas».
Asimismo, el organismo acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo estado.
La CNDH pidió a la fiscalía tanto local como federal que «practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos» y que en su momento recabe «todos los elementos de prueba» necesarios para que los que sean acusados no puedan ser liberados por falta de elementos o violaciones al debido proceso.
En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que «este caso es un ejemplo más de que el Ejército mexicano viola los derechos humanos cuando sustituye a las policías».
Es tiempo de que las Fuerzas Armadas -que salieron a las calles para realizar tareas de seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)- «regresen a sus cuarteles», agregó.
«México debe crear inmediatamente un plan de retiro ordenado de las fuerzas armadas de todas las funciones de seguridad pública y dedicar sus esfuerzos a fortalecer a las policías», concluyó.
El Congreso aprobó a finales del pasado año la Ley de Seguridad Interior, que originó una gran polémica entre organizaciones y familiares de víctimas de la violencia que consideraban que la norma legitima la presencia de los militares en las calles.
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