La comisión del presidente Joe Biden sobre la Corte Suprema publicó el jueves varios borradores que muestran que los miembros están divididos sobre la cuestión de si se deben añadir más magistrados al máximo tribunal de la nación.
La comisión dedicó 30 páginas, con otras 16 en notas a pie de página, a explorar la cuestión. Se dedicaron más palabras a las posibles repercusiones que a los posibles beneficios.
Si bien algunos comisionados están de acuerdo, al menos en parte, con los críticos que quieren que el tribunal se amplíe, otros concluyen que «es probable que la ampliación de la Corte socave, en lugar de mejorar, la legitimidad de la Corte Suprema y su papel en el sistema constitucional, y hay razones significativas para ser escépticos de que la ampliación sirva a los valores democráticos», dijo la comisión.
Algunos demócratas han presionado para añadir asientos al tribunal de nueve jueces, enfurecidos por el hecho de que los republicanos del Senado se negaran a celebrar una votación en 2016 para el candidato del entonces presidente Barack Obama, Merrick Garland. También han acusado al tribunal, que actualmente tiene seis magistrados nombrados por los republicanos, de fallar incorrectamente en una serie de asuntos.
Los llamamientos «han sido alimentados por la preocupación de los demócratas de que un tribunal cada vez más conservador representa una amenaza para la concepción progresista de la Constitución en una serie de cuestiones, como las armas de fuego, los derechos reproductivos, los derechos LGTBQ, el derecho al voto, la atención sanitaria, el cambio climático y la acción afirmativa», dijeron los comisionados.
Los argumentos han generado críticas. Los partidarios del tamaño actual del tribunal señalan que el entonces senador Biden dijo en 1992 que el presidente de entonces, el presidente George H.W. Bush, no debía nombrar a un candidato porque era un año electoral. También dijo que el Senado no debía celebrar una votación si Bush nominaba a un magistrado.
Además, dicen, la composición del tribunal es el resultado de los presidentes y senadores republicanos que ganan las elecciones (y del momento en que se producen las vacantes), y los fallos reflejan la tendencia del Partido Republicano a tratar de interpretar la Constitución tal y como se fijó en el momento de su creación, frente a la tendencia de los demócratas a una «interpretación viva».
La decisión de los republicanos de no aceptar la nominación de Garland —y de aceptar la nominación de la magistrada Amy Coney Barrett por parte del entonces presidente Donald Trump en 2020, otro año electoral— estaba dentro de las normas del Congreso, reconoció la comisión.
El Congreso tiene legalmente el poder de ampliar o reducir los magistrados, coinciden ambas partes. Pero hay un desacuerdo generalizado sobre la ampliación del tribunal, como detalló la comisión.
«Los riesgos de la expansión del tribunal son considerables, incluyendo [el hecho de] que podría socavar el objetivo mismo de algunos de sus proponentes de restaurar la legitimidad del tribunal. Las encuestas recientes sugieren que la mayoría del público no apoya la expansión del tribunal. Y como incluso algunos partidarios de la ampliación del tribunal reconocieron durante las audiencias públicas de la comisión, la reforma —al menos si se hiciera a corto plazo y de golpe— sería percibida por muchos como una maniobra partidista», dijeron los miembros de la comisión.
Por otro lado, la ampliación podría «beneficiar a la reputación pública de la Corte Suprema» en parte porque permitiría a un presidente «seleccionar a personas que reflejen la rica diversidad de la nación, es decir, la amplia gama de características y antecedentes que pueden enriquecer el debate y la toma de decisiones: género, raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, antecedentes educativos y profesionales, y origen geográfico», dijeron.
«Las decisiones de una judicatura más diversa podrían estar más fundamentadas; por ejemplo, las deliberaciones de la corte en casos penales podrían ser mejoradas por la perspectiva de un magistrado con experiencia en defensa criminal», escribieron.
Aunque un número no especificado de comisionados se opone a la ampliación del tribunal, un número no especificado «cree que la nación ha llegado (o está al borde)» del fin de la democracia estadounidense, añadieron después.
Los comisionados parecían mostrarse más favorables a los argumentos a favor de establecer límites de mandato para los magistrados o de rotar a los jueces entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores.
Varios académicos han respaldado los límites a la permanencia en el cargo y una mirada a las obras publicadas sobre el tema «descubrió pocos trabajos que argumenten en contra de los límites a la permanencia en el cargo», dijo la comisión, añadiendo que Estados Unidos es la «única democracia constitucional importante en el mundo que no tiene ni una edad de jubilación ni un plazo fijo de años para sus magistrados del alto tribunal».
La comisión tiene previsto emitir un informe final el viernes.
Biden estableció el panel en abril. Su orden ejecutiva dice que debía presentar una historia del papel de la Corte Suprema, incluyendo un relato de «los comentarios y debates contemporáneos» sobre ese papel, y un análisis de los principales argumentos a favor y en contra de añadir puestos.
Entre los comisionados se encuentran Michelle Adams, profesora de derecho de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo; Bob Bauer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York; Andrew Manuel Crespo, profesor de derecho de la Universidad de Harvard; y Caroline Fredrickson, investigadora principal del Brennan Center for Justice.
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