Comisionada de DD. HH. de la ONU, conmocionada por condena de menores bajo la Ley de Seguridad Nacional

Por Nie Law y Shan Lam
16 de octubre de 2022 4:05 PM Actualizado: 16 de octubre de 2022 4:06 PM

Siete miembros del grupo “Returning Valiant”, de entre 16 y 26 años, fueron acusados ​​de “conspiración para incitar a la subversión del poder del Estado” en virtud de la ley de seguridad nacional (NSL) de Hong Kong por organizar stands callejeros y publicar en las redes sociales. Todos se habían declarado culpables anteriormente y es la primera vez que se condena a menores de 21 años en virtud de la NSL vigente.

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que estaba conmocionada por la sentencia de prisión.

El 8 de octubre, Kwok Wai-kin, juez designado para adjudicar casos de seguridad nacional, dictaminó que los cinco acusados ​​menores de 21 años serán detenidos en un centro correccional, mientras que las sentencias de los otros dos fueron aplazadas. Según el caso, los siete acusados ​​organizaron repetidamente stands callejeros, hablaron durante entrevistas y transmisiones en vivo, abogando por un “levantamiento armado” para derrocar al gobierno y proporcionando asistencia financiera a los manifestantes.

La Sra. Shamdasani dijo que, aunque la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU había recomendado claramente al gobierno de Hong Kong que revocara la NSL en julio de este año, la Comisionada de Derechos Humanos lamenta que la Ley NSL se continúe ejecutando en Hong Kong hasta la fecha. Ahora incluso apunta a los jóvenes, incluidos los menores. Le gustaría recordar al gobierno de Hong Kong que la administración de justicia y la aplicación de la ley en Hong Kong deben estar en consonancia con sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos.

Respuesta del gobierno de Hong Kong

El 13 de octubre, el gobierno de Hong Kong emitió una declaración en respuesta, expresando su fuerte descontento con los comentarios de Shamdasani. Resaltó que como el proceso legal del caso no ha concluido en su totalidad, considera improcedentes los comentarios de la otra parte sobre el caso en este momento.

Por el contrario, la declaración afirmaba además que la “Ley de Seguridad Nacional” estaba diseñada para permitir que los residentes de Hong Kong “recuperen” los derechos y libertades que perdieron durante el movimiento contra la extradición desde junio de 2019 hasta principios de 2020. Describió además que la “Ley de Seguridad Nacional” está “logrando sus objetivos previstos de forma rápida y pacífica, y al mismo tiempo restaurando eficazmente la estabilidad y la seguridad”.

Académico: El gobierno de Hong Kong no ha sabido «contar la buena historia de Hong Kong»

El Dr. Chung Kim-wah señaló que siempre que los medios de comunicación extranjeros critican a Hong Kong, los funcionarios del gobierno envían cartas para refutar los comentarios. Por ejemplo, siempre ha afirmado que la población de Hong Kong tiene garantizados todos los derechos en virtud de la Ley Básica, por lo que la Ley de Seguridad Nacional no violará los derechos humanos, y del mismo modo, todos los países del mundo también promulgan leyes de seguridad nacional para sí mismos. Todas estas respuestas del gobierno de Hong Kong no hacen más que reflejar su «mentalidad de guerrero lobo», destinada para que el Partido Comunista Chino (PCC) lo vea. Al mismo tiempo, al hacerlo, el gobierno piensa que si envía estas cartas o declaraciones despiadadas unas cuantas veces más, los demás se callarán por miedo a meterse en problemas.

Chung describió todas esas respuestas del gobierno como simplemente repetir la misma retórica una y otra vez, sin ninguna idea nueva. “Todo el mundo es muy consciente de que el gobierno de Hong Kong sigue violando los derechos humanos y privando a la libertad. Este hecho es claramente visible para todos, por lo que a nadie le importarán demasiado todas las refutaciones del gobierno”. Además, también cree que el gobierno nunca podrá “contar la buena historia de Hong Kong” porque el éxito de eso depende más de “hacerlo bien” que de “contarla bien”. La comunidad internacional es plenamente consciente de la realidad objetiva que sucede a diario en Hong Kong.

La Comisionada de Derechos Humanos de la ONU insta a derogar la NSL

El 27 de julio de este año (2022), la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe de revisión sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del gobierno de Hong Kong, criticando el arresto de ciudadanos, la disolución de sindicatos y sindicatos de estudiantes desde la implementación de la NSL en 2020. La Comisionada instó al gobierno de Hong Kong a derogar la Ley de Seguridad Nacional como resultado.

La Comisionada está profundamente preocupada porque el PCCh aprobó la Ley de Seguridad Nacional sin consultar con el pueblo de Hong Kong, y subraya que la propia ley está viciada. El concepto de “seguridad nacional” en su contexto también carece de una definición clara, y las leyes pertinentes se interpretan de forma demasiado amplia. En consecuencia, existe la posibilidad de que los casos se transfieran de Hong Kong a China continental, que no es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para la investigación, enjuiciamiento, juicio y ejecución de penas.

Como observación final, el Comisionado insta al gobierno de Hong Kong a derogar la Ley de Seguridad Nacional, abstenerse de cualquier acción que pueda restringir la libertad de asociación y garantizar que los miembros de la sociedad civil no sean procesados ​​​​por participar en las deliberaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El informe también criticó a la policía por su uso excesivo de la fuerza durante el movimiento contra la extradición de 2019, y por el hecho de que el gobierno de Hong Kong calificara todas esas manifestaciones de violentas. Instó al gobierno de Hong Kong a establecer un mecanismo de investigación de quejas policiales completamente independiente y pidió que se retiraran los procesos contra las reuniones ilegales, además de introducir modificaciones en la Ordenanza de Orden Público.


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