El presidente Joe Biden afirmó que el 11 de mayo su administración pondría fin a la emergencia de salud pública por COVID-19, de tres años de duración, pero los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pretenden declararla concluida a partir del 1 de febrero.
El recién constituido Comité de Normas de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, aprobó cuatro proyectos de ley relacionados con la pandemia durante cuatro horas de audiencias el 30 de enero, enviando las propuestas directamente al pleno de la Cámara, donde se debatirán sin revisión del comité.
En las deliberaciones sobre los cuatro proyectos de ley, los demócratas — en número de 9-4 en el panel— reiteraron el argumento de que desconectar abruptamente una serie de medidas de emergencia por COVID-19 causaría interrupciones masivas en toda una gama de servicios de salud, desde la telesalud hasta Medicaid y los programas proporcionados por la Administración de Veteranos.
«Esta decisión es muy, muy decepcionante», declaró el representante Jim McGovern (D-Mass.), miembro de la minoría que presidió el comité durante cuatro años hasta este mes, afirmando que los republicanos estaban apresurando los proyectos de ley a la Cámara «para un soundbite» en lugar de permitir que sean examinados en la revisión del comité.
«Es irresponsable precipitarse, hacer un comunicado de prensa y ya está», dijo McGovern, señalando que hay muchas otras cuestiones que los nuevos líderes del Partido Republicano podrían impulsar. «Todo el mundo tiene que respirar hondo. Lamento mucho no haber seguido ese proceso (del comité)».
Pero los republicanos insistieron en que no hay necesidad de que continúen las medidas de emergencia, ya que incluso el propio Biden admitió en septiembre que la pandemia de COVID-19 «terminó».
La congresista Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) declaró que «hace tiempo que es hora» de que la administración ponga fin a una emergencia «que ya no existe».
«Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo», declaró McMorris Rodgers, señalando que casi todos los estados, incluido Washington el 31 de octubre, habían levantado sus declaraciones de emergencia pandémica. «La mayoría de la gente reconoce que la pandemia terminó. Biden dijo en septiembre pasado que la pandemia había terminado y luego prorrogó la emergencia dos veces más».
No obstante, indicó la representante, el presidente ha prorrogado dos veces la emergencia como cobertura para aplicar políticas progresistas mediante órdenes ejecutivas, como una moratoria de los desahucios y la reducción de los préstamos a estudiantes.
Tras señalar que Biden anunció previamente que su administración pondría fin a la declaración de emergencia el 11 de mayo, McMorris Rodgers afirmó: «Yo pienso que es importante hacer cumplir el compromiso del presidente. Creo que nosotros cumplimos el compromiso del presidente» adoptando la medida.
El representante Thomas Massey (R-Ky.) señaló que era importante adoptar los proyectos de ley. «La administración podría cambiar de opinión» en cualquier momento sobre el fin de la declaración de emergencia.
Massey dijo que no quería parecer «un conspiracionista de la coincidencia», pero el anuncio anterior de Biden le indicó que «la administración está en plena retirada».
«Creo que la administración no habría hecho esto esta noche» si el comité no estuviera preparado para presentar los proyectos de ley en el pleno de la Cámara-
El representante McGovern indicó que los proyectos de ley serán un buen show en el pleno de la Cámara, pero que «no irán a ninguna parte en el Senado», donde los demócratas son mayoría.
«No hay motivos para confiar en el régimen de Biden»
Los cuatro proyectos de ley son medidas que ponen fin a la declaración de emergencia nacional instituida por primera vez por el expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia y desde entonces extendida 12 veces. La Ley Pandemic Is Over y la Ley SHOW UP, ponen fin a las medidas de emergencia pandémica que permitieron que hasta el 47 % de los empleados federales trabajaran a distancia. También está la Ley Freedom for Health Care Workers.
El representante Paul Gosar (R-Ariz.), que presentó la legislación para poner fin a la declaración de emergencia nacional, dijo que la Cámara votará su medida el miércoles 1 de febrero.
«No hay razón para esperar. No hay razón para confiar en el régimen de Biden», tuiteó Gosar.
Además el comité debatió durante más de 90 minutos sobre la Ley de Libertad para los Trabajadores de la Salud, presentada por el representante Jeff Duncan (R-S.C.) con 67 copatrocinadores republicanos, que establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (DHS) ya no puede «implementar, hacer cumplir, o de otra manera dar efecto a» una regla que requiere la vacunación contra COVID-19 para los proveedores y abastecedores que participan en programas administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
El proyecto de ley también prohíbe al DHS y a los CMS imponer «cualquier norma sustancialmente similar» en el futuro.
Los CMS, que impusieron la norma en noviembre de 2021, exigían a los profesionales sanitarios que prestaran servicios de Medicare y Medicaid que reciban la dosis inicial de la vacuna COVID-19 antes del 6 de diciembre de 2021, y la segunda dosis antes del 4 de enero de 2022, o perderían su trabajo o sus contratos con el gobierno federal.
Los republicanos dijeron que la orden de vacunación no solo es una violación de los derechos individuales, sino que es obsoleta, ya que exige que los trabajadores sanitarios reciban las dos rondas iniciales de vacunas que ya no existen.
«Tampoco existe ningún requisito de dosis de refuerzos», señaló Massey.
La orden de vacunación agravó la escasez de personal sanitario en el país y expulsó del campo a muchos médicos y enfermeras comprometidos, advirtieron los republicanos.
Citando la estadística de que el 85 % de los enfermeros del país son mujeres, Massey dijo que el mandato equivale a «una guerra contra las mujeres».
Como único representante de Nueva York en el panel, el representante Nick Langworthy (R-N.Y.) indicó que la «legislación me toca de cerca» porque su estado fue el «epicentro del comienzo» de la pandemia y se convirtió, «también, desafortunadamente, en la zona cero de políticas draconianas, tan draconianas que 34,000 trabajadores sanitarios se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo».
«Estuve en dos manifestaciones con enfermeras que, dos meses antes, habían sido celebradas como heroínas», dijo Langworthy. «Ellas iban a trabajar mientras nosotros nos quedábamos en casa para mantenernos a salvo y, después, se les desechó como si fueran basura si se negaban a vacunarse. Las órdenes de vacunación son imperdonables. Deben suprimirse».
«Esto no es más acerca de transmisión (del virus). Es una declaración política».
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